“Suiza está enviando al mundo un mensaje nefasto”

"Suiza da a entender a otros países que puede haber definiciones amplias, vagas, imprecisas e interpretables del terrorismo". UN-Photo

Con las nuevas leyes antiterroristas Suiza se está convirtiendo en un modelo a seguir para los regímenes autoritarios. La revista digital Republik entrevistó a la mujer que ha formulado esta dura crítica: la representante especial de la ONU para los derechos humanos, Fionnuala Ní Aoláin. Reproducimos la entrevistaEnlace externo con su amable autorización.

Fionnuala Ní Aoláin, mantenemos esta conversación precisamente un 11 de septiembre. Hace casi veinte años, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró el estado de emergencia -que continúa hasta el día de hoy- debido a los atentados ocurridos ese día en su país, Veinte años de estado de emergencia, ¿qué significa eso para un Estado de derecho?

Fionnuala Ní Aoláin: Desde hace veinte años venimos asistiendo a la normalización del estado de emergencia. No solo en Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre han llevado, a escala mundial, a un tipo de estructura antiterrorista que presta escasa atención a los derechos humanos y al Estado de derecho. Ocurre incluso en la propia ONU.

¿No tiene en cuenta la ONU los derechos humanos y el Estado de derecho en determinadas zonas? ¿Qué quiere usted decir?

A raíz del 11 de septiembre se creó un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad de la ONU, en realidad una copia del propio Consejo, con los mismos quince miembros: el Comité contra el Terrorismo (CTC). Después del 11 de septiembre, los Estados miembros se comprometieron a reforzar sus esfuerzos para combatir el terrorismo bajo el imperio de la ley y a presentar informes sobre esta cuestión a la CTC. Pero a diferencia de los informes presentados por los Estados al Consejo de Derechos Humanos que, aunque con frecuencia sean incompletos y se presenten demasiado tarde, muestran qué países se preocupan por los derechos humanos, los informes de este órgano son secretos. Nadie sabe nada. El comité revisa los informes y luego estos desaparecen. No sabemos si un Estado ha sido condenado alguna vez por abuso de medidas antiterroristas contra la población civil, los medios de comunicación o los miembros de la oposición. Lo que sí sabemos, y es un dato interesante, es que a diferencia del polémico Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros del CTC siempre están de acuerdo.

¿Y eso qué significa?

Hablo de la «luz de los derechos humanos». Estados y organismos, en algunos casos incluso organismos de la ONU, tienen a veces la idea de que basta con invocar el término derechos humanos para que aparezcan por arte de magia. Mientras tanto, en la realidad no existe ningún mecanismo obligatorio que se ocupe de garantizar el respeto de los derechos humanos. «Luz de los derechos humanos» significa que los derechos humanos juegan un papel porque se habla de ellos, pero no porque haya transparencia o mecanismos concretos que aseguren que su cumplimiento está realmente garantizado.

¿La ONU es parte de ese grave problema?

No, no la ONU sino los Estados miembros. Han creado un órgano paralelo al Consejo de Seguridad que es secreto y que, además, es el único órgano de la ONU que revisa periódicamente las medidas antiterroristas. El problema es grave. Hace dos años publicamos un informe que se centraba en esta normalización del estado de emergencia como resultado del 11 de septiembre.

Hay innumerables ejemplos: el estado de emergencia que declaró el presidente Erdogan en Turquía después del fallido golpe de Estado se ha convertido al final en un estado legalmente normal. Se está dando un cambio en una práctica fundamental de los Estados: las leyes de emergencia se convierten en leyes regulares. No obstante, Erdogan hablaba entonces de estado de emergencia, y Francia, tras los atentados terroristas de París, también aprobó leyes de emergencia, en cuyo título se advertía que se trataba de una medida extraordinaria que restringía derechos porque el Estado se enfrentaba a una crisis aguda. Pero hoy se aprueban leyes de este tipo como si fueran leyes normales, sin destacar que son leyes excepcionales que otorgan a los Estados un poder extremo y que por lo tanto deberían ser temporales.

Esta práctica nociva representa un problema a escala global y con la pandemia el problema ha empeorado aún más, porque ahora muchos Estados están utilizando su aparato de seguridad y antiterrorista para controlar la COVID-19.

