Consejo de Europa quiere reformar la Corte de Estrasburgo

Sede del Tribunal de Estrasburgo, fundado en 1959 por los miembros del Consejo de Europa. Reuters

Representantes de los 47 países miembros de esta organización se reúnen en Madrid este 11 y 12 de mayo para aprobar un nuevo procedimiento que permita un funcionamiento más ágil del Tribunal de Derechos Humanos.

La ministra suiza de Asuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey, asistirá a la cumbre, que se celebra coincidiendo con el 60º aniversario del organismo encargado de velar por los derechos humanos y las libertades democráticas en Europa.

Una treintena de ministros de Asuntos Exteriores de los 47 miembros del Consejo de Europa –todos los países europeos, con excepción de Bielorrusia y Kosovo- estarán presentes en la cumbre del Comité de Ministros del Consejo de Europa que se celebra este martes en Madrid.

Con esta reunión finaliza la presidencia española del Consejo de Europa (CE). Dentro de seis meses será asumida por Suiza, que prepara ya sus prioridades para cuando tome el relevo de Estonia, el próximo mes de noviembre.

«Durante esta reunión abordaremos las grandes líneas de actuación de la futura presidencia», afirma para swissinfo Raphaël Saborit, portavoz del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores.

«Queremos concentrar nuestra actividad en los tres dominios clave del CE: la protección de los derechos humanos, el fomento de la democracia y la defensa de los principios del Estado de derecho», añade.

Estos tres temas constituyen la razón de ser del Consejo de Europa y Saborit insiste en cuáles deben ser sus señas de identidad: «El CE tiene que ser el primer centro de competencia en estos dominios, si quiere desmarcarse de otras instituciones como la Unión Europea o la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)».

Un tribunal atascado

«La institución estelar del CE y la mejor conocida por el ciudadano es, sin duda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», indica Luis Fernández de la Peña, alto funcionario del Ministerio español de Exteriores.

Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que el Tribunal «está siendo víctima de su propio éxito». En la actualidad hay acumuladas más de 100.000 demandas pendientes de resolución.

Esta corte, que cumple ahora 50 años de existencia, es la clave del sistema de protección de los derechos humanos para más de 800 millones de europeos. «Es un mecanismo único e irremplazable», afirma Raphaël Saborit, «pero se enfrenta a graves dificultades. Si no se actúa pronto su credibilidad se resentirá».

Para paliar esta situación y aligerar la carga de trabajo del tribunal se elaboró en 2005 el Protocolo 14 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Este Protocolo modifica el mecanismo de control del Tribunal y propicia un funcionamiento más ágil y satisfactorio del mismo. La principal novedad que incorpora es la reducción del número de jueces encargados de admitir a trámite una demanda.

Hasta ahora un comité formado por tres jueces se ocupaba de examinar las demandas presentadas ante Estrasburgo, de las que casi un 80 por ciento se desestiman. El nuevo procedimiento limitará a un único juez la competencia para resolver ese trámite.

El bloqueo ruso

Esta reforma se ve bloqueada por la negativa rusa a firmar el Protocolo 14, que ya han suscrito los otros 46 Estados miembros. Moscú percibe esta enmienda como «una modificación dirigida contra ellos, lo que es un auténtico disparate», afirma Luís María de Puig, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Una cuarta parte del total de las demandas presentadas en Estrasburgo procede de Rusia, en su mayoría de Chechenia. Ucrania, Turquía, Rumania y Bulgaria son los otros países de los que proceden más de la mitad de las demandas.

«El primer objetivo que se marcó España al asumir en noviembre pasado la presidencia del Consejo de Europa fue, precisamente, emprender la reforma del tribunal con sede en Estrasburgo», afirma Fernández de la Peña.

La fórmula propuesta por la presidencia española para superar el bloqueo ruso consiste en eliminar la necesidad de que el protocolo deba estar ratificado por todos los Estados miembros y que pueda al menos entrar en vigor en aquellos países que acepten corroborar el nuevo sistema.

Prevención del terrorismo

Previo a la cumbre ministerial se celebrará también el primer encuentro entre los países que han firmado la Convención Europea para la Prevención del Terrorismo, en vigor desde junio de 2007.

España, que es uno de los países impulsores de este documento, quiere que en esta cumbre se suscriba una declaración política en la que los firmantes –todos menos la República Checa, Mónaco y Liechtenstein- se comprometan a aplicarla.

Esta convención introduce algunas novedades con respecto a otros convenios internacionales sobre la materia, como el considerar delito de terrorismo la apología, el reclutamiento y adiestramiento de terroristas, independientemente de que estos hechos se traduzcan después en un atentado.

Por otra parte, el Convenio para la Prevención del Terrorismo prevé el refuerzo de la cooperación internacional en este ámbito, modificando algunos procedimientos en materia de extradición y ayuda judicial mutua, y recogiendo la obligación de los Estados de investigar los hechos denunciados.

Al mismo tiempo, incorpora a las víctimas del terrorismo como «parte esencial» en el tratamiento del problema y establece acuerdos para darles protección y apoyo, sobre todo, en los ámbitos de las ayudas financieras y las indemnizaciones.

Durante esta cumbre, que coincide con el 60º aniversario de la creación del Consejo de Europa y el 50º del Tribunal de Derechos Humanos, se aprobará una declaración política -la Declaración de Madrid- que recogerá los principales hitos de la organización a lo largo de estas seis décadas.

José M. Wolf, Madrid, swissinfo.ch

Consejo de Europa (CE)

Fue creado en mayo de 1949 como organización intergubernamental encargada de velar por los derechos humanos. Tiene su sede en Estrasburgo (Francia).

Actualmente cuenta con 47 Estados miembros. Bielorrusia y Kosovo son los únicos países europeos que no forman parte del Consejo de Europa.

A lo largo de estos 60 años el CE ha elaborado más de 200 instrumentos jurídicos vinculantes (entre convenciones y protocolos) que abordan todo tipo de temas relacionados con los derechos humanos, desde la lucha contra el crimen organizado y la corrupción hasta la protección de datos, pasando por la prevención de la tortura o la lucha contra la violencia doméstica.

El CE emite también recomendaciones a los Estados miembros en materia de derecho, sanidad, educación, cultura, medios de comunicación y deporte.

Ejerce un control permanente del respeto a los derechos humanos con una evaluación crítica de la situación en cada Estado miembro.

Órganos del CE

Comité de Ministros, órgano de decisión compuesto por los 47 ministros de Exteriores o sus embajadores, que les representan de modo permanentemente en Estrasburgo.

Asamblea Parlamentaria, órgano impulsor de la cooperación europea, representante de los 47 parlamentos nacionales y que congrega a 636 miembros (318 titulares y 318 suplentes).

Congreso de las Regiones y una Cámara de los Poderes Locales: portavoz de las regiones y municipios de Europa, compuesto por una cámara de poderes locales y por una cámara de regiones.

Secretaría General, compuesta por unos 1.800 funcionarios originarios de los 47 Estados miembros y dirigida por un secretario general, elegido por la Asamblea Parlamentaria.

Suiza en el Consejo de Europa

Suiza es miembro del Consejo de Europa desde 1963.

Contribuye a su presupuesto con 6,2 millones de €.

Para Suiza el CE desempeña un papel fundamental en la iniciación y puesta en escena de un espacio jurídico común en el continente.

La delegación suiza cuenta con 12 escaños en la Asamblea Parlamentaria del CE. En la actualidad el diputado nacional Andreas Gross ocupa el cargo de vicepresidente de la Asamblea y presidente del grupo socialista.

Suiza presidirá el Comité de Ministros del CE desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010.