Suiza-Unión Europea: un bloqueo sin precedente

ERASMUS, el programa de intercambio estudiantil ya ha sentido las consecuencias del distanciamiento. Keystone

Jamás Suiza y la UE conocieron una crisis de pareja como la actual. Su historia común siempre ha sido tormentosa, pero esta vez no se avizoran soluciones para la reconciliación.

“El bloqueo es sin precedente”, comenta el abogado suizo Jean Russoto, observador atento de la evolución de las relaciones entre su país y la UE. Tras el ‘no’ al Espacio Económico Europeo, en diciembre de 1992, la UE aceptó aventurarse a la única vía aún posible: el bilateralismo. Pero el pasado 9  de febrero, con el ‘sí’ en las urnas a la iniciativa ‘contra la inmigración en masa’, “ya no hay socio alguno que quiera realmente jugar con nosotros. La mecánica se rompió”, constata Russoto.

 Limites alcanzados

En realidad, un primer cerrojo fue colocado por la UE en 2010. Juzgó entonces que el sistema de acuerdos bilaterales sectoriales, que Berna diseñó a la medida,  había “alcanzado sus límites” y que, a falta de compromiso sobre nuevas reglas de juego en el ámbito institucional, la participación continua de Suiza en el mercado interior europeo no podía seguir. Algunos en Berna parecen haber subestimado la voluntad de la UE de barajar todas las cartas, a su modo. 

Acuerdos bilaterales con la UE

Berna y Bruselas firmaron el acuerdo de libre circulación de personas en 1999, junto con otros seis convenios.

El paquete contiene la denominada cláusula guillotina que puede anular todos los acuerdos si uno de ellos cae en desdicha.

De ahí su importancia, ya que garantizan a las empresas helvéticas el acceso al mercado único europeo.

Estos tratados abarcan diferentes sectores, desde la agricultura y el transporte, hasta la investigación y el comercio.

Uno de ellos autoriza a Suiza a exportar a todos los países miembros de la UE, sin necesidad de solicitar los permisos correspondientes país por país, un trámite que requiere tiempo y dinero.

Otro estipula que las empresas helvéticas puedan competir por la obtención de contratos en las mismas condiciones que las compañías con sede en la UE.

El acuerdo agrícola prevé tarifas reducidas para una serie de productos, entre ellos, quesos, frutas, verduras, carne y vinos.

Un acuerdo aéreo garantiza a las aerolíneas suizas el acceso al mercado europeo y viceversa.

Es evidente que en el futuro, Suiza no escapará más a la influencia de esos “jueces extranjeros” europeos a los que deshonra. Deberá reconocer el poder de la Comisión Europea en materia de la vigilancia y de la aplicación de los acuerdos. Y a un alto costo –la ruptura de los acuerdos– que podrá pagarse el lujo de ignorar las decisiones que el Tribunal de Justicia de la UE podría tomar, en caso de problema de interpretación del derecho comunitario que debe aplicar, sin discutir.

Tesoros de la imaginación

Berna espera encontrar honorables compromisos sobre estas espinosas cuestiones antes de que el actual jefe negociador de la UE, el irlandés David O’Sullivan, cambie de oficina y se dirija a Washington, en noviembre próximo.

Se requerirá de más tiempo –y, sobre todo, del despliegue de los tesoros de la imaginación que no se adivinan ahora- para derribar el segundo pestillo que los suizos mismos se colocaron el 9 de febrero pasado, al decidir pisotear el sacrosanto principio europeo de la libre circulación de personas.

La adopción de la iniciativa ‘contra la inmigración en masa’, traducida en un artículo constitucional que deberá precisarse en la legislación suiza en febrero de 2017 a más tardar, amenaza no solo el desarrollo de las relaciones entre Suiza y la UE, sino también el seguimiento de numerosos acuerdos que enlazan múltiples actividades de ambas partes, desde 1999. Esta iniciativa fue muy mal recibida por la Unión, que, por tanto, no ha roto todos los puentes.

‘Doble o nada’

Ciertamente, la UE suspendió la negociación de los acuerdos que permitía a los suizos estar plenamente asociados a numerosos programas europeos de investigación (Horizon 2020) y de educación (Erasmus +). Pero Bruselas reconoce que, vista la importancia de Suiza en la palestra europea de la investigación, “se reflexiona sobre la posibilidad de establecer una cooperación ‘ad hoc’, fuera de todo marco constitucional, que permitiría a los suizos estar integrados en ciertos programas específicos”.

La UE preservaría, así, sus propios intereses; y, por otra parte, mostraría este gesto de buena voluntad al pueblo suizo, con la esperanza, un poco trastornada, de que esta vecina ponga en cuestión, a finales de 2016, la instauración de ese artículo constitucional que exige la iniciativa popular aprobada en febrero. La idea sería que un nuevo voto popular evalúe el conjunto de la política de integración europea de Suiza. El ministro helvético de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, presidente este año de Suiza, evocó también esta pista.

“Todos los elementos están reunidos para establecer un ‘cara a cara’ saludable, pero no exento de peligros. Esto sería jugar casi como por el ‘doble o nada’”, comenta Jean Russotto.

Un derecho no negociable

La Unión Europea aceptó seguir las negociaciones con Suiza en diversos sectores (electricidad, acceso al mercado de productos químicos, productos agrícolas transformados, salud, protección al consumidor, etc.), pero fijando límites: los acuerdos podrán llegar a término, pero ninguno de ellos será firmado antes de que Suiza encuentre una “solución aceptable” al quebradero de cabeza que provoca el freno a la libre circulación de personas. Bruselas no está dispuesta a  discutir ni la reintroducción de contingentes ni la del sistema de preferencia nacional. Y el establecimiento, en noviembre próximo, de la nueva Comisión Europea –el Poder Ejecutivo del bloque comunitario-, no modificará esta posición.

El ex primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, que la presidirá, ha sido muy claro sobre el asunto en las audiciones previas a su envestidura en el puesto con varios grupos políticos representados en el Parlamento Europeo.

Mientras que el debate sobre la inmigración se intensifica en varios Estados miembros de la UE – Reino Unido, en particular-, Juncker subrayó que la libre circulación de trabajadores en Europa constituye “un derecho fundamental no negociable”. 

Traducido del francés por Patricia Islas