Suiza tiene problemas con la independencia de sus jueces federales

Los jueces federales suizos siguen la sesión como observadores mientras son confirmados en sus cargos por el Parlamento. Keystone / Peter Klaunzer

Durante mucho tiempo han sido objeto de compromisos políticos bien equilibrados, pero recientemente las elecciones de jueces en Suiza han ocupado los titulares de los medios. Se trata de la independencia del poder judicial, pero no exclusivamente.

Fue todo un espectáculo: en septiembre de 2018, millones de estadounidenses pudieron ver la transmisión en directo de las audiencias del Tribunal Supremo en el comité responsable del Senado de EE. UU. El nominado Brett Kavanaugh era interrogado sobre unas acusaciones de abuso sexual con compañeras de estudios cuando era estudiante universitario.

En Washington, frente al Capitolio, miles de personas se manifestaron a favor y en contra del candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al final, el Senado confirmó al graduado de Yale con una mayoría muy ajustada y lo convirtió en uno de los nueve jueces, elegidos de por vida, del más alto tribunal del país. Al igual que la Constitución americana, la Constitución federal suiza también garantiza la independencia judicial (Art. 191c). Por esta razón, las conexiones entre los poderes imprescindibles de una democracia son también materia de debate público en Suiza.

El partido Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) acaba de hacer explotar una pequeña bomba en vísperas de la renovación general del Tribunal Federal por la Asamblea Federal unida –el Consejo Nacional (cámara baja) y el Consejo de los Estados (cámara alta) juntos–, que tendrá lugar el 23 de septiembre próximo. “Recomendamos que el juez federal Yves Donzallaz sea destituido de su cargo», declaró el presidente de ese grupo parlamentario, Thomas Aeschi.

Las reacciones no se hicieron esperar. «Este enfoque pone en tela de juicio la separación de poderes», afirmó un juez federal. Donzallaz, en su momento nominado por el todopoderoso presidente de la UDC, Christoph Blocher, ha apoyado repetidamente en los últimos años sentencias que iban en contra de la corriente política de ese partido. Por ejemplo, con respecto a la libre circulación de personas con la UE, el diario Berner Zeitung comentaba: «El juez de la UDC y su verdugo. Al principio había amor, ahora solo odio», mientras que el Neue Zürcher Zeitung criticaba la petición de votos: «Eso nos recuerda procedimientos propios de Estados cada vez más autocráticos, como Turquía, Hungría o Polonia «.

De hecho, según Lorenz Langer, el intento de un partido político de eliminar a un miembro del Tribunal Federal con sede en Lausana marca «una nueva dimensión”. “No se ha dado nunca nada parecido», afirma el profesor adjunto de derecho público de la Universidad de Zúrich.

Parte del salario va al partido

Al igual que en Estados Unidos y otros países democráticos del mundo, en Suiza los altos jueces son también elegidos por representantes del pueblo. En Alemania es el Gobierno el que nombra a los jueces del Tribunal Constitucional, y en Italia incluso es una comisión elegida por el propio gremio de jueces. Pero en Suiza, antes incluso del actual ataque político a uno de los 38 miembros del tribunal, ya se había criticado, tanto desde el exterior como desde el interior, la forma en que se elige a los más altos funcionarios judiciales del país.

En 2018, la comisión anticorrupción GRECO del Consejo de Europa publicó un informe en el que se calificaba el procedimiento de elección del Tribunal Federal en Suiza como «incompatible con los principios de la democracia moderna». El Consejo de Europa se mostró especialmente crítico con el hecho de que los jueces electos deban dar cada año parte de su salario a su propio partido. Es una forma de financiación indirecta de los partidos y ha contribuido al hecho de que desde 1943 ningún juez que no fuera miembro de un partido haya llegado al tribunal más alto del país. Más aún si se tiene en cuenta que todos los integrantes del Tribunal Federal deben presentarse a la reelección de forma periódica (cada seis años).

En estos mismos elementos de crítica se basa también una iniciativa popular, denominada Iniciativa de Justicia, que tiene como objetivo sustituir la actual elección de los jueces por el Parlamento por un procedimiento en el que intervenga el azar.

Lorenz Lager, quien en la actualidad se está especializando en el tema de jueces, considera que esta no es una buena solución: «La elección de los jueces en su forma actual no corresponde en todos los puntos a una independencia judicial interpretada de manera dogmática. Pero contribuye a la aceptación del poder judicial y, así, protege su independencia en la práctica», afirmó recientemente en un artículo de opinión publicado en el Neue Zürcher Zeitung.

En Suiza no existe tribunal constitucional

De hecho, el diseño de la separación de poderes, al igual que el del derecho popular de la democracia directa, refleja la historia y las relaciones de poder de un país: esto puede demostrarse, por ejemplo, por la existencia o no de tribunales constitucionales. Si bien un tribunal constitucional puede desempeñar un importante papel de supervisión en países con brotes totalitarios, como Alemania, los Estados sin ese trauma autoritario rara vez tienen un tribunal constitucional: ejemplo de esto en Europa son, además de Suiza, los Países Bajos y Suecia, ambos países con una larga historia democrática.

No obstante, surge la pregunta de por qué el partido con el mayor número de votantes de los que integran el Gobierno de Suiza ha lanzado en este momento un ataque por motivos políticos contra el Tribunal Federal: «Me sorprende porque, en todo caso, el partido logra con ello lo contrario de lo que pretende, es decir, una conexión más débil de los jueces federales con los partidos”, afirma Lorenz Langer y agrega que “esta acción fortalece a la iniciativa de justicia, que acaba de ser propuesta para su rechazo por el Consejo Federal [gobierno] sin una contrapropuesta”.

Reacción del Tribunal Federal

Hay una cosa más que llama la atención: la polémica elección de jueces tiene lugar solo cuatro días antes de una importante votación popular. El 27 de septiembre, el electorado suizo se pronunciará sobre la llamada «iniciativa de limitación», impulsada por la propia UDC. Un ataque a un juez «disidente de sus propias filas», que en materia de libre circulación de personas actúa de manera diferente al partido, puede quizás movilizar todavía a algunos votantes indecisos.

Donald Trump cuenta también con algo parecido: hace unos días publicó una lista de 20 candidatos políticamente adecuados para el Tribunal Supremo y a los que podría nominar si fuera reelegido el 3 de noviembre. Sin embargo, es interesante observar que estas maniobras de campaña electoral suelen tener otro efecto más allá de la movilización de su propio núcleo de votantes. Es probable que la polémica actual fortalezca, en lugar de debilitar, la conciencia pública sobre la separación de poderes y el Estado de derecho en Suiza. Mientras tanto, el Tribunal Federal atacado ha reaccionado sigilosamente: desde hace unos días, los nombres de los partidos que antes figuraban tras los nombres de los jueces federales han desaparecido de su página web.