¿Suiza pondrá límite a las desigualdades salariales?

De 1 a 12: es la diferencia máxima que puede haber entre el salario más alto y el más bajo, si el 24 de noviembre los suizos aprueban la iniciativa correspondiente. Keystone

Ningún empleado de una empresa puede ganar menos en un año de lo que percibe mensualmente el dirigente mejor remunerado. Los suizos deciden el 24 de noviembre si incluir o no esta norma en la Constitución federal.

Menos de nueve meses después de aprobar la iniciativa contra las remuneraciones abusivas, que lanzó el empresario Thomas Minder, los suizos votan otra propuesta nacida de la indignación en la población por las remuneraciones exorbitantes que reciben algunos altos ejecutivos: la iniciativa denominada 1:12 – Por salarios justos que promueven las Juventudes Socialistas.

El texto respaldado en las urnas el pasado 3 de marzo comprendía únicamente a las empresas que cotizan en la Bolsa suiza y otorgaba a sus accionistas el derecho a determinar el sueldo de los altos ejecutivos. La nueva iniciativa, en cambio, abarca todas las empresas y exige un control estatal.

Límite constitucional

La iniciativa popular 1:12 – Por salarios justos, que promueven las Juventudes Socialistas, reunió alrededor de 113.000 firmas válidas y se presentó en abril de 2011.

El texto pide la introducción de un nuevo artículo constitucional en el que se establezca que “el salario máximo en una empresa no puede superar en más de 12 veces el salario mínimo que paga la misma empresa. Por salario se entiende la suma de las remuneraciones (dinero y valor de los pagos en especie o en servicios) otorgadas con relación a una actividad lucrativa”. Se admiten excepciones para los sueldos de personas en formación, en prácticas o que ocupan puestos de trabajo protegidos.

Si los suizos dan su visto bueno a la iniciativa el 24 de noviembre, las disposiciones legislativas para su aplicación tendrán que entrar en vigor en el plazo de dos años.

Gobierno y Parlamento recomiendan rechazar la iniciativa. La izquierda y los sindicatos la respaldan, mientras que los partidos de centro y de derecha, así como las organizaciones patronales se oponen a la propuesta.

La aprobación de la iniciativa requiere una doble mayoría de votos: de la población y de los cantones.

Para frenar a los “altos ejecutivos que amasan dinero”, los jóvenes socialistas piden que el sueldo más elevado en una empresa no exceda el salario más bajo multiplicado por 12. Una brecha que en la mayor parte de las PYME y las administraciones públicas no requiere modificaciones, puesto que hoy ya es inferior a este tope. La medida afectaría, sobre todo, a las grandes sociedades, incluidas las que controla el Estado y cuyos directivos perciben remuneraciones muy altas.

El objetivo es repartir más equitativamente la masa salarial. Los promotores de la iniciativa están convencidos de que al limitar las desigualdades, se suavizarán los picos de las curvas salariales y, simultáneamente, subirán los sueldos más bajos.

Entre justicia social y libre mercado

“Es una cuestión de justicia social”, sostiene el diputado y expresidente de las Juventudes Socialistas, Cédric Wermuth. En los últimos 15 años, el aumento medio de los salarios ha sido netamente inferior al de la productividad, porque “una minúscula minoría de los altos ejecutivos, sobre todo en las grandes empresas, se ha embolsado gran parte de los beneficios”, explica a swissinfo.ch.

“La economía helvética es un éxito, funciona muy bien en comparación internacional. Esto se debe a varios factores, en particular a una legislación laboral bastante liberal. No queremos que el Estado nos dicte los salarios máximos o mínimos”, anota el presidente de la Unión Suiza de Artes y Oficios (USAM), organización que aglutina a las PYME. Según Jean-François Rime, se trata de una iniciativa dotada “de una clara tendencia estatalista” que va en contra de los principios de la economía de libre mercado en los que se basa Suiza.

