«Una mentalidad de sospecha hacia el extranjero»
Los servicios secretos suizos violaron la ley de recopilación y conservación de informaciones en los años 90.
Werner Carobbio -uno de los principales protagonistas de la investigación sobre el escándalo de fichas de informaciones personales conservadas por las autoridades suizas- apunta a las autoridades y provoca un debate profundo en el Legislativo helvético.
El informe presentado el miércoles pasado (30.06) por la Delegación de las Comisiones de Gestión de las Cámaras Federales (DGC) reveló que los servicios secretos recolectaron informaciones sin verificar ni respetar los criterios prescritos en la ley. El asunto concierne a más de la mitad de los 200.000 registros personales del banco de datos relativos a la protección del Estado ISIS, creado en 1994.
La DCG subraya que aún actualmente este banco electrónico de datos está lleno de informaciones inútiles que pueden conducir a acciones inadecuadas e incluso poner en peligro la seguridad del Estado.
Y aunque el reciente informe no habla de un nuevo escándalo de fichas, como el ocurrido en los 90, muchos medios suizos sí lo han hecho, provocando estupor entre la opinión pública.
Preocupante
“Es preocupante porque demuestra que los servicios secretos suizos no han aprendido nada al respecto. Y es grave porque demuestra que la autoridad política no ha hecho prácticamentenada para tener bajo control la actividad de los servicios de investigación”, opina el ex diputado Werner Carobbio, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).
“Las normas legislativas son precisas. Se espera que las autoridades políticas las respeten”, subraya el socialista, que hoy continúa en la actividad parlamentaria a nivel cantonal y evidentemente sigue de cerca la política nacional. Por lo tanto, considera que “los responsables principales son el gobierno, los departamentos competentes y los consejeros federales” encargados en su momento de efectuar ese tipo de recolecta de perfiles informativos ilegales.
Ligereza
También imputa una cierta responsabilidad a la Delegación de las Comisiones de Gestión (DCG), cuya tarea ha sido vigilar esas actividades. En su opinión, la DCG ha actuado con ligereza, “confiándose demasiado” en las indicaciones proporcionadas por los servicios de información.
El ex legislador afirma que al la DCG cumplió su tarea adecuadamente al principio de su creación, pero “tengo la impresión de que con el paso del tiempo esta preocupación menguó y de eso se aprovecharon aquellos que viven de la manía de la sospecha”.
Caza al extranjero
Estos perfiles de información “absurdos” son fruto de una “mentalidad de sospecha hacia lo extranjero, hacia lo distinto al estereotipo suizo”, comenta Carobbio. Una mentalidad ya aparecida hace veinte años, pero que a juicio del ex legislador federal, ahora se ha reforzado. En 1989 estos ficheros recopilaban información de más personas extranjeras que suizas. “Pero se trataba sobre todo de extranjeros relacionados con actividades y movimientos de izquierda”, puntualiza.
Carobbio se pregunta “en qué medida la mentalidad de controlar a los extranjeros se convirtió en una forma de vademécum a desarrollar” en el Ministerio suizo de Justicia y Policía, cuando era dirigido por el entonces ministro Christoph Blocher, ya que en el informe se aprecia que la mayor parte de los ficheros corresponden a ese periodo.
Necesidad de debate
Este informe, “aunque tardío, es la ocasión para abrir un verdadero debate político sobre lo sucedido y el por qué pudo acontecer algo así”.
El Ejecutivo suizo dará su respuesta sobre el informe antes de octubre de este año y por ahora no se ha ordenado suspender la recolecta de datos de los servicios de información. El gobierno quiere primero analizar el informe. En lo que atañe al Parlamento, se ocupará del tema en la sesión estival.
Sonia Fenazzi, swissinfo.ch
(Traducción: Patricia Islas)
La Delegación de las Comisiones de Gestión de las Cámaras Federales (DGC) presentó un informe sobre la gestión del Servicio de Análisis y de Prevención (SAP) de los datos incluidos en el sistema de información relativo a la protección del Estado (ISIS).
Este documento de 76 páginas muestra que el fichaje de dos diputados de origen kurdo en la cámara baja de Basilea-ciudad sólo era la punta del iceberg.
Dado a conocer en 2008, este caso dio origen de la profunda investigación realizada por la DGC.
Según la DGC, el SAP no hizo nunca los controles prescritos para la mayor parte de las 120.000 personas y 80.000 terceros registrados en el sistema de información relativo a la protección del Estado (ISIS).
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