Didier Chambovey, embajador de Suiza ante la OMC.
Keystone / Salvatore Di Nolfi
Suiza anunció su intención de luchar por el futuro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras de que las maniobras de Estados Unidos condujeran a la neutralización de facto del más alto tribunal de esa entidad.
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Switzerland pledges to defend under-fire WTO
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El martes concluyeron en Ginebra los mandatos de dos de los tres últimos jueces del Tribunal de Apelación de la OMC, después de que Estados Unidos continuara con su política de bloquear nuevos nombramientos para protestar por la forma en que la OMC lleva a cabo sus actividades.
Esa medida deja al cuerpo sin su árbitro final, lo que permite que las naciones puedan operar libremente de acuerdo con la política de poder más que con las reglas del comercio – una situación que equivale a “la ley de la selva”, como dijo el profesor de la Universidad de Berna, Peter Van den Bossche a la Associated Press.
El embajador suizo ante la OMC, Didier Chambovey, señaló el martes que “la situación es grave”, pero que no significa “el colapso del sistema comercial mundial”. Varias opciones de mecanismos de disputa siguen disponibles, precisó, incluyendo el tribunal inferior de la OMC.
Suiza también está a la vanguardia de una declaración firmada por 60 “amigos del sistema” que reafirma la importancia de seguir las reglas de la OMC y resolver los conflictos de manera pacífica.
“Hemos aceptado la necesidad de analizar las preocupaciones planteadas por Estados Unidos y de encontrar soluciones”, dijo Chambovey. Sin embargo, también dejó claro que el objetivo era preservar el sistema de dos niveles de un tribunal inferior y de apelación.
Los 60 países no propusieron ninguna solución provisional concreta para sustituir al tribunal, que normalmente cuenta con siete jueces pero que se ha debilitado progresivamente en los últimos años.
El proceso de solución de diferencias de la OMC, incluido el Órgano de Apelación, tenía por objeto establecer que las normas escritas, y no el poder arbitrario, rigieran el comercio mundial.
Pero el proceso ha resultado ser engorroso. El panel de apelaciones es notorio por no cumplir con las fechas límite, un problema que empeoró al perder jueces. Se supone que debe actuar en un plazo de 90 días, pero el año pasado necesitó un promedio de 395 días para emitir sus decisiones.
Los críticos de EE.UU. y otros países dicen que los casos tardan demasiado en resolverse y que la agencia con sede en Ginebra está mal equipada para hacer frente al desafío que plantea la mezcla poco convencional de capitalismo y control estatal de la economía china.
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Ley chocolatera: cómo Suiza engaña a la OMC
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Suiza gana uno de cada dos francos en el extranjero. De ahí su claro compromiso internacional por eliminar las barreras comerciales. Sin embargo, protege su sector agrícola con subvenciones y derechos de aduana a la importación de productos. Hasta ahora ha conseguido aplicar con habilidad las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y evitar una posible demanda.
Suiza es uno de los países que más apoyan su agricultura, una política que es fuente de controversia en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ley Federal para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas Transformados, conocida como ‘ley chocolatera’ –que reglamenta las subvenciones a la industria alimentaria exportadora– es un buen ejemplo de ello.
Suiza debe adecuar dicha ley al Acuerdo de Agricultura de la OMC, que prohíbe todo tipo de subsidios a las exportaciones para el año 2020. Actualmente, la Confederación Helvética subvenciona con 100 millones de francos a los exportadores de productos agrícolas transformados para asegurar que sean competitivos en el extranjero. Dichos fondos permiten compensar la diferencia que hay entre los precios de la leche y los cereales suizos, y los que prevalecen en el mercado internacional.
Oficialmente, el Gobierno helvético dice que está dispuesto a ceñirse a las nuevas reglas de la OMC, sabiendo que esto supone eliminar las subvenciones que hoy concede. Pero tiene claro que si estas ayudas desaparecen, más de un exportador de productos agrícolas transformados abandonará Suiza para establecerse en otro país. Por ello y para evitar un éxodo sin vulnerar las reglas del libre comercio, el ministro suizo de Economía Johann Schneider-Ammann ha propuesto una solución.
El reto del Gobierno es respetar el Acuerdo Agrícola de la OMC, pero apoyando al mismo tiempo a los agricultores y exportadores helvéticos. ¿Cómo? Suiza ha decidido exentar del pago de derechos aduaneros a las empresas que importan leche y cereales que serán transformados en Suiza para luego exportarlos. Y para ayudar a los campesinos, reemplazará las subvenciones por 100 millones de francos actuales a los exportadores por subsidios directos a los agricultores por 70 millones de francos, equivalentes a 3 centavos por litro de leche y kilo de cereal.
Y el Gobierno piensa ir más lejos aún porque ya hizo un llamamiento a las industrias concernidas a tomar medidas de “derecho privado”, como las llama, para financiar la brecha que existe entre los precios suizos y los internacionales con objeto de que los exportadores adquieran materias primas suizas a precios competitivos, en vez de buscarlas en el exterior.
¿Respetando las exigencias de la OMC?
Markus Ritter, presidente de la Unión de Agricultores Suizos, agricultor orgánico y diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), apoya la iniciativa del gobierno, pero exige que los campesinos reciban fondos por valor de 100 millones de francos y no de 70 millones.
