¿Será Puerto Rico un nuevo estado de EE.UU.?
En noviembre de 2023 la población de Puerto Rico votará si quiere ser el 51 estado de Estados Unidos o prefiere la independencia total. Por primera vez en la historia, Washington ha dado luz verde a una posible votación vinculante.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos saliente, en una de sus últimas sesiones de 2022, aprobó un proyecto de ley que ofrece al pueblo puertorriqueño un referéndum vinculante que se celebrará en noviembre de este año. La votación dará al electorado la posibilidad de elegir entre la condición de estado (pertenecer a EE.UU. con pleno derecho), la independencia o una “libre asociación” con los Estados Unidos, similar a los casos de las Islas Marshall y Micronesia.
En la cámara baja del Congreso estadounidense votaron a favor 233 miembros, mientras que 191 lo hicieron en contra. Ahora este histórico proyecto de ley está a la espera de pasar al Senado, donde —de los 100 miembros de la cámara— necesita, como mínimo, 60 votos afirmativos. Este procedimiento se produjo por última vez en la década de 1950. Entonces se preguntó a las poblaciones de Alaska y Hawái si querían convertirse en estados de Estados Unidos.
Hasta 1898 España gobernó Puerto Rico, que entonces se convirtió en un “territorio autónomo” de Estados Unidos. Una condición híbrida que no otorgaba a la población de Puerto Rico el derecho al voto. Así que en las elecciones federales de Estados Unidos la población puertorriqueña no puede votar y en el Congreso de Washington, Puerto Rico tampoco tiene representación con derecho a voto (a pesar de haber obtenido la ciudadanía en 1917).
La isla espera que el próximo referéndum determine pronto cómo quiere ser gobernada. A diferencia de las votaciones anteriores, esta votación aprobada por el Congreso sí será vinculante.
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Una fórmula que ya no funciona
“Puerto Rico, en su estado actual, es una colonia de Estados Unidos. Y en este país esa fórmula ya no funciona”, dice la activista política puertorriqueña Milagros Martínez, que espera que los comicios puedan llevar a la isla a convertirse en un estado independiente.
Martínez dirige en Puerto Real, en el suroeste de la isla, —una de las zonas más afectadas por el reciente ciclón tropical Fiona— un proyecto de ayuda a los pescadores. Las catástrofes naturales recientes, junto con la pandemia, han puesto de manifiesto cómo ha afectado la dependencia a la economía y cómo ha agravado la vulnerabilidad de la isla.
Los ciclones del Atlántico azotan regularmente la isla. Hace cinco años el huracán María causó daños generalizados en las comunidades, colapsó toda la red eléctrica y causó al menos 2 975 muertes.
Puerto Rico siempre ha recibido un porcentaje de financiación federal inferior al de cualquier estado de los Estados Unidos para el seguro médico básico —conocido como Medicaid—. A estos problemas se sumaron una crisis de la deuda en espiral, que condujo a un impago, y una profunda recesión económica. “Hubo golpes, uno tras otro”, cuenta Martínez a SWI swissinfo.ch.
Activismo político por el cambio
El activismo político ha despertado como consecuencia de la cada vez mayor conciencia de las limitaciones que tiene la situación actual. Lo cual proviene de un mayor compromiso social sumado a la insuficiente preparación y respuesta de las autoridades federales y del Gobierno local ante los desastres climáticos.
En 2022, las protestas contra la compañía eléctrica estadounidense-canadiense Luma —que gestiona la red eléctrica de la isla— y contra la construcción ilegal en playas públicas por parte de compañías extranjeras se convirtieron en declaraciones populares contra la cordialidad que se percibe entre el funcionariado local y las autoridades y empresas estadounidenses.
“Necesitamos una junta de supervisión que funcione. No necesitamos una junta de supervisión impuesta por el Congreso”. Esto es lo que Deepak Lamba-Nieves —miembro del grupo de reflexión del Centro para una Nueva Economía, de San Juan— afirmó en septiembre en una mesa redonda organizada por el Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad Hunter de Nueva York sobre la descolonización de la respuesta a los desastres.
En Estados Unidos y en otros países, el éxito de las consultas para acceder a un país o separarse de él, a menudo se reduce al marco constitucional y estatutario de cómo se organiza la votación. Ejemplos recientes incluyen los comicios sobre la independencia de Escocia en 2014, que el Parlamento británico previamente había aprobado como vinculante. El 55 % de quienes votaron dijeron “no” a una Escocia “independiente”. En 2017 el Gobierno español no admitió un deseo similar de votación popular del Gobierno catalán. Como consecuencia, el referéndum no vinculante provocó violencia y acciones penales. En Suiza, donde los referéndums son una de las características del sistema político, durante más de dos siglos se llevó a cabo con éxito (y mayormente de manera pacífica) el ejemplo de la separación del cantón francófono del Jura del de Berna.