¿Puede explicarse mejor?

Ha habido países que, debido a la COVID-19, han tenido que aprobar leyes especiales para poder controlar la crisis. Irlanda, por ejemplo. O Francia. La aprobación de estas leyes de emergencia fue necesaria para, ante la colosal crisis sanitaria, restringir temporalmente la libertad de movimiento de las personas de manera general. O la libertad de expresión, la privacidad y la libertad económica.

Frente a esta crisis, otros países han recurrido simplemente a las leyes existentes que se habían aprobado para combatir el terrorismo. En cooperación con dos ONG, hemos creado un rastreador para documentar las restricciones en distintos países. Se puede observar que hay varios países que han utilizado la COVID-19 para limitar significativamente las capacidades de su propia democracia de manera perdurable.

¿Por ejemplo?

Hungría. Al inicio de la pandemia Viktor Orban creó una estructura de poder ejecutivo. Todas las decisiones del Estado tienen que pasar por su oficina. El Consejo de Europa ha criticado duramente esa estrategia, afirmando que no es compatible con los principios básicos de una democracia.

Combatir el terrorismo con los medios del estado de derecho es la única forma de acabar con la violencia.

La estrategia de la ONU para combatir el terrorismo consta de cuatro pilares centrales. Uno de ellos es asegurar que se respeten los derechos humanos de todas las personas y que el Estado de derecho sea la base fundamental de esas acciones. En la lucha contra el terrorismo, ¿pueden o quieren las democracias garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Qué responder a la gente que dice que no se puede escuchar a las personas que nos matan en la calle?

Crecí en Irlanda del Norte, donde durante décadas hemos sufrido un conflicto armado. Hablo como alguien para quien la violencia y el miedo cotidianos eran una realidad y no una amenaza abstracta. Pero le diré esto de forma clara e inequívoca, y se lo diré a todos los que afirmen que los derechos humanos se interponen en el camino de una lucha eficaz contra el terrorismo: solo si se combate el terrorismo con los medios del Estado de derecho se podrá acabar con la violencia.

Si se infringe la ley y no se respetan los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo se embarca uno en una batalla interminable que nunca puede ganar. Innumerables estudios y análisis muestran lo perjudiciales que pueden ser las violaciones del Estado en esa disputa. Todos ellos muestran que la espiral interminable de violencia, que los numerosos, y en algunos casos, graves conflictos entre grupos armados no solo se prolongaron por las violaciones de la ley por parte de los Estados involucrados sino que en realidad fueron alimentados por ellos.

¿Significa eso que es imprudente, especialmente desde una perspectiva de seguridad, ignorar los derechos humanos y el Estado de derecho?

Hoy sabemos sin lugar a duda que uno de los grandes problemas de la lucha contra el terrorismo son las infracciones de la ley cometidas por los Estados involucrados en esa lucha. Por lo tanto, desde una perspectiva de seguridad, es de hecho extremadamente miope cometer violaciones de los derechos humanos o participar en ellas. Lo único que con ello consiguen esos países es agregar más leña al fuego.

Fionnuala Ní Aoláin

Fionnuala Ní Aoláin es abogada y profesora de derecho especializada en derechos humanos. Actualmente imparte clases en Minneapolis (EE.UU.) y Ulster, Irlanda del Norte.

Ha publicado varios libros, entre ellos The Politics of Force, en el que investiga los asesinatos cometidos por agentes del Estado en el conflicto de Irlanda del Norte. En 2003, el secretario general de la ONU nombró a Ní Aoláin, quien se crió en Irlanda del Norte, como experta especial en el tema de la igualdad de género en los conflictos y procesos de paz.

Posteriormente ha trabajado como asesora de Naciones Unidas sobre Igualdad y Empoderamiento de la Mujer y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el estudio de las indemnizaciones por violencia sexual relacionada con los conflictos.

En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a Ní Aoláin como relatora especial para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Dice usted que si queremos romper la espiral de violencia el Estado debe cumplir con la ley. Mientras usted afirma eso, al mismo tiempo se nombra directora de la CIA a Gina Haspel, una mujer de quien ahora sabemos que dirigía una prisión secreta en Tailandia en la que se torturaba a personas y que hasta el momento no parece tener ningún problema moral con ello.Enlace externo ¿Qué significa esto, cuando sabemos que torturar no te lleva a la cárcel, sino todo lo contrario, que incluso puede servir a tu carrera en el país más poderoso del mundo?

