Una iniciativa contra la penalización fiscal de los matrimonios
Se trata de evitar la discriminación de los matrimonios frente a las parejas de hecho en materia fiscal y de seguridad social, dicen los partidarios. La medida impide extender el derecho del matrimonio a los homosexuales y a la imposición individual, según los detractores. El 28 de febrero, los suizos tienen la última palabra sobre la iniciativa ‘Por el matrimonio y la familia’ del Partido Demócrata Cristiano.
La denominada penalización fiscal de los matrimonios frente a las parejas de hecho es un tema recurrente desde hace décadas en Suiza. En un fallo de 1984, el Tribunal Federal dictaminó que los impuestos de un matrimonio son anticonstitucionales si superan el 10% de la suma que los cónyuges pagarían de no estar casados.
La diferencia se debe a que en el cálculo del impuesto sobre la renta de los matrimonios, los ingresos se suman, mientras que en el caso de las parejas de hecho la tributación es individual. Debido a la imposición progresiva, un matrimonio con dos ingresos paga, por tanto, más que si viviera en concubinato.
Tras el dictamen del Tribunal Federal, todos los cantones adoptaron medidas correctivas –por ejemplo, un sistema de ‘splitting’ total o parcial (tributación a tipos inferiores), tasas de imposición diferentes, deducciones o rebajas– para aliviar la carga fiscal de los cónyuges y las uniones homosexuales registradas como parejas de hecho.
Impuestos federales diferentes
A escala nacional, en cambio, todas las propuestas de reforma fiscal han fracasado. La única modificación que triunfó para calcular el impuesto federal directo fue la introducción de una desgravación para las parejas casadas y de una desgravación mayor para los cónyuges con dos ingresos.
Esto permitió eliminar la discriminación derivada de la acumulación de ingresos para gran parte de los matrimonios y de las uniones registradas. Pero no todas: hoy en Suiza, cerca de 80 000 parejas sufren penalización fiscal por el hecho de estar casadas o registradas como unión de hecho.
El texto de la iniciativa
La iniciativa popular ‘No a la penalización del matrimonioEnlace externo’ quiere agregar el siguiente párrafo al artículo 14 de la Constitución relativo al matrimonio y a la familia:
“El matrimonio es la unión duradera y reglamentada por ley entre un hombre y una mujer. Desde el punto de vista fiscal, el matrimonio constituye una comunión económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro) considera esta situación anticonstitucional e intolerable. En 2011, el PDC lanzó la iniciativa ‘Por el matrimonio y la familia – No a las desventajas para las parejas casadas’ y reunió las firmas necesarias para someterla a votación popular. El partido recurrió a este instrumento de democracia directa “para poder actuar contra una injusticia absurda, dado que las instituciones no lo hacen”, afirma el diputado del PDC y miembro del comité de la iniciativa, Marco Romano.
El Gobierno, convencido de la necesidad de actuar, había recomendado al Parlamento la aprobación de la iniciativa. Pero los demás partidos, a excepción de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), se opusieron a la propuesta del PDC. Resultado: la mayoría de las dos cámaras votaron contra la propuesta.
¿Matrimonio solo entre un hombre y una mujer?
Mucha polémica genera la definición del matrimonio como “la unión duradera y reglamentada entre un hombre y una mujer”. Con esta iniciativa, lo que en realidad quiere el PDC es inscribir en la Constitución suiza una concepción del matrimonio conservadora, retrógrada, que impediría abrirlo a los homosexuales”, sostiene la diputada verde liberal, Kathrin Bertschy.
A su juicio, “para eliminar la discriminación fiscal de 80 000 parejas, que constituyen el 5% de todas las parejas casadas o en una unión registrada, se introduciría en la Constitución una discriminación mayor: se daría claramente ventaja a la noción tradicional del matrimonio que defienden los demócrata cristianos respecto a los demás modelos de vida”. Y el alcance de esta definición va mucho más allá de los ámbitos fiscal y de la seguridad social, sostiene Bertschy.
Marco Romano rechaza estas acusaciones. El diputado recuerda que a través de una propuesta en la cámara alta “nosotros tendimos la mano cuando propusimos suprimir la definición del matrimonio e introducir explícitamente también la unión registrada. Pero nuestra propuesta no fue aceptada. Por tanto, esto demuestra que la discriminación de las parejas homosexuales es un argumento instrumentalizado”.
El escollo de la comunión económica
Para Kathrin Bertschy, en cambio, el texto contiene la prueba de que el objetivo real de la iniciativa reside en terminar con una injusticia en el sistema fiscal. Al precisar que el matrimonio constituye una comunión económica, el texto “excluye el mejor instrumento con el que se podría eliminar la diferencia de trato fiscal, es decir, la imposición individual. Esta permitiría tratar a todos de forma igualitaria”, sostiene. La diputada verde liberal anota, además, que “no hay que olvidar que actualmente las desventajas fiscales afectan a más parejas que viven en concubinato que a parejas casadas”.
“Nosotros queremos resolver el problema con celeridad, de modo sencillo. Por ejemplo, mediante la introducción de un modelo de ‘splitting’ como hicieron la mayoría de los cantones”, subraya Marco Romano. “Algunos partidos alimentan el debate sobre la imposición individual. La realidad es que, en general, los cantones son muy escépticos, porque conllevaría una enorme carga administrativa adicional y un largo proceso legislativo. Si un día se optara por la tributación individual, se podría modificar el sistema”.
Iniciativas gemelas
Junto con la iniciativa ‘Por el matrimonio y la familia – No a las desventajas para las parejas casadas’, el Partido Demócrata Cristiano lanzó también la iniciativa denominada ‘Apoyar a las familias. Exentar de impuestos las asignaciones por hijo y de formación’. La propuesta se votó el 8 de marzo de 2015: tres de cuatro votantes y todos los cantones la rechazaron.
Pero una enmienda constitucional requiere una votación obligatoria y la doble mayoría de votos populares y cantones. Por esa razón, la mayoría de las dos cámaras parlamentarias no quiso hipotecar el futuro. Una motivación que, según Marco Romano, es un pretexto: “Se quiere anticipar un asunto político del futuro para frenar una iniciativa popular que se refiere a una realidad declarada ilegal desde hace 30 años”.
AVS entre desventajas y privilegios
También se formularon objeciones respecto a las desventajas de los matrimonios en la seguridad social. La iniciativa del PDC se propone, en primer lugar, eliminar el tope de las rentas del Seguro de Vejez y Supervivientes (AVS) para los matrimonios: Actualmente, la suma de las dos rentas individuales de los cónyuges no puede superar el 150% de la renta máxima del AVS. Cerca del 86% de los matrimonios jubilados perciben así rentas inferiores a las que cobrarían si vivieran en concubinato.
Pese a ello, “en el AVS se deben tener en cuenta también todos los beneficios a los que tienen derecho los cónyuges y de los que no gozan las parejas que viven en concubinato. Las ventajas para los matrimonios superan claramente las desventajas: La Oficina Federal de Seguros Sociales indica que el saldo positivo es de 800 millones al año”, precisa Kathrin Bertschy. Si se quisiera abolir el límite de las rentas de los matrimonios, no quedaría más remedio que revisar todo el sistema del AVS. Y además se plantearía el problema de la financiación.
Aun así, el PDC sigue determinado a luchar por la supresión de este límite, porque lo considera una injusticia.
La última palabra la tiene la población, el 28 de febrero. Para ser aprobada, la iniciativa necesita, además de una mayoría de votos populares, una mayoría de cantones a favor.
Traducción del italiano: Belén Couceiro
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