Migrantes europeos: ¿sobrecargan el sistema social?

Keystone

La libre circulación ha traído a Suiza no solo mano de obra extranjera, sino también un creciente número de desempleados que viven a costa del Estado, afirma la derecha conservadora. Según las autoridades, la inmigración también tiene efectos positivos para el Estado social.

“La libre circulación de personas está pensada para que los ciudadanos europeos puedan venir a trabajar a Suiza. Hoy, sin embargo, crece el número de personas que, empujadas por la crisis, llegan sin contrato o se quedan en el país tras perder su empleo. Y viven a expensas del Estado social”, sostiene el diputado de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora), Guy Parmelin.

El denominado turismo de prestaciones sociales es uno de los temas delicados en la campaña a favor de la iniciativa Contra la inmigración masiva, que lanzó la UDC y que los suizos votan el 9 de febrero. Un tema que, aunque diferente en el tono, centra también el debate político en Gran Bretaña y Alemania.

‘Turismo de prestaciones sociales’

Las estadísticas revelan que desde la entrada en vigor de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea (UE) en 2002, Suiza ha acogido a 700.000 extranjeros más en su territorio, de los cuales cerca del 60% son europeos. No solo ha aumentado la mano de obra extranjera, sino también el número de ciudadanos comunitarios sin empleo que dependen de las prestaciones de la asistencia social.

El desempleo en cifras

En 2013, Suiza registró un desempleo medio del 3,2%, frente al 2,9% el año precedente.

Suizos: 2,2% (+0,1)

Extranjeros: 6,0% (+0,5)

Entre los ciudadanos originarios de uno de los países miembros de la Unión Europea, el índice de desempleo era del 5,2% en promedio, un 0,7% más.

Portugueses: 7,5% (+0,9)

Franceses: 6,1% (+0,6)

Españoles: 5,8% (+1,2)

Italianos: 4,7% (+0,4)

Alemanes: 3,6% (+0,4)

(Fuente: Secretaría de Estado de Economía)

¿Se puede deducir de ello que también se han incrementado los abusos? Quienes conocen bien el mercado laboral afirman que este término está fuera de lugar. “No hemos observado un turismo de prestaciones sociales. La mayoría de los trabajadores comunitarios llegan a Suiza con un contrato laboral en la mano”, afirma Marcel Suter, presidente de la Asociación de Servicios Cantonales de Migración (ASM).

En ello coincide Michel Cornut, director del Servicio Social de Lausana, una de las ciudades suizas más afectadas por la migración y la pobreza. “Los casos de abusos manifiestos -personas que, por ejemplo, se organizan para traer a toda su familia y luego viven de la asistencia social- existen, pero son marginales. Sin embargo, es evidente que el aumento de la mano de obra extranjera conlleva que algunos se vean en dificultades, porque suelen desempeñar empleos más precarios. Y entonces solicitan ayuda”.

¿Quién tiene derecho?

No hace falta ser muy astuto para aprovecharse del Estado social. Los acuerdos bilaterales con la UE son inequívocos en este sentido. Un italiano que llega a Suiza con un contrato indefinido tiene derecho a recibir un permiso de estancia de cinco años que es renovable. Si pierde el trabajo, puede cobrar la indemnización de desempleo (después de demostrar que ha trabajado al menos 12 meses en los últimos dos años) y en caso de necesidad recibir una prestación de la asistencia social.

La asistencia social en cifras

En 2012, 250.333 personas en Suiza percibieron prestaciones de la asistencia social, o sea el 3,1% de la población.

Los ciudadanos de nacionalidad extranjera están más expuestos al riesgo de precariedad, porque frecuentemente tienen un nivel de formación más bajo, familias más numerosas y un trabajo más precario.

Según la Oficina Federal de Estadística, en 2012, la tasa de asistencia social entre la población extranjera era del 6,3% frente al 2,6% de la población suiza.

Entre los ciudadanos de la Unión Europea, en cambio, la proporción era análoga a la media nacional: 3,1%.

(Fuente: Cifras oficiales de la asistencia social 2012 – Oficina Federal de Estadística)

Según Guy Parmelin, los extranjeros que dejan de cotizar deberían regresar enseguida a su país, en lugar de volverse “una carga para el Estado social. Pero a menudo no les interesa hacerlo”.

