Una iniciativa popular contra la industria armamentística

Trabajador de la empresa de armamento Ruag en plena labor. Los adversarios de la iniciativa temen un debilitamiento de las grandes y pequeñas empresas que fabrican material bélico. Keystone/Peter Schneider

El 29 de noviembre el pueblo suizo votará una iniciativa de la izquierda que pretende prohibir que los grandes inversores, como el Banco Nacional Suizo, los fondos de pensiones y fondos privados de previsión financien a los productores de material de guerra.

Con la iniciativa popular «Por la prohibición de la financiación de los productores de material de guerraEnlace externo«, los representantes de la izquierda y de los Verdes exigen poner fin a ese tipo de inversiones.

Por otra parte, el Gobierno suizo estaría obligado a trabajar en la elaboración de un acuerdo internacional que previera una congelación general de estas inversiones para todo el sector bancario y de seguros.

La propuesta de endurecer la normativa que regula la financiación de los productores de material de guerra se enmarca en el contexto de los debates sobre estrategias de inversión ética en la economía.

Además de la enmienda constitucional relativa al sector armamentístico, el 29 de noviembre el electorado suizo también votará una iniciativa que pide que se impongan reglas de responsabilidad empresarial a las multinacionales suizas.

Esta iniciativa quiere obligar a las empresas multinacionales con sede en Suiza a cumplir los estándares laborales y de medioambiente también fuera de este país. En caso contrario, podrían ser sancionadas en Suiza por violaciones cometidas en el extranjero.

La iniciativa popular contra la financiación de los productores de material bélico fue lanzada por el Grupo por una Suiza sin Ejército (GSsE) y por los jóvenes Verdes. Pide que se prohíban las inversiones financieras suizas a empresas que producen material de guerra convencional.

Cualquier forma de apoyo financiero, incluyendo la oferta de crédito o la compra de acciones y bonos en una empresa de armamento, estaría prohibida.

La prohibición no se aplica a los fabricantes de equipos de doble uso. Solo se ven afectadas las empresas que generan más del 5% de su facturación anual con la producción de material de guerra, incluyendo fusiles de asalto, pistolas, tanques, aviones de combate y sus componentes.

Las inversiones y el comercio con armas biológicas, químicas y nucleares, así como de minas antipersonal y municiones en racimo, ya están prohibidas en Suiza.

Si la iniciativa fuera aprobada, el Banco Nacional Suizo, las compañías estatales de seguros de vejez e invalidez y las más de 1 500 cajas de pensiones profesionales tendrían que revisar sus carteras de inversión.

Según datos del Gobierno suizo, a finales del año pasado estas instituciones habían gestionado activos por valor de 1 770 millones de francos. Sin embargo, no está claro en qué medida la industria de armas nacional o extranjera se ha beneficiado de las inversiones suizas.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el capital financiero contribuye a avivar los conflictos armados en todo el mundo, lo que contrasta con la imagen de Suiza como país particularmente comprometido con la tradición humanitaria internacional.

Además, los impulsores de la iniciativa consideran que la financiación de los productores de material bélico se percibiría como una contradicción, dado el papel de la Confederación como mediador diplomático neutral en situaciones de conflicto.

Por último, la iniciativa también pretende dar un paso más hacia una mayor transparencia en el sector bancario suizo y hacia las inversiones sostenibles.

Para los adversarios, la iniciativa pacifista es perjudicial para los negocios, ya que limita la política de inversión del banco central suizo y las cajas de pensiones.

Su principal temor es que los grandes fabricantes de armas y las pequeñas y medianas empresas suizas que suministran componentes para la industria armamentista salgan perdiendo. Además, argumentan, la iniciativa es un ataque directo al ejército suizo.

En 2018, los promotores de la iniciativa entregaron un número suficiente de firmas -al menos 100 000, recogidas en 18 meses (iniciativa popular)- para forzar una votación nacional sobre el tema.

Para que la iniciativa salga adelante será necesario mayoría de votantes y mayoría de los 26 cantones del país, lo que en Suiza se denomina una doble mayoría.

En el sistema suizo de democracia directa, la aprobación de una iniciativa popular conduce a una enmienda de la Constitución Federal, que conlleva, en una etapa posterior, la elaboración de una ley de aplicación por parte del Parlamento.

Los partidos de la izquierda, incluidos el Partido Socialista y los Verdes, son los principales partidarios de la iniciativa. Varios grupos pacifistas y de derechos humanos también se han pronunciado a favor.

El Gobierno y la mayoría del Parlamento, incluidos todos los principales partidos de centro y derecha, recomiendan rechazar la iniciativa. Entre los adversarios también se encuentran círculos empresariales, y en particular el sector bancario y de seguros y la industria metalúrgica.

El Grupo por una Suiza sin Ejército es también el impulsor de otra iniciativa popular, que tiene como objetivo prohibir la exportación de armas a países en guerra o que violen sistemáticamente los derechos humanos. Aún no se ha fijado la fecha de esta votación.

En 2009, los votantes suizos rechazaron por abrumadora mayoría una iniciativa similar del GSsE.

Durante los últimos 30 años, los pacifistas han sometido a votación federal una serie de cuestiones relacionadas con las fuerzas armadas del país, como la compra de aviones de combate y el control de armas.

Traducción del inglés: José M. Wolff