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Una tradición suiza que Europa descubre

El requisito en Suiza para votar una iniciativa es la recolecta de 100.000 firmas válidas. Christian Flierl

Los ciudadanos helvéticos, al igual que los de la Unión Europea (UE), tienen derecho a lanzar una iniciativa para exigir cambios. Aunque este instrumento político no tiene el mismo alcance en Suiza que en los Veintiocho, ambos pueden aprender de la experiencia del otro, sostiene Lorenz Langer, coautor de un estudio comparativo.

El investigador del Centro para la Democracia de la Universidad de Zúrich ha examinado minuciosamente los dos tipos de iniciativa, junto con su colega de la Universidad de Innsbruck (Austria), Andreas Th. Müller. Su trabajo revela que existen múltiples diferencias, pero también varias similitudes. En palabras de Lorenz Langer, los dos tipos de iniciativa son “parientes lejanos más que hermanos”.

La Iniciativa Ciudadana Europea entró en vigor en abril de 2012, mientras que la iniciativa popular suiza, en su forma actual, cuenta con más de 120 años de historia. Otra diferencia fundamental es su impacto dispar en la política (ver recuadro).

Lorenz Langer, Centro para la Democracia. c2d.ch

swissinfo.ch: ¿Los ciudadanos de la Unión Europea y los suizos lanzan iniciativas sobre temas análogos?

Lorenz Langer: Las cuestiones que les preocupan son muy similares. La diferencia reside en qué medidas estas preocupaciones pueden traducirse en una iniciativa.

Por ejemplo, después de la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011, tanto en Suiza como en países miembros de la UE se lanzaron iniciativas que reivindicaban el abandono nuclear.

En Suiza, se reunieron las firmas necesarias para exigir una votación nacional. La UE, en cambio, cortó de raíz los intentos, porque la propuesta no cumplía los criterios que establece Bruselas en la materia.

Se consideró que iba más allá de la competencia de la UE, ya que las cuestiones nucleares a escala europea están reguladas en un tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica.

Otro ejemplo es la iniciativa que reivindica la garantía de un salario mínimo y que los expertos declararon inadmisible por tratarse de un tema que no puede regularse a escala de la UE.

Los promotores de la iniciativa tuvieron que replantearse la cuestión y presentarla en otra versión: en lugar de pedir la introducción directa del salario mínimo, solicitaron que se llevaran a cabo estudios sobre la factibilidad y uso del mismo.

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swissinfo.ch: El estudio demuestra que la gran diferencia entre los dos sistema reside en el impacto político de las iniciativas. ¿Dónde es mayor?

L.L.: Potencialmente, en la UE no cambia nada, ni siquiera si la iniciativa reúne las firmas necesarias. La participación popular se detiene aquí. La Comisión Europea no está obligada por ley a implementar la propuesta: puede cambiarla o no adoptar medida alguna.

En Suiza, solamente el Parlamento puede declarar la invalidez de una iniciativa y en una medida muy limitada. Esto ha ocurrido solo cuatro veces desde la introducción de este instrumento político en 1891.

Si los promotores reúnen suficientes firmas y ganan la votación correspondiente, su propuesta se inscribe en la Constitución.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que surjan problemas cuando los cambios propuestos atañen a principios constitucionales en vigor u obligaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa Para el reenvío de los extranjeros que delinquen (iniciativa de repatriación), cuyos términos el Tribunal Federal decidió, en octubre de 2012, no aplicar.

Iniciativa ciudadana europea: incita a la Comisión Europea a proponer una ley sobre cuestiones que son competencia de la UE. Necesita el respaldo de al menos un millón de ciudadanos comunitarios, originarios de al menos 7 de los 28 Estados miembros. En cada uno de esos 7 países se necesita un número mínimo de firmas.

Los ciudadanos europeos pueden, en principio, firmar el texto en internet. Los requisitos formales están reglamentados a escala nacional. En algunos países, hay que indicar el número de pasaporte, en otros es suficiente el nombre.

Iniciativa popular suiza: enmienda constitucional. Los autores tienen que reunir un mínimo de 100.000 firmas en el plazo de 18 meses para que la propuesta se someta a una votación nacional. El Parlamento y el Gobierno debaten la propuesta y emiten recomendaciones destinadas a los votantes.