Sin embargo, hay actores económicos que critican férreamente la propuesta del Ejecutivo por considerarla una nueva forma de ‘subvención encubierta’ a la agricultura. El diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ (NZZ) denunció recientemente en sus páginas la “impostura suiza”. Una percepción que comparte Christian Häberli, investigador del Instituto de Comercio Mundial de la Universidad de Berna, y árbitro de la OMC en casos de controversias. Este especialista considera que la solución helvética viola las reglas de la OMC. Pero Markus Ritter le contradice: “No creo que se contravenga a la OMC. Más bien creo que el profesor Häberli no ha entendido la solución propuesta”.
Esencialmente, Ritter y Häberli están en desacuerdo sobre la naturaleza “privada” del mecanismo ideado por el Gobierno para apuntalar la industria lechera. Dicho de otra forma: ¿No se está obligado a los agricultores a ceder 3 centavos de subvenciones a los exportadores?, como opinan algunos expertos.
Markus Ritter lo niega: “La rama [exportadora de productos transformados] no recibirá dinero de los campesinos. Para cubrir agujeros, los compradores de leche se financiarán con sus propios ingresos, un fondo que les permitirá seguir vendiendo sus productos de exportación a precios competitivos. Pero la rama exportadora no tendrá subvención del Estado y tampoco será obligatorio participar en una solución de derecho privado. Es decir, la financiación de este sector será cubierto con recursos privados y voluntarios.
Contradicción
La ‘Interprofession du Lait (IP Lait)’, que aglutina a los productores, transformadores y comercializadores de leche en Suiza, publicó un comunicado en el que precisa que prevé la creación de dos fondos que serán financiados con contribuciones de los socios por un monto máximo equivalente a las aportaciones del Estado para apoyar a los agricultores.
Interrogado sobre las afirmaciones de Ritter y la contradicción que existe [ya que muchos campesinos son miembros de IP Lait y se verían obligados a aportar fondos], Stephan Kohler, de IP Lait, aclara que no existirá ningún vínculo automático entre el apoyo gubernamental y los fondos previstos por IP Lait.
Y añade: “Los agricultores serán libres de decidir si aportan o no dinero a estos fondos”. Sin embargo, los críticos de la medida aseguran que en la práctica no hay tal elección. El 80% de los productores de leche son miembros de asociaciones profesionales en donde también participa la industria transformadora de lácteos, así que se verán obligados a cumplir con los acuerdos que firmen estas asociaciones.
Para Christian Häberli, el reemplazo de la ‘ley chocolatera’ contraviene claramente a los principios de la OMC, según la cual “a partir de 2021, toda forma de subvención a la exportación respaldada por un gobierno queda prohibida, sin importar si los recursos provienen, o no, de los contribuyentes”.
Sin demanda, no hay persecución
Aún es una incógnita cómo reaccionará la OMC a la propuesta helvética. Pero es probable que Suiza no tenga mucho que perder, porque “sin demanda, ningún juez se ocupará de este asunto ante la OMC”, dice Häberli.
“Suiza podría pues seguir apoyando a los exportadores como en los tiempos de la ley chocolatera”, añade Häberli y refiere que esto ya sucede en la industria de la mantequilla. Este sector siempre ha intentado comercializar sus excedentes. Actualmente, el principal grupo productor de mantequilla en Suiza es Cremo, con sede en Villars-sur-Glâne (Friburgo). Y la compañía vende sus sobrantes gracias a la vigencia de un mecanismo parecido al que ahora propone el gobierno para rescatar a la industria lechera.
“El problema”, según el árbitro de la OMC, es que las víctimas de este tipo de políticas compensatorias no son solo los consumidores o los contribuyentes suizos, sino también los productores de leche de los países en desarrollo.
“Como la Unión Europea rechaza cualquier tipo de competencia desleal [dumping], Suiza ha buscado mercados en Turquía y Egipto, en donde los habitantes de las principales ciudades pueden disfrutar de mantequilla barata, mientras en el campo, los productores locales de mantequilla sufren al no poder competir con esos precios. Este es solo un ejemplo de las graves contradicciones que hay entre la política agrícola suiza y las políticas de países en desarrollo”, explica Häberli.
El presidente de la Unión de Campesinos Suizos, Markus Ritter, contraataca argumentando que en Suiza son los propios productores de mantequilla los que financian el fondo que abarata este producto en el extranjero. “Durante años hemos sido nosotros, los agricultores, los que hemos transferido recursos voluntariamente al fondo que apoya la exportación de mantequilla. Y no hay país en el mundo donde esté prohibido vender algo a bajo precio si es financiado de manera privada”.¿Adhesión obligatoria?
Felix Schläpfer, profesor de la Escuela Superior Especializada Kalaidos y miembro del consejo directivo de Vision Landwirtschaft –laboratorio de ideas que siempre ha sido crítico respecto a la política agrícola suiza– no es partidario de la solución presentada por Suiza. Considera que la ley chocolatera simplemente debe desaparecer. “Ya es tiempo de que los estadounidenses, los chinos y los rusos compren los productos suizos a su precio real. No son los contribuyentes suizos quienes deben subvencionar el consumo de bienes en el extranjero”.
El economista se dice sorprendido de que el Gobierno participe en una solución que, a su juicio, es “una medida de corporativismo autoritario”. Critica también la cercanía del Ejecutivo con las asociaciones agrícolas que suelen obligar a los campesinos a adherirse a sus filas. Y, en consecuencia, los presionarán para aportar recursos al fondo que busca proteger el sector lechero y las exportaciones de productos lácteos transformados.
Esta solución perjudica a Suiza en varios niveles porque golpea a los contribuyentes, pero también la imagen de la su agricultura y el medioambiente.
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