“No hay crisis migratoria, hay una crisis de gestión”

Hasni Abidi explica por qué “estamos viviendo uno de los periodos más difíciles para las personas migrantes”. © Olivier Vogelsang

Entre las prioridades de la Unión Europea (UE) y de Suiza vuelve a estar la externalización de las fronteras. Hasni Abidi —experto en Oriente Medio y Norte de África— en una entrevista con SWI swissinfo.ch analiza qué implicaciones tiene el último memorando de acuerdo entre la UE y Túnez y cómo este se ha hecho eco de uno similar que Suiza y Túnez firmaron una década atrás.  

La firma de un memorando de acuerdo Enlace externoentre la Unión Europea y Túnez en julio ha reavivado el debate público y político sobre las implicaciones de las políticas de la UE en la región norteafricana. Implicaciones que sobre todo se refieren a la externalización de las fronteras y la gestión de los flujos migratorios.

El memorando se centra —sobre el papel— en fortalecer las relaciones bilaterales mediante la ayuda económica y planes de acción de colaboración en ámbitos como la migración. 

Aunque también plantea dilemas éticos: la UE se ha asociado con un Gobierno tunecino conocido por sus prácticas autoritarias y sus abusos de los derechos humanos. Es más, el memorando de acuerdo sigue siendo impreciso sobre los detalles concretos relativos a cómo va a apoyar económicamente la UE a Túnez para reducir los flujos migratorios.  

El presidente tunecino, a principios de octubre, rechazó una primera transferencia de ayuda de la UE por valor de 60 millones de euros (58 millones de francos), que calificó como “limosna”. Está previsto otro desembolso de 67 millones de euros. 

El memorando se hace eco de un acuerdo previo sobre migraciónEnlace externo, que el Gobierno suizo y Túnez firmaron en junio de 2012. Un acuerdo que se suscribió con otro Gobierno tunecino y en un contexto geopolítico diferente. 

Ambos convenios, no obstante, comparten paralelismos que plantean la cuestión de cómo transitan los países europeos el delicado equilibrio entre el control de la migración y los derechos humanos, especialmente cuando se asocian con terceros países con gobiernos autoritarios.

Para entender cómo repercuten en las políticas migratorias de Suiza, la UE y el Norte de África estos acuerdos, SWI swissinfo.ch ha hablado con Hasni Abidi, politólogo especializado en la región de Oriente Medio y el Norte de África de la Universidad de Ginebra.

SWI swissinfo.ch: Con una veintena de acuerdos de readmisión en su haberEnlace externo,Enlace externo ¿no está utilizando Suiza estos acuerdos para externalizar la inmigración?   

Hasni Abidi: Efectivamente, esta es una de las razones del gran número de acuerdos, y Suiza sigue buscando otros países de África con los que firmar tratados similares. No debemos olvidar que algunos partidos repetidamente critican al Consejo Federal —la Unión Democrática del Centro [de derechas] sobre todo— por la incapacidad de Suiza para hacer cumplir la readmisión de personas que solicitan asilo y han sido rechazadas o las personas migrantes en situación irregular que están implicadas en casos de seguridad pública. Esto se ha convertido para Suiza en una cuestión interna esencial.     

La segunda razón es que el Gobierno suizo está convencido de que las fronteras no deben detenerse en sus fronteras naturales porque sabe que llegar a Italia es, a la larga, llegar a Suiza, y lo mismo puede decirse de España. A través de estos acuerdos, Suiza quiere influir en los países de tránsito o incluso en los países de origen. 

¿Este tipo de externalización de fronteras es una política migratoria justa?   

