¿Quién teme al diagnóstico genético preimplantacional?

Para sus partidarios, el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) ofrece mayor seguridad al bebé y a su madre. Para sus detractores, se trata de una manera inadmisible de jugar con la vida humana. Keystone

¿Debe Suiza autorizar la detección precoz de enfermedades graves en los ‘bebés probeta’, como se hace en los países vecinos? Esta es la cuestión moral a la que los ciudadanos suizos deberán responder el 14 de junio. Todo ello teniendo en cuenta que los detalles se regulan por ley, que esta será objetada mediante referéndum y que seguramente hará falta una segunda votación. 

¿Por qué votar dos veces?

Como toda modificación de la Constitución federal, la revisión del artículo 119, sobre la reproducción asistida, tiene que estar sometida obligatoriamente al voto popular. En caso de ser aprobada, el Gobierno publicará la ley de desarrollo, redactada ya por el Parlamento. Es entonces cuando aquellos que no estén de acuerdo con la ley tendrán la posibilidad de solicitar un referéndum, que se celebrará si reúnen 50 000 firmas en el plazo de 100 días. En caso de conseguirlo, los ciudadanos serán llamados de nuevo a las urnas.

El diagnóstico genético preimplantacional (DGP) no es otra cosa que el análisis genético de los embriones concebidos ‘in vitro’ antes de ser implantados en el vientre de la madre. Pero lo curioso es que el DGP no se menciona en el artículo 119 de la Constitución suiza, consagrado exclusivamente a la reproducción asistida y la ingeniería genética. Y tampoco en el proyecto de modificaciónEnlace externo de dicho artículo, sobre el que los ciudadanos se pronuncian el 14 de junio…

Se trata de una modificación mínima del texto, pero significativa por sus consecuencias. Actualmente, la Constitución sólo autoriza el desarrollo en probeta del número de embriones «que puedan ser inmediatamente implantados» (en la práctica, tres). Si la modificación se aprueba, podrán desarrollarse tantos embriones «como sean necesarios en la reproducción asistida». Es decir, un total de 12.

Tras largos debates, las dos cámaras del Parlamento han elaborado el proyecto de ley que desarrolla el artículo constitucional. Además de 12 embriones por ciclo de tratamiento, se autorizará la detección de enfermedades incurables y de anomalías genéticas (como la trisomía 21), así como la congelación de embriones, que permitirá implantar solo uno (de sobra es conocido el riesgo que representa un embarazo múltiple) y reservar los otros para otro eventual intento en el futuro. Las cámaras, en cambio, se han negado a permitir los ‘bebés medicina’, concebidos con el único objetivo de curar a un hermano o hermana enfermo mediante el trasplante de células madre.

Mientras esta ley puede parecer a algunos demasiado restrictiva, sobre todo si la comparamos con las de la mayor parte de los países occidentales, otros es la  consideran excesivamente  liberal. El Partido Evangélico suizo ha anunciado su intención de oponerse a ella mediante referéndum, con el fin de provocar una segunda votación. Para llevar a cabo la campaña y reunir las 50 000 firmas necesarias contará con apoyos de todo tipo. En efecto, en esta clase de temas con alto contenido emocional, los grupos de opinión se conforman según las convicciones individuales, más que siguiendo consignas partidistas.

«¿Abrir una puerta… a qué?»

Marco RomanoEnlace externo, diputado tesinés del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirma que su posición “no está dictada en absoluto por la religión”. Relativamente favorable al DGP al inicio del debate, reconoce haber cambiado de opinión tras la visita a una clínica de medicina reproductiva en Lugano: «He visto lo que me temía. He hablado largo y tendido con un profesor y me ha dado la impresión de que los especialistas quieren utilizar todo lo que la técnica les ofrece, aún a riesgo de jugar con la vida, relativizarla, y casi banalizarla”.

«En Estados Unidos, el 10% de los análisis sirven precisamente para determinar el sexo de los niños», continúa el diputado. «En nuestro país, los debates que se han llevado a cabo en el Parlamento han mostrado claramente la intención de algunos de ir más lejos. Aceptar el DGP es abrir una puerta que no sabemos a dónde nos puede llevar».

