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¿Podrá seguir recaudando los impuestos la Confederación?

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El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es la principal fuente de ingresos de la Confederación, seguido del impuesto federal directo (IFD): juntos representan casi dos tercios del total de ingresos. El pueblo suizo es convocado el 4 de marzo para decidir si renueva para otros 15 años la autorización a la Confederación de su recaudación. Keystone

Autorizar a la Confederación a cobrar el impuesto federal directo (IFD) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para otros 15 años: ésta es la decisión que deberá tomar el pueblo suizo el 4 de marzo. En juego están casi dos tercios del caudal fiscal. Sin embargo, esta votación no ocasiona ni la más mínima incertidumbre: nadie lucha contra el decretoEnlace externo.

Son dos de los principales recursos financieros de la Confederación: en 2016, el IFD y el IVA han aportado a las arcas federales algo más de 43 500 millones de francos, lo cual equivale a casi el 65% de los ingresos.

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Con ocasión de la presentación del Nuevo Régimen Financiero (NOF 2021Enlace externo), y con vistas a la votación popular del 4 de marzo, el ministro helvético de Finanzas, Ueli Maurer, ha sido claro: sin estos dos impuestos la Confederación tendría que ponerse de rodillas. Solo “con un tercio de los ingresos, sencillamente, ya no nos sustentaríamos financieramente”.

Solo el plazo sería nuevo

El NRF 2012 no comporta ningún cambio en los dos impuestos: ni subidas, ni reducciones. No se vota sobre los tipos impositivos del IFD y del IVA, sino sobre el principio —anclado en la Constitución— de que la Confederación pueda recaudarlos, aunque en plazos determinados: hasta el año 2035. Luego, el Gobierno tendrá de nuevo que pedir autorización.

Se trata de un principio ampliamente consolidado. Se encuentra inscrito en la Constitución federal desde hace ya casi 60 años, y, reiteradamente, el pueblo y los cantones siempre han avalado su renovación.

Que se encuentre firmemente arraigado en la mentalidad colectiva lo demuestra el hecho de que ambas cámaras federales hayan aprobado por unanimidad la propuesta gubernamental de prolongar el plazo por otros 15 años.

En el Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento federal) se ha debatido brevemente sobre la oportunidad, ya sea de reducir a diez años el nuevo plazo, como lo propuso la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora), o bien de anular el plazo temporal y, de esta forma, conceder definitivamente a la Confederación la facultad de recaudar ambos tributos, como lo deseaban socialistas y verdes. Sin embargo, ambas propuestas no han recibido ningún apoyo, más allá de los partidos que lo han propugnado. Al final, nadie se opuso a la prórroga de 15 años. En cuanto a la cámara de los cantones, no ha habido ningún debate: los senadores dieron inmediatamente su beneplácito unánime.

La madre de todas las catástrofes

Al principio, también el Gobierno prefirió suprimir el plazo. Efectivamente, si se tiene en cuenta la importancia vital de estos ingresos, hubiese sido para la Confederación más oportuno garantizar su continuación.

Sin embargo, en la consulta preliminar se vio que casi todos los partidos eran contrarios. El Ejecutivo renunció, pues, a presentar una propuesta de ley que no hubiese alcanzado una mayoría en el parlamento. Mientras que, por el contrario, el NRF 2021 sí logró un apoyo sin fisuras.

Tratándose de una enmienda constitucional, el nuevo plazo debe someterse obligatoriamente a votación popular, y para su aprobación se requiere de la doble mayoría de votos, tanto de los votantes como de los cantones.

Todos los partidos recomiendan votar ‘sí’, y también los cantones —que cobran el 17% del total del impuesto federal directo—  defienden al unísono el voto a favor. Ni siquiera en la ciudadanía se han levantado voces contrarias a este propósito. Todo apunta, pues, a un gran éxito.

Pero si el 4 de marzo, en contra de todas las expectativas, saliera un no de las urnas, ¿qué pasaría? “Sería la madre de todas las catástrofes”, espetó Ueli Maurer en la rueda de prensa. El ministro añadió que “no existe ningún plan B”: sería imposible encontrar fuentes de ingresos alternativas tan caudalosas o hacer recortes de esta envergadura, además en plazos tan breves. A partir del 1º de enero de 2021, la Confederación ya no podría desempeñar la mayoría de las propias tareas.

Caso único en el mundo

Por remota que pueda parecer esta hipótesis en el contexto actual, el hecho de que el Estado deba pedir a la ciudadanía, en plazos reiterados, el permiso para continuar imponiendo tasas es, por lo menos, singular, además de potencialmente arriesgado. Es un “caso único en el mundo” que deja “sin palabras” a los ministros de Hacienda de otros países cuando el tesorero de la Confederación les explica los procedimientos suizos, reconoce el propio Ueli Maurer.

Esta peculiaridad se debe al sistema de la democracia directa suiza, agregó el ministro. “El pueblo es soberano y me parece justo pedirle autorización para poder continuar recaudando impuestos.”

Según el tesorero de la Confederación, someterse cada 15 años al examen de la situación es un ritmo “razonable”. De esta manera se establece un diálogo que refuerza el sentido de responsabilidad del Estado y de la ciudadanía.

Provisionalidad desde hace más de un siglo

La temporalidad de la autorización para recaudar impuestos también tiene sus raíces históricas en el federalismo. Cuando nació el Estado federal en 1848, la Confederación, que a la sazón tenía competencias muy limitadas, solo podía cobrar derechos aduaneros, mientras que la recaudación de los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio era un derecho exclusivo de los cantones.   

La primera vez que la Confederación recaudó impuestos directos fue en 1916, y lo hizo solo por un período de dos años como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero con el tiempo, estos impuestos extraordinarios se hicieron cada vez más frecuentes. Desde el año 1958 están inscritos en la Constitución federal, aunque siempre por un período limitado. El impuesto sobre el que se votará el 4 de marzo significaría la novena prorrogación.




(Traducción. Antonio Suárez Varela)

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