Como académica he afirmado muy claramente y en repetidas ocasiones que es incompatible con el Estado de derecho designar para tal cargo a una persona que ha sido responsable de programas de tortura. Y que el mensaje a los gobiernos de todo el mundo solo puede ser uno: «Es temporada de caza. La tortura está permitida. No hay consecuencias».

Al mismo tiempo, estoy en diálogo con muchos países. Muchos están horrorizados de que se promocione a personas que han torturado en lugar de hacerlas responsables de sus crímenes. Es nuestro deber recordar constantemente a la gente que Gina Haspel fue responsable de tortura. Y es tarea nuestra ser conscientes de que la ley y la justicia tienen una larga vida. En Guatemala o Argentina, por ejemplo, se necesitaron veinte y treinta años para llevar a los torturadores ante la justicia. Pero al final sucedió.

Y eso me lleva de vuelta a la cuestión fundamental: nadie está por encima de la ley. En ningún caso descarto la posibilidad de que en algún momento la ley de Estados Unidos exija responsabilidad a las personas, incluso a las que ocupan los más altos cargos de la administración.

¿Y mientras tanto?

Mientras tanto, seguiremos trabajando con aquellos Estados que creen en estos valores, los promueven y están firmemente convencidos de que la sociedad es más segura y está mejor protegida cuando se respetan los derechos humanos. Como parte de mi mandato en la ONU, trabajo mucho con los servicios secretos, la policía, el ejército y todo el sector de la seguridad. Muchos de ellos comprenden la naturaleza contraproducente de las decisiones políticas cuando se ignoran los derechos humanos. Y no ven la seguridad y los derechos humanos como dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Suelen estar de acuerdo además en que la seguridad y el respeto de los derechos humanos están indisolublemente unidos y son interdependientes.

No queremos seguridad al cien por cien. Porque la única manera de conseguir esa seguridad total sería renunciando a nuestros derechos.

Sin embargo, cuando se endurece la ley en este ámbito casi siempre se cuenta con el apoyo de los parlamentos. También en Suiza. Es como si las sociedades hubieran interiorizado la sensación de que el Estado de derecho no puede derrotar al terrorismo.

Y esa sensación no es nueva, lo que tampoco la hace más correcta. Aharon Barak, exfiscal general israelí y después el más alto juez del país, afirmó que el gran desafío de las democracias es tener que luchar con una mano a la espalda.

Las democracias comprometidas con el Estado de derecho se sienten en desventaja frente a las que no respetan las reglas. Eso, dijo Barak, es en última instancia el quid de la cuestión: no se lucha con los mismos medios. Hay una gran diferencia. Y es importante subrayar esa diferencia de unas sociedades que quieren libertad de expresión, que quieren liberta de reunión y derecho a la privacidad. No queremos seguridad al cien por cien. Porque la única manera de conseguir esa seguridad total sería renunciando a nuestros derechos.

¿Qué significa eso para la época actual caracterizada por el coronavirus?

Uno de los desafíos principales de este momento del coronavirus al que se enfrenta nuestra sociedad es encontrar un equilibrio entre las restricciones y el derecho de los ciudadanos a llevar una vida plena y digna. El derecho internacional lo prevé expresamente: los Estados deben estar autorizados a limitar los derechos de sus ciudadanos durante un breve período de tiempo ante una situación de extrema excepcionalidad. La cuestión es que tiene que terminar en algún momento.

La ley cambia la definición de terrorismo. Eso es sumamente grave y delicado.

En mayo, la ONU por primera vez criticó duramente a Suiza por el endurecimiento previsto de la ley en la lucha contra el terrorismo. Ahora, en el día en que estamos realizando esta entrevista, usted y la ONU han advertido nuevamente a los parlamentarios suizos de que no acepten las medidas antiterroristas previstas. La crítica es dura e inequívoca: «El proyecto de ley antiterrorista suiza viola las normas internacionales de los derechos humanos al ampliar la definición de terrorismo y podría sentar un precedente peligroso para la represión de la oposición política en todo el mundo». ¿Por qué la representante especial de la ONU para los Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo considera que esta ley es tan problemática?