Las asociaciones de discapacitados divididas

Afectadas por este debate, las organizaciones de ayuda a las personas con discapacidad están divididas.

Entre los partidarios del DGP se encuentra la organización paraguas Intégration HandicapEnlace externo. Esta entidad se adhiere a una reforma que «abre la posibilidad a las parejas portadoras de enfermedades hereditarias graves de no transmitirlas a sus hijos», subraya la responsable de igualdad de la organización, Caroline Hess Klein.

Por el contrario, una coalición de 17 organizaciones hace campaña por el ‘no’ el 14 de junio. Agile.chEnlace externo es una de ellas. Para su secretaria, Magali Corpataux, autorizar el DGP es de alguna forma hacer correr el riesgo a los padres «de reprocharse el haber tenido la posibilidad y no haber hecho lo que consideraran mejor».

Sin embargo, las dos organizaciones están de acuerdo en su oposición a la ley de desarrollo votada ya en el Parlamento. Alegan que, según ellas, el texto va demasiado lejos. «Existe el temor de que, por esta vía, sea la sociedad la que decida qué vida es digna de ser vivida y cuál no», afirma Caroline Hess Klein.

(Fuente: RTS)

No obstante, en Suiza se practica ya el diagnóstico prenatal (sobre el feto), cuyo resultado permite que los padres decidan abortar, siempre y cuando esto se produzca en las 12 primeras semanas. Marco Romano lo acepta: «A veces es una necesidad. Pero con el DGP, damos un paso más. Llegamos a la selección, a pretender un hijo a medida. Y para mí, es el momento de decir: basta. No quiero dar la posibilidad de ir más lejos en la selección».

«No añadir sufrimiento al sufrimiento»

«Es necesario informar claramente de lo que esto va a permitir a las parejas, en lugar de entrar en ese juego de fantasmas que implica la reproducción asistida», señala Liliane Maury-PasquierEnlace externo. Por su experiencia de comadrona, la senadora socialista ginebrina conoce muy bien la “pista de obstáculos” que lleva a una fecundación ‘in vitro’. Están los intentos infructuosos de concebir un hijo, el ‘shock’ de un diagnóstico de esterilidad o de una enfermedad grave de transmisión genética, todas ellas situaciones «con un gran peso moral y humanamente muy difíciles».

«Cuando una pareja llega a dar el paso de la fecundación ‘in vitro’, tiene ya todo un historial tras ellos», prosigue la senadora y, además, miembro de la comisión que ha examinado el proyecto. «Y finalmente nos encontramos con un embrión listo para ser implantado, y si no hacemos un análisis DGP (muchas parejas lo hacen en cualquier país vecino), tenemos un comienzo de embarazo, con una mujer que alimenta sus esperanzas… o no, por temor a lo que el DGP hubiera podido revelar. Y deberá enfrentarse aún a semanas de incertidumbre…»

Para Liliane Maury-Pasquier, la conclusión es clara: con el DGP, «evitamos añadir sufrimiento al sufrimiento, y aumentamos la seguridad de la madre y del futuro hijo».

Libertad y necesidad

Marco Romano no niega que Suiza –como todos los países envejecidos– necesita una mayor natalidad. Sin embargo, en su opinión, un bebé es «un regalo, seguramente el más bonito que se pueda recibir. Pero no es un derecho. No podemos legislar sobre esto. Hoy en día existe la tendencia de creernos con derecho a todo. Y cuando veo lo que ocurre en otros países y la posibilidad que ofrece la técnica, me asalta un gran temor».

Para Liliane Maury-Pasquier, «la elección de traer al mundo un hijo, y de que este sea discapacitado o no, debería ser una elección estrictamente personal. Con el diagnóstico prenatal, esa elección queda en manos de los padres. Si hablamos de dignidad humana, un feto de 12 semanas tiene potencialmente más que un embrión de 5 días».

Traducción del francés: José M. Wolff