La homofobia, ¿delito u opinión?

En Suiza, como en cualquier otro lugar del mundo, la comunidad LGBTIQ continúa siendo objeto de ataques y actos de discriminación. Keystone / Jagadeesh Nv

¿Sigue siendo admisible hoy día discriminar a las personas homosexuales? A esta cuestión deberá responder el pueblo suizo el próximo 9 de febrero. Un comité compuesto principalmente por políticos ultraconservadores lanzó con éxito un referéndum contra una nueva norma penal que sanciona la homofobia, argumentando que suponía una restricción de la libertad de expresión. La comunidad LGBTIQ está seriamente preocupada.

En Suiza, los jóvenes gays, lesbianas o bisexuales tienen de dos a cinco veces más riesgo de intentar suicidarse que los heterosexuales. Los datos facilitados por el proyecto “salud gay” ponen de relieve la amplitud del problema. Además, son víctimas de numerosas agresiones e insultos homófobos, de los que regularmente informan los medios de comunicación. La mayor parte de los países europeos han legislado en esta materia. Francia, Austria, Dinamarca y Países Bajos se han dotado de leyes que permiten castigar penalmente la homofobia.

En cambio, en Suiza no existe una legislación que proteja a las personas LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer) como colectivo. El artículo 261 bis del Código PenalEnlace externo, conocido como norma antirracista, sanciona tanto la discriminación por motivo racial, étnico o religioso, pero no por orientación sexual o identidad de género. Una laguna que ha valido a Suiza la amonestación de diversas organizaciones internacionales, entre las que figuran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -en su último “Examen periódico anualEnlace externo”-, así como la Comisión Europea contra la Intolerancia. 

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Actualmente, en caso de agresión física la naturaleza homofóbica del ataque no está reconocida por la ley. Ni siquiera comentarios del estilo de “todos los homosexuales a los campos de concentración” pueden ser perseguidos penalmente. Además, el Tribunal Federal (la más alta instancia judicial de Suiza) ha negado la capacidad para actuar a las asociaciones de protección de los derechos de las personas LGBTIQ.

El proyecto del Parlamento

Para mejorar la protección de las minorías sexuales el Parlamento aprobó una revisión de la ley promovida por la iniciativa parlamentaria presentada por el diputado socialista Mathias Reynard en 2013. El proyecto propone completar la norma antirracista añadiendo la discriminación basada en la orientación sexual.

Sin embargo, en el Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento) los senadores se negaron a ampliar el artículo a los casos de discriminación relacionada con la identidad de género, es decir, a personas transexuales o intersexuales. La mayoría de los senadores consideró que la identidad de género era un concepto “demasiado vago”. Por lo tanto, las personas transexuales o intersexuales no se beneficiarán de una mejora de la protección.

El autor de una infracción a la norma antirracista se arriesga a ser condenado a una pena de hasta tres años de cárcel. Como este tipo de delito se persigue de oficio, las autoridades tendrán que intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de actos de odio o discriminación por la orientación sexual. Sin embargo, a las asociaciones se les continúa negando el derecho a ser parte en una causa, así como el derecho de recurso.

¿Quién está en contra?

La Unión Democrática Federal (UDF), un pequeño partido cristiano ultraconservador, ve la nueva norma como un ataque a la libertad de expresión. Este partido, que ya en 2004 se opuso al reconocimiento y registro de las parejas de hecho, ha optado en este caso por la vía del referéndum. En el plazo legal consiguió reunir más de las 50 000 firmas necesarias para poderlo presentar, a pesar de una polémica por el método utilizado para recoger las iniciales. Por lo tanto, la última palabra la tendrá el pueblo, que el 9 de febrero deberá pronunciarse sobre la cuestión de si es aceptable discriminar en Suiza a lesbianas y homosexuales.

Dos comités lideran la campañaEnlace externo contra la norma que penaliza la homofobia. El primero está compuesto principalmente por miembros de la UDF y de la Unión Democrática de Centro (UDC/ derecha conservadora). El segundo está formado por personas del colectivo LGBTIQ, que aseguran querer disfrutar de los mismos derechos pero que rechazan cualquier protección particular.