Brecha salarial

En solo cerca del 1,5% de las empresas en Suiza, es decir, entre 1.000 y 1.300, la remuneración más alta es superior al salario más bajo multiplicado por 12.  Un límite que exceden cerca de 4.400 personas. Esto se desprende de un estudio independiente del Centro de Investigaciones Coyunturales (KOF), de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, hecho público a principios de octubre. El trabajo se basa en datos correspondientes al año 2010 y 43.627 empresas en toda Suiza que constituyen una muestra representativa. La masa salarial afectada por la iniciativa se eleva a 1.500 millones de francos.

En el 96,2% de las empresas analizadas, la proporción es inferior a 1:8. La relación media entre los salarios mínimo y máximo es de 1:2,2.

La empresas con más de 2.001 empleados están proporcionalmente sobrerrepresentadas en el grupo de las que se verían afectadas por la iniciativa.

Globalmente, las sociedades que en 2010 registraron una diferencia salarial superior a 1:12 empleaban a cerca de medio millón de personas, frente a 2,91 millones en las que no superaban esta proporción.

Escenarios con cifras muy dispares

Los detractores de la iniciativa temen también que las empresas opten por una deslocalización fuera del país y que la norma disuada a las sociedades extranjeras a establecerse en Suiza, lo que acarrearía una pérdida de puestos de trabajo y un aumento del desempleo. Con la fuga de empresas y la bajada de los sueldos altos caerían drásticamente los ingresos en prestaciones sociales e impuestos tanto federales, como cantonales y municipales, advierten.

Según un estudio que la USAM encargó a la Universidad de San Gall, entre seguros sociales e impuestos, la colectividad ingresaría entre 2.000 y 4.000 millones de francos menos al año. “Ni siquiera en el mejor de los escenarios se justifica aprobar la iniciativa”, sostiene el presidente de la USAM.

En respuesta a una interpelación parlamentaria de Jean-François Rime, el Gobierno federal, que se opone a la iniciativa, declaró que es imposible anticipar datos fidedignos sobre las consecuencias económicas para el Seguro de Vejez y Supervivientes (AVS), debido a la gran incertidumbre que reina sobre cómo reaccionarán las empresas, en caso de que el 24 de noviembre triunfe un sí en las urnas, subraya Wermuth. Una valoración que el ministro del Interior, Alain Berset, miembro del Partido Socialista, confirmó en septiembre pasado ante el Parlamento.

A la misma conclusión llega un reciente estudio independiente del Centro de Investigaciones Coyunturales (KOF), del Politécnico Federal de Zúrich: Establecer una hipótesis teórica sería “especular, dada la incertidumbre sobre la aplicación de la iniciativa”.

Es más, de aprobarse, la iniciativa 1:12 no aportará los efectos que desean sus promotores, agrega el empresario y diputado de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora). “No aumentarían los suelos más bajos, sino que desaparecerían los empleos más bajos de la escala salarial. Y es que para no tener que someterse a esta regla, las empresas externalizarían toda una serie de trabajos”.

“Las grandes sociedades cuyos dirigentes perciben salarios descomunales y que son blanco de la iniciativa ya externalizaron en los años 1990 todos los empleos con salarios bajos”, comenta Cédric Wermuth. El diputado socialista considera, además, que proceder a “una externalización para esquivar una norma aprobada por la población sería antidemocrático e ilegal. De ser aceptada la iniciativa, el Parlamento tendría que votar una ley que defina claramente lo que está permitido y lo que no”.

Wermuth, por su parte, reconoce que en la fase inicial es probable que disminuyan los ingresos. A largo plazo, sin embargo, prevé “una redistribución a la baja de la masa salarial que incentivará el consumo en beneficio de toda la economía suiza”. Esto implicará más ingresos para el Estado derivados del impuesto sobre valor añadido (IVA) y de los impuestos sobre las utilidades de las empresas.

De acuerdo con el diputado socialista, se volvería así al “modelo suizo de los grandes progresos económicos de la postguerra, que era un modelo de pequeñas diferencias salariales”. Rime, en cambio, sostiene que “está en juego la injerencia del Estado en las relaciones entre trabajadores y patrones, que es ajena al modelo de éxito de Suiza”.

El 24 de noviembre se sabrá qué argumentos convencen a la mayoría de la población y de los cantones.

(Traducción: Belén Couceiro)