Es injusta porque, en última instancia, es muy difícil decidir sobre las solicitudes de asilo fuera de las fronteras. ¿Quién va a tomar esta decisión? En este caso, se trata de una gestión por delegación. Por un lado, cuando quienes solicitan asilo no pueden presentar sus expedientes ni en las embajadas en el extranjero ni dentro de Suiza a su llegada, es inevitable que, legal y humanamente, algunas personas que solicitan asilo por razones humanitarias y políticas sean tratadas como otras personas migrantes. Por otro lado, Suiza sabe que la gestión de estas personas migrantes por otras partes —sea la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o centros de personas migrantes en los países de tránsito— reduciría la carga en sus fronteras.  

Las elecciones federales suizas se celebran el 22 de octubre. ¿Cree que la inmigración es un tema destacado entre las prioridades de los partidos políticos?

El tema de la inmigración no ha sido, durante décadas, uno de los principales en los debates electorales suizos. Hoy está ganando terreno en los medios de comunicación y en los programas de los partidos. El discurso varía, pero ahora todos los partidos le conceden importancia al tema.

El más beneficiado ha sido la Unión Democrática del Centro, que desde el principio jugó esta carta. Creo, sin embargo, que las consecuencias de la Primavera Árabe de 2011, las crisis sociales y económicas y la creciente ola de inmigración a Suiza, además de las más de 65.000 personas refugiadas de Ucrania que ha aceptado el país, han creado entre algunos partidos políticos la sensación de que la inmigración se ha convertido en una tremenda carga económica y social en el país.   

Readmisión, devolución, retorno voluntario: ¿dónde trazamos la línea entre la coacción y la elección de poder migrar?

Existe, en efecto, una gran confusión y ambigüedad en la terminología. Creo que esta confusión es deliberada para dar espacio a los gobiernos y a los ministros del Interior para que interpreten las cuestiones relacionadas con la inmigración según sus intereses. Siempre digo que no hay una crisis migratoria, sino una crisis de gestión. Es decir, hay una aceleración del ritmo de los desplazamientos internos y externos, de la búsqueda de asilo, de la inmigración, etc. y los gobiernos no han conseguido adaptarse. Tampoco lo han hecho nuestras herramientas jurídicas. Hay, por supuesto, líneas rojas, como la cuestión del retorno forzoso, que es ilegal, pero sigue ocurriendo. 

Definiciones

readmisión:  

Acto por el que un Estado acepta el reingreso de una persona (ya sea nacional del país o de otro Estado –—por lo general, una persona que ha transitado previamente por el país, o que reside en él de manera permanente— o una persona apátrida).

devolución (expulsión): 

También denominada “deportación” o, en algunas ocasiones, “expulsión”. Consiste en el acto por el cual, en virtud de una orden de deportación, expulsión o devolución, un Estado obliga a una persona extranjera a salir de su territorio y lo devuelve a su país de origen o a un país tercero tras la denegación de entrada o la expiración de su permiso de permanencia en el país.

devolución (no admisión):

Negativa a dejar entrar a una persona en un Estado cuando esta no cumple las condiciones de entrada previstas en la legislación nacional de dicho Estado.

El término “devolución” también se utiliza comúnmente como fórmula abreviada para referirse a cualquier rechazo o no admisión que constituya una violación del principio de no devolución.

no devolución (principio de):

Principio que entraña la obligación para los Estados de no extraditar, deportar, expulsar o devolver a una persona a un país en el que su vida o su libertad estarían amenazadas, o cuando existan razones fundadas para creer que dicha persona correría el riesgo de verse sometida a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; de ser objeto de desaparición forzada, o de sufrir otros daños irreparables.

retorno voluntario asistido y reintegración:  

Apoyo administrativo, logístico y financiero —que incluye la asistencia para la reintegración— facilitado a las personas migrantes que no pueden o no desean permanecer en el país de acogida o de tránsito y deciden regresar a su país de origen.                     

Fuente: Glosario de la OIM sobre migraciónEnlace externo

¿Los planes de readmisión no tienen un impacto limitado, ya que a menudo solo conducen a aumentos temporales de las tasas de retorno de terceros países?  