Porque la ley cambia la definición de terrorismo. Eso es sumamente grave y delicado con respecto a los derechos humanos, el Estado de derecho y, por último, pero no menos importante, con respecto a la situación mundial. Hay otros puntos que son también extremadamente preocupantes, como el hecho de que esta ley se aplica también a los menores. Pero el punto clave es la nueva definición del concepto de terrorismo, que se desvía del consenso del derecho internacional y está muy alejada del modelo habitual y claramente inequívoco. Esta definición de terrorismo es utilizada por los Estados autoritarios para reprimir a la oposición.

¿Qué es exactamente diferente?

En Suiza, el terrorismo no debería asociarse de ninguna manera con un delito grave. Por primera vez la ley hace referencia a posibles criminales, a terroristas potenciales. El lenguaje del texto lo dice todo: ya no se trata de un acto terrorista, sino de un peligro potencial. Peligro es un término vago. Jurídicamente, esto es muy problemático porque abre las puertas al abuso. Tanto más cuanto que la ley suiza también establece que este peligro potencial no debe ser evaluado por un tribunal, sino por la policía federal.

Imagínese lo que eso puede significar en un Estado autoritario. Y todo esto va unido a medidas administrativas que pueden incluso afectar a los menores. Medidas que pueden limitar enormemente su libertad de movimiento, aunque no hayan cometido ningún delito. Estoy convencida de que eso es una violación del artículo 5 de la Convenio Europea de Derechos Humanos. Y eso sería solo una parte del problema.

¿Y cuál sería la otra parte del problema?

Suiza es una democracia. Y no una democracia cualquiera. Eso, como suizo, es posible que usted lo olvide a veces. Históricamente Suiza ha sido uno de los países más importantes a la hora de pedir cuentas a otros Estados cuando han abusado de su poder bajo el pretexto de combatir el terrorismo. La señal que envía ahora Suiza es precisamente la contraria. Suiza les está indicando a otros países -y no hay que subestimar de modo alguno el hecho de que esta señal proviene de Suiza- que las definiciones amplias, vagas, imprecisas e interpretables del terrorismo son admisibles y lícitas.

Y eso es extremadamente peligroso. Porque la historia demuestra que sienta las bases del autoritarismo. Sucede una y otra vez que los Estados abusan de las leyes antiterroristas. Y nos preocupa profundamente que Suiza, históricamente a la vanguardia a la hora de defender definiciones precisas, ajustadas y jurídicamente adecuadas del terrorismo, esté enviando al mundo un mensaje nefasto.

Al interpretar el terrorismo de una manera tan vaga Suiza está, indirectamente, dando luz verde a los abusos.

¿Qué mundo?

Piense por ejemplo en Hong Kong. China llama ahora terrorista a cualquiera que critique al gobierno de Hong Kong o lo persigue con medidas antiterroristas. Y queremos repetir aquí, con toda claridad, que una interpretación tan vaga del concepto de terrorismo no es admisible. En Arabia Saudí se han utilizado leyes antiterroristas para encarcelar a mujeres que han defendido el derecho a conducir. En Turquía, abogados, profesores, periodistas y activistas de derechos humanos están siendo encarcelados acusados de terrorismo.

Todo esto funciona así porque el concepto de terrorismo no está vinculado a actos graves de violencia y puede por tanto significar casi cualquier cosa. Al interpretar el terrorismo de una manera tan vaga Suiza está, indirectamente, dando luz verde a los abusos. Hace dos semanas en Egipto, el abogado de derechos humanos Bahey el-Din Hassan ha sido condenado por un tribunal antiterrorista a quince años de prisión por criticar al gobierno.

¿Qué fue lo que dijo?

Había acusado al gobierno de abusar de unas leyes antiterroristas vagas e imprecisas para eliminar a la oposición.

Sobre la prevista ley antiterrorista

La Ley federal de Medidas policiales para combatir el terrorismo (PMT) se centra en una serie de medidas preventivas contra las “amenazas terroristas”: personas de las que se sospecha que son una amenaza pero que aún no han sido merecedoras de ser procesadas.

Con la nueva ley, la policía podrá imponer prohibiciones de contacto y de salida del país a estas personas e incluso ordenar un arresto domiciliario.