En 2012, algo más de 35.000 ciudadanos de la UE percibían una renta de la asistencia social, o sea, el 3,1%. No obstante, la indigencia no es una razón para revocar un permiso de estancia, explica Marcel Suter, aunque sí puede comprometer la renovación del mismo.

La situación es distinta para quienes cruzan la frontera suiza en busca de trabajo. En este caso, se les concede un permiso hasta un máximo de seis meses y la ley no prevé el derecho a la asistencia social, como es norma en la UE. Aun así, algunos municipios contemplan una forma de ayuda a las personas más desfavorecidas. Una práctica muy polémica que, a pocas semanas de la votación, el Gobierno suizo dice querer combatir con la introducción de una ley ad hoc.

Contratos ficticios

A ello se suma el denominado principio de totalización: En teoría, un ciudadano francés o alemán que haya trabajado un solo día en Suiza puede solicitar la prestación por desempleo, siempre y cuando haya cotizado durante al menos un año en uno de los países miembros de la UE, explica la Secretaría de Estado de Economía (Seco).

“Estos casos corren a cargo del Estado, por lo que el balance para los seguros sociales es claramente negativo”, impugna el diputado de la UDC, Guy Parmelin. A su juicio, las sospechas de contratos ficticios son legítimas.

Las cifras de Seco, sin embargo, revelan que en 2013 únicamente 1.800 personas se acogieron a esta posibilidad, es decir, el 2,5% de los 73.318 nuevos inmigrantes. Los casos aumentan, pero muy poco. Además, la Confederación ha multiplicado los controles y la colaboración entre las diferentes oficinas para destapar eventuales contratos ficticios y abusos a la seguridad social.

Repercusión sobre los seguros sociales

Seco asegura que el aumento del paro se mantiene dentro de la norma y el impacto global de la inmigración sobre la seguridad social es positivo. “La inmigración europea ha permitido frenar el envejecimiento de la población y, por consiguiente, suavizar el problema de la financiación de la seguridad social”, escribe la portavoz Isabel Herkommer. De no ser por el flujo migratorio, el primer pilar del sistema de jubilación suizo, el denominado AVS, sería deficitario desde 1992.

¿Los migrantes financian las pensiones?

De acuerdo con un informe de la Oficina Federal de Seguros Sociales, de 2001 a 2010 la aportación de los ciudadanos comunitarios al AVS, el primer pilar del sistema de jubilación suizo, pasó el 18,5 al 22%. La de los suizos, en cambio, disminuyó del 75,2 al 72,5%.

En 2012, los ciudadanos europeos se beneficiaron únicamente del 15% de las prestaciones del primer pilar.

Hoy, sin embargo, las autoridades federales consideran “imposible emitir un pronóstico fiable y preciso” sobre cómo repercutirá la inmigración en los costes futuros de las rentas.

(Fuente: Oficina Federal de Seguros Sociales)

En lo que respeta al seguro de desempleo, prosigue Seco, se percibe un “sustancial equilibrio” entre las cotizaciones y las prestaciones.

¿No hay motivo entonces para preocuparse? No exactamente, responde Michel Cornut, del Servicio Social de Lausana. “Cualquier incremento del número de beneficiarios de la asistencia social, ya sean suizos o extranjeros, deber ser considerado como preocupante. Según el Gobierno, la libre circulación de personas ha traído consigo más ventajas que inconvenientes. Pero existen también efectos colaterales que no podemos negar, como el aumento neto de la pobreza”.

Guy Parmelin, escéptico, sostiene que estas cifras no reflejan la realidad y no tienen en cuenta el escenario de una posible recesión económica en Suiza. “Estamos frente a una bomba de relojería. Dentro de 30 o 40 años, los inmigrantes europeos que hoy contribuyen a financiar nuestras pensiones tendrán derecho a una renta. ¿Quién la pagará? La migración, en realidad, no hace sino retardar las medidas necesarias para hacer frente al envejecimiento de la población”.

Por ahora, Suiza parece ser el país que más se ha beneficiado de la libre circulación de personas. Es la conclusión de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que cita el dominical NZZ am Sonntag. Si se comparan los costes en trámites burocráticos, infraestructura y servicios sociales que generan los inmigrantes con las sumas que aportan en forma de impuestos y otros pagos, el saldo es favorable para Suiza: asciende a 6.500 millones de francos, señala uno de los autores. Todo parece indicar que la batalla de las cifras aún no ha terminado.

Traducción del italiano: Belén Couceiro