La responsabilidad empresarial divide a las empresas y a la sociedad civil

El trabajo infantil abusivo es uno de los problemas que la iniciativa intenta abordar. Hoshang Hashimi/AFP

Una amplia alianza de grupos de la sociedad civil quiere establecer nuevas reglas para las empresas con sede en Suiza que ejercen su actividad en el extranjero. El pueblo suizo decidirá sobre esta iniciativa el 29 de noviembre.

Representa la culminación de más de diez años de campañas a favor de los derechos humanos y la protección del medioambiente por parte de organizaciones no gubernamentales suizas, que cuentan principalmente con el apoyo de la izquierda política.

La votación se considera potencialmente perjudicial para las multinacionales suizas y la economía del país, ya que pone de relieve criterios éticos en los negocios y prácticas supuestamente inadecuadas.

Un problema similar plantea una iniciativa que pretende prohibir las inversiones en las empresas de fabricación de armamento, y que será también objeto de votación a nivel nacional el 29 de noviembre.

La iniciativa, denominada «empresas responsables», pretende concretamente que las empresas suizas sean responsables de sus actividades comerciales en el extranjero cuando vulneran los derechos humanos y la protección del medioambiente.

Las violaciones de estos derechos, incluyendo el trabajo infantil abusivo o las emisiones tóxicas nocivas, podrían ser motivo de acciones legales.

Como parte de sus obligaciones si la iniciativa resultara aprobada, las empresas suizas deberán revisar todas sus actividades comerciales para identificar riesgos potenciales para las personas y el medioambiente. Las empresas tendrán que tomar medidas eficaces para combatir los efectos negativos y deberán informar periódicamente sobre las medidas puestas en marcha.

Uno de los principales puntos conflictivos de la iniciativa es hasta dónde se puede hacer responsable a las empresas con sede en Suiza de los daños causados ​​por sus prácticas.

Asimismo, hay falta de acuerdo sobre si las pequeñas y medianas empresas suizas estarían también sujetas a la misma legislación que las multinacionales con sede en Suiza.

Otra cuestión pendiente es saber si la ley propuesta obligará también a las empresas en el extranjero que están bajo el control de una empresa con sede en Suiza, pero que no son propiedad de ella.

Igualmente controvertida es la denominada inversión de la prueba. Se trata del principio según el cual una empresa acusada de una violación de derechos debe demostrar de manera creíble que ha tomado las medidas adecuadas para quedar eximida de esa responsabilidad.

Los expertos aseguran que estas cuestiones podrían terminar convirtiéndose en el centro de futuros debates políticos en Suiza si la iniciativa se aprueba en las urnas, ya que correspondería al Parlamento elaborar una ley de aplicación detallada para implementar la iniciativa.

El Parlamento ya ha aprobado una enmienda legal suavizada (contraproyecto) sobre la responsabilidad empresarial, en el  caso de que la iniciativa fuera rechazada.

Los partidarios de la iniciativa aseguran que los numerosos casos de injusticia empresarial en el extranjero -que van desde condiciones laborales catastróficas hasta la falta de protección del medioambiente-, por parte de empresas con sede en Suiza, particularmente en el sector de las materias primas, hacen que la acción sea inevitable.

Afirman que las empresas suizas tienen la obligación moral de adherirse a los principios sobre las empresas y los derechos humanos adoptados por Naciones UnidasEnlace externo Enlace externoen 2011. Los acuerdos no vinculantes y las campañas nacionales de concienciación no son suficientes, argumentan los activistas de la iniciativa.

Rechazan, además, las acusaciones de que las pequeñas y medianas empresas de Suiza, que son la columna vertebral de la economía helvética, vayan a verse gravemente afectadas por las nuevas normas de responsabilidad.

Por su parte, los adversarios dicen que la iniciativa plantea exigencias extremas y debilita la ventaja competitiva de las empresas suizas en un momento en que la economía se ve fuertemente afectada por la crisis de la COVID-19.

Además, han advertido sobre la posible pérdida de puestos de trabajo en Suiza, ya que las multinacionales podrían decidir dejar su sede para trasladarse a otro lugar, todo ello en una creciente oleada de disputas legales.

También argumentan que el apoyo a la iniciativa impulsaría a las empresas a reducir la inversión en las infraestructuras de las economías emergentes y los países en desarrollo donde operan.

Un contraproyecto parlamentario, que excluye la obligatoriedad, sería una opción alternativa para mejorar la protección ambiental y combatir las violaciones de los derechos humanos, según afirman los adversarios.

En 2016, los activistas entregaron más de 120 000 firmas recogidas en 18 meses para forzar una votación nacional sobre el tema.

La iniciativa popular se produjo a raíz de una petición no vinculante de una coalición de ONG presentada cuatro años antes, en la que se pedía a las autoridades suizas que garantizaran que las empresas con sede en Suiza respetaban los derechos humanos y las normas ambientales en sus prácticas comerciales en todo el mundo.

Pero ni la petición a las autoridades suizas ni las propuestas lanzadas en el Parlamento tuvieron mucho efecto, según las ONG.

Los procedimientos establecidos en el Parlamento, incluidos los esfuerzos para elaborar opciones alternativas, no finalizaron hasta 2019 y a partir de ese momento se estableció una fecha para una votación a nivel nacional.

Será necesaria una mayoría de votos, así como mayoría de los 26 cantones del país (lo que en Suiza se denomina una “doble mayoría”) para que la iniciativa se apruebe en las urnas el 29 de noviembre.

En el sistema suizo de democracia directa, la aprobación de una iniciativa popular por parte del electorado conlleva una modificación en la Constitución federal, lo que da lugar a una serie de enmiendas legales sobre las que el Parlamento tendrá que decidir en una etapa posterior.

Lanzada por un grupo de 60 organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa enfrenta a la izquierda política con la derecha, incluida la comunidad empresarial.

El centro político está dividido, con varios partidos o miembros prominentes que se han alineado del lado de los partidarios de la iniciativa. La comunidad empresarial tampoco está unida. Ha habido desacuerdos entre la Federación Empresarial Suiza (economiesuisse), que representa a las grandes empresas, y otras asociaciones.

La participación de la sociedad civil en la campaña abarca desde grupos de derechos humanos y asociaciones de mujeres hasta sindicatos y comunidades eclesiásticas.

Tanto el Gobierno como el Parlamento han recomendado a los votantes el rechazo de la iniciativa.

Según el Gobierno, si el electorado aprobara la propuesta, Suiza tendría las reglas de responsabilidad más estrictas en comparación con otros países.

Sin embargo, los partidarios dicen que la iniciativa permitiría a Suiza unirse a un grupo de países europeos que cuenta con una legislación similar.

Francia, Italia y Gran Bretaña disponen ya de leyes sobre responsabilidad empresarial. Otros países están planeando medidas similares. La Unión Europea ha anunciado que modernizará la regulación sobre esta materia el próximo año.

La cuestión de la responsabilidad empresarial ha sido noticia en Suiza durante más de una década y la votación del 29 de noviembre se considera crucial para la comunidad empresarial suiza.

Los analistas políticos han comparado la iniciativa de responsabilidad empresarial con otros intentos anteriores de frenar los excesos empresariales conocidos, en particular la exitosa iniciativa contra los salarios desorbitados de los altos ejecutivos en 2013, la denominada ‘Iniciativa Minder’.

Los activistas optaron por dirigirse e involucrar desde el primer momento a los grupos de interés, incluyendo a académicos y políticos y empresarios de centro.

A favor de la iniciativa se ha pronunciado una alianza de más de 130 grupos de la sociedad civil. La implicación de representantes de las dos iglesias principales del país, católicos y protestantes, son inusuales en la política suiza.

Por otra parte, las banderolas en el exterior de las casas particulares mostrando su apoyo a la iniciativa han dado a la campaña una visibilidad poco frecuente.

Según algunas informaciones, los adversarios han invertido alrededor de 8 millones de francos suizos ($ 8,8 millones) para luchar contra la iniciativa, pero no se dispone de cifras exactas porque en Suiza no hay transparencia sobre la financiación política. Los activistas de la iniciativa aseguran que no cuentan con ningún patrocinador especial, sino con el apoyo de voluntarios y de miles de pequeñas contribuciones.

Traducción del inglés: José M. Wolff