Las medidas también se pueden aplicar a los menores: se puede imponer el arresto domiciliario a los jóvenes de 15 años y todas las demás medidas a los mayores de 12 años.

Desde el 11 de septiembre, en el mundo occidental las medidas antiterroristas se han ampliado de manera casi inconmensurable, las leyes se han endurecido enormemente y se ha librado todo tipo de guerras contra el terrorismo. ¿Es el mundo un lugar más seguro veinte años después?

Esa es una gran pregunta: ¿todas las medidas que se han tomado desde el 11-S nos han hecho más libres, nos han hecho más seguros? Desde la perspectiva de mi mandato, no puedo responder a esta pregunta con un sí rotundo. Hemos visto el surgimiento de poderosos y violentos actores no estatales que han cometido las más brutales violaciones de los derechos humanos: el Estado Islámico. Hemos visto otras violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos: la bahía de Guantánamo. Extradiciones ilegales sistemáticas, secuestros, torturas sistemáticas, ahogamientos simulados.

Guantánamo todavía existe, estuve allí como abogada en 2017. He visto con mis propios ojos a personas retenidas allí sin ninguna base legal, que son sometidas a torturas y tratos humillantes. Al mismo tiempo, nuestros aparatos de seguridad han explotado. Se han recortado los derechos civiles. En un sentido negativo. No me queda claro si somos siquiera conscientes de que el objetivo de la lucha contra el terrorismo es, en primer lugar, prevenir la violencia y la radicalización. Ya ni siquiera estoy segura de que ese siga siendo el objetivo.

Jelani Cobb, profesora de periodismo en la Universidad de Columbia y colaboradora de la revista New Yorker, tuiteó en el aniversario de los atentados terroristas de Nueva York: «La historia de cómo los atentados del 11 de septiembre de 2001 nos han llevado directamente al caos actual sería un buen libro».

El 11 de septiembre ha proyectado una larga sombra sobre todos nosotros. El 11-S ha llevado a la ONU a crear una nueva arquitectura antiterrorista que tiene graves consecuencias para la integridad y el equilibrio de toda la agencia. El papel sobredimensionado que desde entonces ha desempeñado la lucha contra el terrorismo en la ONU, combinado con la falta de integración del papel de los derechos humanos por parte de las autoridades en esta cuestión, es un legado mundial del 11 de septiembre. Otro legado, a nivel nacional, es el aumento masivo del uso de medidas antiterroristas, incluso en países democráticos. Y la ley suiza de la que hemos hablado es también un legado del 11 de septiembre. Es el resultado del aumento colosal de la presión sobre los parlamentos nacionales para que aprueben nuevas leyes de lucha contra el terrorismo, a menudo miopes e ineficaces.

¿Qué ha ocasionado a la gente el 11 de septiembre?

Los atentados del 11 de septiembre, pero también los de Londres o Madrid, el horror de París o de Bruselas, han llenado a la gente de un profundo temor. Debido a ese temor, muchas personas han perdido la confianza de que el Estado de derecho tenga la capacidad de protegerlos. Y ese es quizá el mayor reto de nuestro tiempo: enfrentarse a una gente que, debido a todos los horrores que hemos vivido, ha llegado a creer que el miedo que sentimos justifica todos los medios. Tenemos que volver a convencer a esos ciudadanos de que reclamar leyes cada vez más estrictas, exigiendo la militarización de la sociedad, no nos hace más libres ni más seguros.

¿Cuál es la alternativa?

La única forma de lograr una seguridad sostenible reside en el viejo Estado de derecho y en la protección de los derechos humanos. Necesitamos descubrir qué causa la violencia que nos azota. En Irlanda del Norte aprendimos esa lección. Tuvimos que aprenderla. Fue un largo camino. Pero al final ya no hubo rearmes, ni militares ni legales, que nos liberaran de la violencia, sino un acuerdo de paz fruto de un largo proceso. Los grupos sociales que se vieron más afectados por la violencia se involucraron profundamente. Paso a paso se fue entendiendo y comprendiendo en qué se basaba la violencia, y luego fue abordada, de una manera que finalmente, tras treinta años de terror, tuvo su efecto.

Traducción del alemán: José M. Wolff