Suiza renuncia a los privilegios fiscales para corporativos

La OCDE y la UE pretenden poner fin a los acuerdos fiscales preferenciales celebrados por algunos países europeos con empresas trasnacionales, entre las cuales Starbucks, Apple, Fiat y Google. Mike Blake / Reuters

Las empresas ya no podrán seguirse escabullendo al fisco: el G20, la OCDE y la UE trabajan en la eliminación de lagunas legales y en el diseño de nuevos estándares impositivos para todos los países. Suiza no ha escapado a la presión internacional: el Gobierno ha anunciado su voluntad de terminar con los regímenes preferenciales para corporativos extranjeros.

A partir del 2017, todas las empresas deberán pagar impuestos en los países en los que operan y generan sus ganancias. Esto impedirá que sigan aprovechando los resquicios de la ley para evadir o eludir impuestos. Esta es la meta que se ha fijado el proyecto Erosión Fiscal y Movilización de las Ganancias (BEPSEnlace externo por sus siglas en inglés) diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el apoyo de la Unión Europea (UE), los principales países industrializados y las potencias emergentes y desarrolladas del G20.

Este proyecto, que marcará un punto de inflexión histórico en la cooperación fiscal internacional, tiene como meta, además, que estos nuevos estándares sean aplicados a nivel global, evitando con ello que los grandes contribuyentes utilicen la legislación fiscal a su favor en los distintos países en los que operan. Actualmente muchas compañías logran reducir -e incluso disimular por completo- las ganancias que obtienen para evitar el pago de impuestos a los gobiernos. Tan solo en la UE, las autoridades estiman en alrededor de 1.000 millones de euros el monto escamoteado a través de esas prácticas.

«El BEPS es muy ambicioso. Es un paquete de medidas a través de las cuales la OCDE intentará cambiar radicalmente los cimientos del sistema fiscal internacional. Pero aún está por verse en qué medida se aplicarán las nuevas reglas ya que observamos cierta laxitud, especialmente en el caso de Estados Unidos”, afirma René Matteotti, un profesor de Derecho Fiscal Internacional en la Universidad de Zúrich. 

BEPS

El proyecto Erosión Fiscal y Movilización de las Ganancias (BEPS por sus siglas en inglés) es considerado la más grande reforma y modernización del sistema fiscal internacional de los últimos años.

Elaboradas en 1923, en el cuadro de la Sociedad de las Naciones, las reglas de derecho fiscal internacional vigentes no han sufrido sino pequeñas modificaciones puntuales desde entonces y no han sido adaptadas al desarrollo de las multinacionales.

Durante las últimas décadas, los grandes consorcios han desarrollado considerablemente su actividad en el extranjero gracias al progreso de las telecomunicaciones, la liberalización de los intercambios comerciales y de los flujos de capital.

La OCDE presentó en septiembre un primer paquete de medidas destinada a armonizar el sistema fiscal internacional de aquí al 2017. El proyecto final es esperado para el 2015.

Triquiñuelas fiscales

Hoy en día, la tributación de las empresas trasnacionales se encuentra reglamentada a partir de más de 3.000 modelos de acuerdos fiscales distintos. Originalmente, estos acuerdos tenía como meta evitar la doble tributación de las  multinacionales que operaban en distintos Estados. Sin embargo, en el presente estos acuerdos son utilizados frecuentemente para optimizar la carga impositiva de los corporativos o para huir literalmente del fisco llevando sus recursos de un país a otro.

De esta manera, mientras las empresas nacionales pagan una tasa promedio de ISR de entre 20 y 30% en la mayoría delos países, las multinacionales consiguen, gracias a su amplia y sofisticada experiencia fiscal, pagar una tasa promedio de solo 5%.

Y para lograrlo recurren a una larga serie de estratagemas.

La OCDE tiene identificadas más de 400. Algunas de ellas son el desplazamiento de las ganancias de una empresa hacia jurisdicciones con baja carga fiscal; la creación de instrumentos financieros híbridos, que les permiten capitalizar a su favor la falta de coordinación entre las legislaciones de los distintos estados; la transferencia de inversión extranjera directa vía paraísos fiscales notificando las operaciones como costos de transferencia;  y otras prestaciones entre sociedades del mismo grupo por debajo de su valor real.

Por ello, la OCDE ha presentado en septiembre un primer paquete de medidas destinadas a armonizar los principios de la tributación e introducir un nuevo modelo de convenio contra la doble imposición para llenar las lagunas existentes y evitar el desplazamiento de los beneficios de un país a otro. El proyecto también tiene como objetivo dotar de mucha más transparencia a las actividades transfronterizas, a las estructuras fiscales y a las operaciones de los corporativos internacionales.

Prácticas nocivas

A futuro, la meta es gravar el valor agregado y como consecuencia, los beneficios de las multinacionales en el país en el que éstos fueron generados. Actualmente, el problema es que las autoridades fiscales no cuentan con la información necesaria para realizar esta tarea. “El BEPS busca introducir una gran transparencia. Por un lado, intentará que las empresas provean de forma automática información sobre las estructuras fiscales que tienen en otros países; y por el otro, que los estados intercambien información y asistencia administrativa de forma espontánea”, explica René Matteotti.

