La responsabilidad de las empresas, en juego
Tras años de debate, la votación popular sobre la iniciativa ‘A favor de empresas responsables’ es un hecho. El Parlamento suizo, opuesto a la iniciativa, adoptó una contrapropuesta que evita nuevas reglas sobre la responsabilidad de las multinacionales. La campaña se antoja intensa y su resultado, incierto.
¿Cómo lograr que las empresas multinacionales garanticen que sus subsidiarias en otros países respeten los derechos humanos y el medioambiente? Esta pregunta es objeto de discusión desde hace mucho tiempo a escala internacional.
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Lucha la ONU por multinacionales responsables
En Suiza, el debate ha sido particularmente largo y complejo tras el lanzamiento de la iniciativa popularEnlace externo ‘Empresas responsables: para proteger a los seres humanos y al medioambiente’ lanzada en 2015 por una coalición de asociaciones, oenegés y sindicatos. Su contenido se basa en dos temas centrales: la obligación de medidas de «debida diligencia» por parte de las multinacionales en el marco de los derechos humanos y del medioambiente, y la definición de responsabilidades en el caso de violar alguna de estas obligaciones.
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Negocios globales = responsabilidades globales
El Gobierno, opuesto a la iniciativa, propuso al Parlamento someterla directamente a votación popular, sin una contrapropuesta.
Consciente de que la población es sensible a estos temas, el Consejo Nacional (cámara baja) optó por elaborar una contrapropuesta indirecta que retoma las grandes líneas de la iniciativa, pero limita su alcance. Con esta propuesta, el Consejo Nacional esperaba que los promotores del texto original lo retiraran.
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Vía parlamentaria a empresas responsables
El Consejo Nacional jamás contó con que el Consejo de los Estados (cámara alta) se opondría tenazmente a su contraproyecto. Así que, luego de un largo intercambio entre las dos cámaras, los senadores optaron por una nueva contrapropuesta presentada por el Gobierno, una acción más bien inhabitual en el curso de un debate.
Finalmente, el Consejo de los Estados se impuso. Una conferencia de conciliación se decantó por la posición defendida por los senadores. Y el Consejo Nacional se alineó.
Con la modificación adoptada por las dos cámaras, que entraría en vigor si la iniciativa fuera rechazada en las urnas, las empresas multinacionales deberán rendir cuentas en temas como los derechos humanos, el medio ambiente y la corrupción. También tendrán obligaciones de debida diligencia, en particular en la extracción de materias primas en zonas de conflicto y de trabajo infantil.
Pero esa propuesta no incluye nuevas reglas sobre responsabilidad de las empresas, que ha sido el tema más controvertido del debate desde el primer día. Las empresas temen que ampliar sus responsabilidades a las actividades que realizan sus subsidiarias, e incluso sus proveedores, puede revertirse contra ellos a través de una avalancha de demandas. En cambio, los promotores de la iniciativa original creen que la propuesta del Parlamento es insuficiente e ineficaz.
De acuerdo con la normativa europea
En la etapa final del debate parlamentario, el Gobierno confirmó, a través de la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, que la propuesta adoptada por el Parlamento respeta las directivas vigentes en la Unión Europea. Claramente, poner en marcha una regulación más estricta que la que existe en otros países restaría ventajas competitivas a Suiza como sede de grandes empresas multinacionales. Para el Gobierno y la mayoría parlamentaria, también está en juego la preservación de millares de empleos.
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Suiza y las multinacionales: una historia de amor
Este tema no es ajeno a la Unión Europea en donde distintos países ya debaten un posible endurecimiento de las reglas relacionadas con la responsabilidad social de las empresas. Es un tema que no abandonará la agenda política internacional en el corto plazo. La carrera por las materias primas, frenada temporalmente por la pandemia, continuará causando conflictos sociales y daños medioambientales en los años por venir.
Así que no es descartable que dentro de algún tiempo Suiza se encuentre tratando de alcanzar a otros países. Apenas en 2015, el Parlamento rechazaba una moción que solicitaba elaborar una ley sobre la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y asuntos medioambientales. Hoy, las dos cámaras reconocen que debe hacerse algo, aunque pidan hacerlo con prudencia.
El espectro de los salarios abusivos
El éxito rotundo que tuvo la iniciativa sobre los salarios abusivos en 2013 parece cobijar el futuro de la votación consagrada a la responsabilidad de las empresas. En aquel momento, el Parlamento también había adoptado un contraproyecto después de largos debates; pero eso no fue suficiente para cortar las alas de los partidarios de la iniciativa.
La iniciativa para tener empresas más responsables parece tener un amplio apoyo popular en este momento. Una encuesta realizada en mayo, financiada por sus promotores, concluyó que cuenta con un 78% de apoyo. Otros sondeos proporcionan resultados menos impresionantes, pero que confirman que esta propuesta tiene el apoyo del electorado de izquierda. Y es que en el corazón del debate hay un tema ético ante el cual tampoco es indiferente la derecha.
El interminable proceso parlamentario también le ha conferido una gran visibilidad al tema. Solo amenazan el efecto que podrían tener la pandemia del coronavirus y sus estragos. La iniciativa podría ser votada en noviembre y para entonces la crisis económica y el desempleo seguramente estarán también en el centro del debate político suizo.
Por otro lado, la fuerte demanda de cambio social expresada el año pasado por las huelgas climática y de mujeres no parece haberse adormecido del todo durante la pandemia, como lo demuestran las manifestaciones antirracistas recientes, así que el juego está en curso y el nombre de su ganador aún es una incógnita.
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