Del referéndum no vinculante al vinculante
En los últimos 50 años se han celebrado seis consultas no vinculantes en las que se ha preguntado sobre una posible condición de estado. En la más reciente —celebrada en noviembre de 2020— el 52,5 % de la población puertorriqueña que votó dijo que la isla debería convertirse en el 51 estado del país, es decir, que Puerto Rico tiene que pertenecer a Estados Unidos con pleno derecho. Muchos movimientos políticos de Puerto Rico boicotearon la votación que no había sido aprobada por el Congreso. No obstante, confirmó tendencias anteriores de rechazo al statu quo.
“La gente va a votar y expresa su opinión. Luego en Washington suele haber un informe con los resultados, y normalmente ahí acaba todo”, señala la investigadora de Historia Puertorriqueña en la Universidad de Chicago Ada Torres. Para Torres puede que entre el electorado se haya instalado un cierto cansancio. “No hay mucho interés por parte del pueblo puertorriqueño en celebrar otro referéndum no vinculante e intrascendente”, explica.
Al presentar en el Congreso la Ley de Estatus de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, la única representante de la isla en el Congreso, confesó su propia frustración ante la situación actual: “No podemos votar al presidente que envía a la guerra a nuestros hijos e hijas. Porque somos un territorio, el Gobierno federal, en virtud de las leyes y programas federales, puede tratarnos de forma desigual, y a menudo lo hace. Se nos trata como a ciudadanía de segunda. Porque somos un territorio, aquí estoy para debatir un proyecto de ley relacionado con uno de nuestros problemas más críticos y, sin embargo, no puedo votar sobre este proyecto de ley”.
Negociaciones “históricas” en Washington
Es posible que el proyecto de ley sea enterrado con la mayoría republicana en el Senado (desde el 3 de enero). Una medida que significaría que la votación prevista para 2023 correría la misma suerte que otras anteriores y no sería vinculante.
Mientras que representantes del Partido Republicano, como Liz Cheney, se han mostrado a favor de que Puerto Rico se convierta en estado, otros, como Bruce Westerman —destacado republicano— sostienen que la legislación se debatió en un “proceso precipitado y secreto”.
Existe la percepción general de que Puerto Rico —si se le concede la condición de estado— podría inclinarse hacia el Partido Demócrata, aunque una encuesta que en 2019 realizó Politico reveló que la mayor parte de la población puertorriqueña (el 42 %) dijo no estar comprometida con ninguno de los dos principales partidos.
González-Colón —republicana— declaró a SWI que las negociaciones a través del Congreso fueron “históricas”. Según ella, las conversaciones permitieron a las partes “ponerse de acuerdo en que el statu quo territorial, siendo el problema, no puede ser la respuesta, y que el Congreso tenía que definir claramente las alternativas constitucionalmente viables de estatus no territorial”.
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¿La independencia en vez de la condición de estado?
En los últimos años en Puerto Rico ha ido en aumento la presión a favor de la independencia. Después de que una encuesta de 2018 de TheWashington Post mostrara que solo el 10 % de la población estaba a favor de la independencia, en las elecciones a gobernador de 2020, dos partidos que apoyaron la independencia y la descolonización atrajeron más de una cuarta parte del voto.
Otras personas, sin embargo, pueden considerar que unirse a Estados Unidos como estado es una opción más segura, ya que da acceso a la tan necesaria financiación federal y a programas de protección social, así como al derecho al voto y a una representación adecuada en el Congreso.
Según González-Colón —que es partidaria de pertenecer a Estados Unidos con pleno derecho siendo un estado más de la Unión— ambas partes, sin embargo, coinciden en un punto común: “Quienes en Puerto Rico defienden verdaderamente la independencia y la condición de estado siempre han tenido una posición muy clara en el fracaso del statu quo para permitir el progreso de Puerto Rico, y han entendido que esto tiene que acabar, que el verdadero enemigo es el estancamiento colonial”.
Incluso en Puerto Real, en este pueblo pesquero, existe la sensación de que la votación no podía llegar antes. Carlos Rodríguez, presidente de la asociación local de pescadores, declara que los constantes cortes de electricidad, agravados por el huracán Fiona, han limitado la capacidad de almacenamiento de la captura diaria, reduciendo la posibilidad de ofrecer a sus miembros unos ingresos regulares.
Con pocas alternativas laborales para los pescadores, de los cuales solo unos pocos han completado su educación básica, el futuro es sombrío. “El pescador siempre tiene que defenderse. La ayuda del Gobierno tiene que ser más rápida. Nadie se preocupa por nosotros y en Washington no hay nadie que nos represente”, explica.
Editado por Virginie Mangin
Adaptado del inglés por Lupe Calvo
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