Al reaccionar contra las críticas de Suiza y otros 26 países sobre una nueva ley de seguridad nacional impuesta a Hong Kong, Pekín denunció “motivaciones políticas” y “acusaciones injustificadas”.
La controvertida ley, aprobada en Pekín el martes, se convirtió en una confrontación diplomática en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En una declaración ante el organismo de la ONU, el embajador británico, en nombre de su país y otros 26, incluida Suiza, pidió a los gobiernos de China y Hong Kong que “reconsideren la imposición de esta legislación”.
La nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong castigará los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con penas de hasta cadena perpetua.
En un tuit, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza manifestó el martes su preocupación.
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seriously concerned by adoption of the national security law on Hong Kong. This risks undermining the high degree of autonomy of Hong Kong, having a detrimental effect on the independence of the judiciary and the rule of law. #HumanrightsEnlace externo#HumansecurityCHEnlace externo
Al igual que docenas de expertos independientes de la ONU, incluido Nils Melzer, relator especial suizo de la ONU sobre la tortura, los países denunciaron los efectos de la ley sobre los derechos humanos.
Sin embargo, un grupo de 53 países apoyó a Pekín, acogiendo con beneplácito la entrada en vigor de la ley y manifestando su convicción de que ese tema no debería discutirse en el Consejo de Derechos Humanos.
El Parlamento de China aprobó una la legislación que otorga a Pekín amplios poderes y prepara el escenario para cambios radicales en la forma de vida del centro financiero.
Pekín había mantenido todos los detalles en secreto, con lo que los 7,5 millones habitantes de Hong Kong no tuvieron tiempo de digerir la compleja legislación antes de que entrara en vigor a las 11 de la noche del 30 de junio.
El momento elegido fue visto como una humillación simbólica para Gran Bretaña, justo una hora antes del 23 aniversario del retorno de Hong Kong a China por parte del último gobernador colonial, Chris Patten.
«Condenados al fracaso»
La respuesta de China a los Estados opositores, especialmente a los países europeos, fue rápida. La misión china en la ONU en Ginebra los acusó de interferir en sus asuntos internos y de violar la Carta de la ONU.
Pekín dijo que estos actos estaban “condenados al fracaso”. Los calificó de “motivaciones políticas” y “acusaciones injustificadas” de Suiza y los cosignatarios de la declaración británica.
Las autoridades de Pekín y Hong Kong han dicho en repetidas ocasiones que la legislación está dirigida a unos pocos “alborotadores” y no afectará los derechos y libertades o los intereses de los inversores.
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