Los adversarios de la ampliación del artículo 261bis del Código Penal lo califican de “ley de censura”. Pero ¿qué es lo que temen no poder decir? Marc Früh, representante de la UDF en la Suiza francófona, afirmó en Radio Télévision Suisse (RTS) que “un médico debería poder explicar los aspectos positivos, pero también los negativos de la homosexualidad”, sin temor a ser denunciado. El comité cree también que el dueño de un hotel debería poder negarse, por razones de conciencia, a alquilar una habitación a una pareja homosexual o un pastelero a hacer una tarta de novios.

+ La entrevista completa al representante de la UDF, Marc Früh

¿Quién está a favor?

Con excepción de la UDC, todos los principales partidos, así como el gobierno, apoyan el proyecto del Parlamento y desean mejorar la protección de las minorías sexuales.

Inmediatamente después de la presentación de la solicitud de referéndum, las organizaciones de defensa de los derechos de las personas homosexuales crearon el comitéEnlace externo “Para una protección contra la discriminación – sí”.

El comité recuerda que una persona víctima de una agresión física o de insultos personales debido a su orientación sexual ya dispone de la posibilidad de presentar una denuncia. Sin embargo, cuando la injuria afecta al conjunto de un colectivo, por ejemplo, personas homosexuales, “las leyes actuales son completamente inútiles”. “Algunos discursos son una incitación a la violencia. Es este odio el que hace que un padre mate a su hijo porque es gay o que se dé una paliza en plena calle a una pareja de mujeres porque van cogidas de la mano”, afirma en un comunicadoEnlace externo Muriel Waeger, directora en la Suiza francófona de Pink Cross y de la “Organisation suisse de lesbiennes (Organización suiza de Lesbianas).

Ausencia de datos

En Suiza es difícil cuantificar el problema de la homofobia porque las autoridades no llevan un registro de los delitos homófobos. Desde noviembre de 2016, el servicio de asistencia LGBT+HelplineEnlace externo registra los casos de homofobia o transfobia que le son denunciados. Entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017 se declararon 95 casos, es decir, casi dos por semana.

Las asociaciones de defensa de las personas LGBTIQ están convencidas de que estas cifras solo son la punta del iceberg. Por esa razón vienen reclamando desde hace varios años estadísticas nacionales completas sobre esta problemática. El pasado mes de septiembre, el Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento) aprobó una moción sobre el tema presentada por la diputada del Partido Burgués Democrático (PBD / derecha) Rosemarie Quadranti.

El texto debe aún ser aprobado por el Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento). Así mismo, en trece cantones se han presentado mociones exigiendo el establecimiento de registros. Por su parte, la ciudad de Zúrich se ha comprometido ya a recopilar estos datos.

Sin embargo, los datos puestos de manifiesto por estudios y análisis llevados a cabo en otros países revelan una tendencia inquietante. En Francia, los delitos homofóbicos aumentaron un 34,3% en 2018, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. La asociación SOS-Homophobie (SOS-Homofobia) asegura que en el caso de la lesbofobia se llegó incluso hasta el 42%.

El artículo antirracista del Código Penal

El artículo 261bis del Código PenalEnlace externo, conocido como norma antirracista, entró en vigor el 1 de enero de 1995. Fue aprobado como consecuencia de la adhesión de Suiza a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965. En su mensajeEnlace externo, el gobierno explicó haber renunciado deliberadamente a incluir otros criterios como “el sexo, la orientación sexual o las creencias ideológicas”. En aquel momento el Ejecutivo consideró que haberlos incluido habría desbordado su marco de actuación. Posteriormente, el Parlamento decidió completar el proyecto de ley del Consejo Federal (Gobierno suizo) prohibiendo la negación, minimización grave o justificación de un genocidio o de cualquier otro crimen contra la humanidad.

Traducción el francés: José M. Wolff