El plan de acción se dirige también a desaparecer todas las “prácticas fiscales nocivas” que realizan los países que ofrecen regímenes fiscales de privilegio a las multinacionales para atraerlas a su territorio. La OCDE está examinando a detalle lo que se conoce como ‘rulings’ (acuerdos entre Estados y empresas que permiten a estas últimas pagar tasas mucho más bajas) como sucede en Irlanda, Holanda y Luxemburgo o los llamados ‘licence box’ (regímenes fiscales que aplican tasas impositivas limitadas cuando los ingresos provienen de  explotación de patentes o de otros bienes inmateriales) como sucede en Gran Bretaña, Holanda y Bélgica.

Y también son observados de cerca por la OCDE y la UE las prácticas fiscales de Suiza, cuyos cantones han ofrecido por años  privilegios fiscales a grandes corporativos, sociedades mixtas y empresas manejadas desde el extranjero. Las ganancias que obtienen en otros países son gravadas con tasas mucho menores a las que pagan las empresas suizas en su propio territorio. Y debido a estos regímenes preferenciales, numerosos cantones se cuentan entre las circunscripciones con mayor atractivo fiscal a nivel mundial.

Soluciones prácticas

Suiza resistió la presión de Bruselas durante más de una década. Pero la UE ha considerado siempre que los  regímenes fiscales especiales que los cantones ofrecen a los grandes corporativos internacionales equivalen a una subvención pública que frena la libre competencia. Suiza terminó por ceder y ya ha manifestado su voluntad de aplicar estándares internacionales. A finales de septiembre, el gobierno federal presentó la llamada Tercera Reforma a la Imposición de las EmpresasEnlace externo en la que propone justamente abandonar los regímenes preferenciales.

Adicionalmente,  a mediados de octubre Berna firmó un acuerdo con Bruselas en el que se compromete a abrogar todos estos regímenes fiscales a cambio de que los países miembros de la UE no apliquen una serie de contramedidas que tenían previstas. Hace solo dos años, este escenario habría generado acaloradas protestas entre los cantones, los organismos económicos y los partidos políticos.

Hoy, tal como sucedió antes con el secreto bancario, ya todo mundo comprendió que Suiza no está en posibilidad de escapar al cumplimiento de los nuevos estándares internacionales defendidos por las potencias económicas. De no haber accedido, las sanciones europeas habrían sido inminentes, perturbando con ellas seriamente la actividad de las empresas europeas cuya administración se opera desde Suiza.

“Desde el punto de vista puramente jurídico, Suiza tendrá derecho a defender su soberanía y a recurrir al arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en caso de ser objeto de alguna medida de represalia por parte de otro país”, destaca René Matteotti y añade que Suiza debía actuar porque desde un punto de vista político-económico no podía arriesgar la seguridad jurídica y las garantías de estabilidad de las empresas instaladas en su territorio.

“La decisión del gobierno suizo de renunciar a los regímenes preferenciales imponiendo la condición de que los nuevos estándares sean aplicados por todos los países, es una medida práctica que avanza en la dirección correcta”, dice Matteotti.

Críticas e interrogantes

Las propuestas del gobierno para mantener el atractivo fiscal de Suiza al tiempo que elimina los regímenes fiscales preferenciales ha suscitado críticas y un gran debate o mismo en la derecha que en la izquierda. Esta última se opine terminantemente a que el gobierno compense financieramente a los cantones para permitirles con ello reducir a tasa impositiva que aplicarán a todos los corporativos (nacionales y extranjeros), con objeto de retener a las multinacionales que hoy están en Suiza porque pagan menos impuestos.

La derecha, por su parte, critica el impuesto sobre las ganancias de capital que prevé el gobierno para compensar parcialmente el gasto en el que incurrirá al compensar a los cantones.

Y las interrogantes se hacen presentes con respecto a otra de las propuestas de Suiza que consiste en introducir la figura de ‘licence box’ emulando el modelo británico. Un instrumento fiscal que también es motivo de grandes batallas en el seno de la OCDE.

Nueva reforma fiscal

El proyecto de Tercera Reforma a la Imposición de las Empresas prevé, entre otras cosas, la eliminación de los regímenes fiscales preferenciales que hoy son otorgados por los cantones a los grupos empresariales (holdings), sociedades mixtas y sociedades de gestión extranjera.

Para evitar que estas sociedades abandonen Suiza, el gobierno ha propuesto a los cantones reducir la tasa impositiva que aplican sobre los beneficios de todas las compañías –suizas y extranjeras-, e introducir otras medidas como los ‘licences box’, también conocidos como IP Box,  siguiendo el ejemplo de otros países europeos.

La Confederación Helvética intentará, asimismo, compensar las eventuales pérdidas fiscales de los cantones, que se estiman en 1.000 millones de francos anuales. Monto que será cubierto, al menos parciamente, con la aplicación de un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital.

El proyecto está en fase de consulta hasta el 31 de enero del 2015. Y la presentación de una iniciativa de ley ante el Parlamento dependerá de la evolución de este tema a nivel internacional, pero sobre todo, estará ligado a los avances del BEPS.

Traducido del italiano por Andra Ornelas