Hasta agosto de 2013, solamente 20 iniciativas superaron el veredicto de las urnas. Desde 1891, se han lanzado 420 iniciativas, de las cuales 184 se sometieron al veredicto de las urnas. Las demás fracasaron, al ser retiradas o invalidadas. Para ser aceptada, una iniciativa necesita la doble mayoría de votos: de los cantones y de los ciudadanos.

Hasta la fecha, hay al menos 16 las iniciativas que han reunido el número de firmas necesarias.

swissinfo.ch: ¿A qué se debe su actitud crítica hacia la manera como los dirigentes de la UE aplican la iniciativa ciudadana?

L.L.: Según el tratado de la UE, la Comisión y el Parlamento tienen que elaborar y adoptar un decreto, dar forma a una iniciativa popular. Pero en esta fase del proceso, ambas instituciones se han mostrado bastante escépticas frente a la participación ciudadana.

Los requisitos que han establecido para las iniciativas reflejan –por así decirlo- que no confían plenamente en la participación ciudadana.

swissinfo.ch: ¿Qué puede aprender Suiza de la manera como utiliza la UE este instrumento?

L.L.: Yo creo que muchos suizos ni se lo plantean, porque consideran que son los campeones indiscutibles de la democracia…

Pero nosotros también tenemos problemas: por ejemplo, el potencial de conflicto entre la democracia directa y los derechos humanos o el derecho internacional, como demostró la iniciativa sobre la repatriación de extranjeros que delinquen. Este conflicto ganó en visibilidad en los últimos años y volverá a producirse con la iniciativa para acelerar la aplicación de la expulsión automática.

No hemos encontrado la forma de equilibrar la democracia directa y los estándares internacionales. Actualmente, se estudian propuestas que prevén introducir un examen preliminar, pero no vinculante, de las iniciativas, o invalidar las iniciativas que violan la esencia de los derechos fundamentales.

Pero no hay unanimidad en torno a lo que significa esencia. El término requiere una interpretación por parte de los juristas y la justicia. A mi juicio, la solución menos satisfactoria es que tengan que decidir los tribunales.

Bruselas afrontó este problema desde el inicio. Estableció claramente que cualquier iniciativa que va en contra de los principios de la UE queda eliminada. Estos valores fundamentales comprenden el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la defensa de los derechos de las minorías.

Los autores –Lorenz Langer, del Centro de la Democracia de la Universidad de Zúrich, y Andreas Müller, de la Universidad de Innsbruck (Austria)- consultaron documentos legales.

Su trabajo sobre la iniciativa ciudadana europea se centra en las restricciones relativas al contenido de las iniciativas y establece una comparación entre Suiza y la UE.

Langer, historiador y experto en leyes, puso especial énfasis en los 120 años de historia que tienen las iniciativas en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Qué medidas se necesitan para que la UE sea un bloque más democrático?

L.L.: Puede parecer contradictorio, pero en el caso de la iniciativa ciudadana europea, más democracia implicaría otorgar más poderes a la UE. Muchas iniciativas se anulan porque abordan un tema que no es competencia de Bruselas. Los defensores de la democracia directa entre los miembros de la UE tienden a ignorar este hecho.

El Tribunal y el Parlamento Europeos deben ejercer presión para que la Comisión sea favorable a las iniciativas con el fin de acercar la UE a sus ciudadanos.

swissinfo.ch: ¿En qué medida las iniciativas permiten medir los éxitos y los fracasos de la democracia directa?

L.L.: Es una pregunta compleja. Depende de múltiples factores. En primer lugar: ¿Qué permite concretizar la iniciativa y quién está detrás? Siempre existe un riesgo de que los políticos exploten una democracia plebiscitaria. Cuando les conviene reclamar el voto de los ciudadanos, la utilizan como instrumento político para tener una legitimidad democrática.

Por esta razón, la democracia directa requiere cierta tradición política. Los políticos aceptan que los ciudadanos tengan la última palabra, si eligen la opción de las urnas.

Otro problema radica en la situación geopolítica específica. La democracia directa es más fácil de aplicar en un país pequeño como Suiza, con una población bastante homogénea. En comparación, puede resultar difícil encontrar temas relevantes para el conjunto de la UE.

Traducción del inglés: Belén Couceiro

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