Desgraciadamente, las políticas públicas de muchos países occidentales, incluida Suiza, están dictadas por prioridades electorales, mediáticas y partidistas. No tienen una visión política ni una estrategia a medio o largo plazo. Al fin y al cabo, los gobiernos quieren dar una respuesta inmediata y práctica. Suiza precedió a la Unión Europea en firmar un acuerdo de readmisión con Túnez. Creo que la Unión Europea antes de firmar uno similar con Turquía, Libia y, más recientemente, con Túnez, leyó bien ese acuerdo.   

En el contexto del acuerdo entre Suiza y Túnez, aparte de la readmisión, ¿qué otros paralelismos identifica entre el acuerdo tunecino-suizo y el memorando tunecino-europeo?   

Hay puntos de convergencia, efectivamente, entre los que destaca la cuestión de “dar y recibir”. Hay una petición de los gobiernos europeos y de Suiza para que Túnez, Turquía y Libia reciban ayuda financiera a cambio de no aceptar en su suelo a estas personas migrantes. En definitiva, los acuerdos alivian la presión sobre Europa, que se niega a soportar sola la carga económica, social y humanitaria de la migración. 

Según la Resolución 1741 del Consejo de Europa (del año 2010), los Estados firmantes de estos acuerdos deben tener un sistema de asilo sólido y garantizar los derechos humanos. ¿Cumplía Túnez en 2012 estos criterios?  ¿Los cumple hoy?

En aquel momento (2012), Túnez decía que no era el momento adecuado para promulgar leyes de inmigración. Han pasado más de diez años y la situación sigue siendo la misma; ni siquiera tenemos estadísticas precisas de cuántas personas inmigrantes hay en situación ilegal en el país.   

Esto significa que, en Túnez, muchas personas inmigrantes están trabajando de manera informal en obras de construcción o trabajos domésticos; necesitan documentos de residencia regulares y permisos de trabajo. Legalizar la presencia de estas personas sería una medida de seguridad positiva para los países de tránsito y les beneficiaría. 

“Detrás de cada persona que migra hay una historia y una vida…”. Hasni Abidi. © Olivier Vogelsang

El discurso dominante presenta a las personas migrantes como víctimas. ¿Deberíamos hacer hincapié en las responsabilidades de Europa abordando las causas profundas y proponiendo soluciones sostenibles?    

No hay un único discurso o narrativa. Los gobiernos, los países de tránsito y las propias personas migrantes tienen sus propios discursos. De hecho, detrás de cada persona que migra hay una historia y una vida…

¿Pero estas voces se escuchan?  

No, por desgracia, porque al final, cuando no se respetan los derechos de estas personas, su propia existencia se convierte en inexistente (en términos narrativos). Cuando alguien no tiene pasaporte o destruye su documento de identidad intencionadamente, no es fácil tener una narrativa objetiva. Pero las personas inmigrantes forman parte de la sociedad; algunas se comportan bien, otras no. De hecho, son víctimas de una situación de la que no son responsables, de una situación que les ha obligado a abandonar a sus familias, sus pueblos y ciudades. Pero es injusto meter en el mismo saco a todas las personas migrantes, como si fueran homogéneas. Cada una de esas personas tiene una historia, un sueño y un proyecto. La ausencia de leyes nos deja un enorme vacío a la hora de clasificarlas y asegurarles una nueva vida.   

¿Cuál es su visión de una política migratoria justa y sostenible entre Europa y el Norte de África? ¿Es posible una política así?

Estamos viviendo uno de los periodos más difíciles para las personas migrantes. Incluso países con políticas más “generosas” y comprensivas, como los países escandinavos, han empezado a reconsiderar sus políticas de inmigración. No veo ningún rayo de esperanza en cuanto al futuro de la inmigración o el estatuto jurídico de las personas migrantes. El enfoque sigue siendo el mismo: solo la seguridad. 

*Entrevista realizada por teléfono en septiembre de 2023.

Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo