¿Y si el pueblo no siempre tuviera razón?

El principio de proporcionalidad es uno de los pilares del Estato de derecho. akg-images.de

En los últimos años, varias iniciativas populares han despertado dudas sobre su aplicabilidad. La más reciente es la que se votó este domingo sobre la pederastia. No solo está en juego el Estado de derecho, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“Todos coinciden en que los pederastas no deben tener contacto con los niños. El problema es otro: la iniciativa prohíbe de forma automática e irreversible que una persona condenada por pederastia trabaje con menores. Y esto contradice el principio de proporcionalidad, uno de los pilares de la Constitución suiza”.

Claude Rouiller, antiguo juez federal, expone que la iniciativa de la asociación Marche Blanche, que los suizos aprobaron el 18 de mayo, plantea un serio problema en términos de aplicación y coherencia con los principios de la Constitución, “que –de la misma manera que un cuerpo humano– debe ser ponderada en todas sus partes”.

“Para garantizar la proporcionalidad, se tienen que sopesar dos factores: por un lado, la protección del individuo –en la que se basa todo Estado democrático– y, por otro, la salvaguarda del orden público”, explica el magistrado. En otras palabras, los medios utilizados deben ser coherentes con el objetivo, en este caso, la protección de la infancia. “Desde mi punto de vista, cualquier automatismo –que impida a los jueces tener en cuenta el contexto o el grado de culpabilidad- es en sí desproporcionado”.

Igualmente problemático es el carácter irreversible de la prohibición de ejercer una actividad profesional que estipula la iniciativa, anota Claude Rouiller. “Es imposible e injusto establecer a priori, aunque es legítimo que nos invada la rabia o el miedo, que una persona que haya infringido la ley no pueda rehabilitarse. Hay estudios que demuestran que se pueden curar ciertos tipos de pederastia”.

¿Dos pesos, dos medidas?

Al igual que Claude Rouiller, los detractores de la iniciativa evocaron el riesgo de una violación del Estado de derecho durante la campaña previa a la votación. Un argumento de peso, pero sin duda difícil “de vender”. Ni siquiera los expertos lograron una posición unánime.

Paolo Bernasconi, abogado y exfiscal del Tesino, defendió el texto de Marche Blanche y está convencido de que el principio de la proporcionalidad no peligra. “El pederasta condenado está limitado únicamente en su libertad de elegir entre una infinidad de oficios. Me parece una restricción de derechos mínima respecto al objetivo, que es proteger de los abusos sexuales a los menores y a las personas dependientes”.

Cabe señalar que el Código Penal, cuya revisión el Parlamento aprobó el año pasado, contempla la prohibición de ejercer una actividad profesional, pero en este caso quienes deciden si hacen uso de ella son los jueces.

El profesor Bernasconi, sin embargo, considera que el automatismo es necesario. “De hecho, la opción de prohibir el ejercicio de ciertas profesiones está inscrita en el Código Penal desde 1942, aunque los jueces nunca la han aplicado. La única solución era que el Parlamento actuara. No se trata de una muestra de desconfianza hacia los magistrados, sino de una disposición concreta que responde a una preocupación legítima y es justificable como medida de prevención y protección de la sociedad”.

Confianza en las instituciones minada

En los últimos años, el debate político ha girado en torno a iniciativas de carácter jurídico, lo cual tal vez ha generado confusión en la población. Los ciudadanos se han visto confrontados con propuestas polémicas cuya aplicación plantea problemas. Por ejemplo, la condena a cadena perpetua de delincuentes sexuales o violentos extremadamente peligrosos que no son rehabilitables, aprobada en 2004, así como la expulsión del país de extranjeros que delinquen, votada en 2010, pero cuya aplicación aún debate el Parlamento.

“Los parlamentarios y juristas se ven frente a un dilema: por un lado, deben respetar la voluntad de las urnas, y por otro, defender los principios del Estado de derecho”, afirma Heinrich Koller, profesor de Derecho Público y exdirector de la Oficina Federal de Justicia. Un malabarismo que a veces obliga a los jueces a tener que interpretar lo que exigían los votantes o tener que responder a instancias judiciales superiores, como el Tribunal de Estrasburgo.

El riesgo a largo plazo, según Heinrich Koller, es que aumente la desconfianza ciudadana en las instituciones. “Si la población tiene la impresión de que no se respeta su voluntad al aplicar la ley, es obvio que confiará cada vez menos en el Gobierno, el Parlamento y la justicia”. Y Koller atribuye parte de la responsabilidad a los políticos: “No consiguen convencer a la población de que ciertas iniciativas son irracionales e imposibles de aplicar. Se han alejado de los ciudadanos y no son capaces de explicar los valores fundamentales de la Constitución y del Estado de derecho”.

Prevenir los límites de la democracia directa

El exjuez federal Claude Rouiller va incluso más lejos: “El hecho de que se lancen, de forma sistemática, iniciativas absolutistas me lleva a preguntarme si detrás no hay una voluntad de debilitar las instituciones. Y esto me da miedo. Tengo la impresión de que vamos hacia la adopción de un dogma, según el cual la población siempre tiene la razón. Pero no es el caso. Si dejamos que el pueblo decida la viabilidad del derecho, corremos el riesgo de caer en un sistema dirigista o autoritario, que es completamente lo opuesto a una democracia. Y esto es inaceptable”.

Incluso el abogado Bernasconi, que defiende del texto de Marche Blanche, se dice preocupado por una eventual deriva de la democracia directa. “Algunas iniciativas pretenden resolver problemas importantes con medidas puntuales que no tienen en cuenta todo el conjunto de normas que disciplinan la convivencia civil en este país. Habría que crear un organismo judicial –completamente neutral e imparcial– para que se encarguen de comprobar, no si una iniciativa es buena o mala en su fundamento, sino si es constitucional”.

En los últimos años, se ha evocado la posibilidad de introducir un sistema de verificación de las leyes federales y, a fortiori, de las iniciativas que violan la Constitución o una institución que está por encima del derecho nacional y a la que Suiza ha decidido someterse, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Pero a quién correspondería esta tarea? ¿Al Parlamento? ¿A los jueces? Los partidos aún no tienen la respuesta.

Los veredictos de Estrasburgo son vinculantes

Mientras la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) quiere restablecer la primacía del derecho suizo sobre el internacional, un reciente estudio llega a la siguiente conclusión: Suiza se atiene al Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDU) y cumple las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, o de lo contrario, tiene que abandonar el Consejo de Europa.

“No hay una solución a la carta. Si en determinados casos se permitiera a Suiza no aplicar el CEDU, comprometeríamos la protección de los derechos humanos en este país y en toda Europa”, afirma Walter Kälin, profesor de la Universidad de Berna y experto en Derecho Constitucional y Político que dirigió el citado estudio.

Un tema de absoluta actualidad. El Parlamento suizo está en pleno debate sobre la aplicación de la iniciativa aprobada en 2010 que pide la expulsión de los extranjeros que delinquen. La cámara baja no ha encontrado hasta ahora una solución capaz de conciliar la voluntad popular y los principios del CEDU.

Fuente: Agencia Telegráfica Suiza (ATS)  

Traducción del italiano: Belén Couceiro