Berna confirma cláusula de salvaguardia unilateral sobre inmigración
El Gobierno aprobó este viernes diversos proyectos de ley para poner en aplicación las disposiciones constitucionales relativas a la inmigración, derivadas de la votación del 9 de febrero de 2014. Berna propone gestionar la inmigración por medio de una cláusula de salvaguardia unilateral.
La iniciativa contra la inmigración masiva deberá ser implementada mediante una cláusula de salvaguardia, aplicada unilateralmente de ser necesario. A pesar de la hostilidad de Bruselas, el Gobierno no modificó su postura.
El Gobierno transmitió este mismo viernes al Parlamento sus propuestas para poner en aplicación el texto de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) aceptado por el pueblo el 9 de febrero de 2014. El ejecutivo mantiene su posición pero preferiría una solución concertada con la Unión Europea (UE) para no poner en riesgo los acuerdos bilaterales y mantener las consultas con Bruselas.
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Sin embargo, no se esperan cambios antes del 23 de junio, fecha del referéndum sobre una eventual salida británica de la UE (‘Brexit’). Pero el tiempo apremia, porque la iniciativa debe aplicarse de aquí a febrero de 2017 y no es seguro que Berna y Bruselas logren un acuerdo a tiempo. La UE ha reiterado que la libre circulación de personas no es negociable.
Las implicaciones de la solución siguen difusos, el Gobierno propone al Parlamento una vía de solución unilateral. Los extranjeros estarían sujetos a cuotas a partir de los cuatro meses de estancia.
Ninguna limitación inmediata
Pero los ciudadanos de la UE podrían escapar a esa medida a través de una cláusula de salvaguardia que permitiría restricciones temporales y específicas sobre los permisos de estancia. Se establecería un umbral para la inmigración más allá del cual deberían ser fijadas las cuotas, las cuales no serían introducidas hasta el año siguiente.
La decisión de activar ese mecanismo correspondería al Gobierno, el cual tendría que precisar a quiénes se aplicarían los límites y por qué motivos. Para ello debería considerar los intereses económicos del país y las recomendaciones de una nueva comisión sobre la inmigración. En ese marco tendrían lugar controles sobre la preferencia nacional y las condiciones de trabajo y remuneración.
“El proyecto de ley define también los criterios bajo los cuales un ciudadano de un Estado miembro de la UE o de la EFTA pierde su derecho de estancia en caso de que concluya su relación laboral. La ley incluirá también una disposición para el intercambio de datos entre las autoridades en caso de prestaciones complementarias”, precisa el Gobierno en un comunicado.
Para la inmigración procedente de países extracomunitarios, el Gobierno propone mantener más o menos el sistema actual, pero con cuotas para la reagrupación familiar, las personas sin actividad lucrativa y los solicitantes de asilo.
Contra el abuso
El nuevo proyecto incluye también medidas para prevenir el abuso a la seguridad social. Los extranjeros que permanezcan en Suiza como solicitantes de empleo serán excluidos de la asistencia social. Aquellos que pierdan su empleo durante el primer año de estancia deberán salir de Suiza al cabo de seis meses.
El rubro sobre la lucha contra los abuso en el mercado de trabajo es limitado. El Gobierno dio instrucciones al Ministerio de Economía para que prepare, antes de octubre, un plan para mejorar la aplicación de medidas de acompañamiento a la libre circulación de personas.
Un mensaje adicional se refiere a la integración. Se concederán facilidades a los refugiados y a las personas admitidas provisionalmente para permitirles integrarse mejor en el mercado laboral. Los concernidos ya no tendrán que pagar un impuesto especial y los empleadores quedarán eximidos de solicitar un permiso de trabajo para ellos.
Bueno para los investigadores
Un acuerdo con la UE sobre la gestión de la inmigración ratificaría el protocolo de extensión del acuerdo de libre circulación de personas a Croacia. Suiza firmó este viernes el texto correspondiente en Bruselas. La pelota está ahora en el campo del Parlamento.
La ampliación es una de las condiciones para que Suiza sea integrada al programa de investigación europeo Horizonte 2020 más allá del 2016. El Gobierno considera adaptar sobre la marcha sus propuestas al Parlamento si logra un consenso con Bruselas. Además, quiere esperar esa solución para poner en aplicación el acuerdo con Croacia.
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