EEUU se juega su credibilidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra su 49ª sesión en Ginebra del 28 de febrero al 1 de abril. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Después de cuatro años, Estados Unidos vuelve a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Su objetivo es contrarrestar los regímenes autoritarios y pedir cuentas a los que abusan de los derechos humanos. ¿Será capaz de hacerlo con imparcialidad?

Estados Unidos regresa este mes como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En 2018, bajo la administración de Donald Trump, abandonó el foro intergubernamental con sede en Ginebra. Funcionarios estadounidenses arguyeron entonces el «sesgo crónico del Consejo contra Israel» y los cuestionables historiales de derechos humanos de algunos de sus miembros.

Ahora Estados Unidos ha vuelto. Regresó con estatus de observador el año pasado y fue elegido para cumplir un mandato de tres años como miembro del Consejo a partir de 2022.

«El Gobierno de Estados Unidos tiene una enorme influencia diplomática, que puede marcar una gran diferencia. Si su equipo de diplomáticos consigue apoyo para las propuestas de resolución, ayuda a que se aprueben», afirma Kenneth Roth, director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch (HRW).

No obstante, la protección y promoción de los derechos humanos dependerá del grado de compromiso de la administración del presidente Joe Biden.

Phil Lynch, director de la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), espera que EE.UU. se abstenga de enfocar las cuestiones bajo una mirada política o ideológica. «Esperamos que EE.UU. se ocupe de las situaciones de derechos humanos, principalmente teniendo en cuenta sus méritos en materia de derechos humanos y aplicando criterios objetivos, como la gravedad y urgencia de los problemas», afirma.

Biden ha manifestado en repetidas ocasiones que los derechos humanos constituirán el centro de la política exterior estadounidense. Como observador en el Consejo, EE.UU. podía participar en los procedimientos, pero no podía votar. Por lo tanto, su pertenencia al Consejo es una prueba del compromiso expresado.

Presionar a los aliados

«La cuestión está en qué va a hacer la administración Biden cuando sean sus aliados los que violen los derechos humanos», comenta Roth. Según él, la forma en que Estados Unidos decida comprometerse con la situación de los derechos, por ejemplo, en Yemen o Egipto, será particularmente reveladora.

Desde 2014, la guerra civil en Yemen entre las fuerzas rebeldes hutíes, apoyadas por Irán, y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí ha causado graves violaciones de los derechos humanos como, por ejemplo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según los expertos. El CDH aprobó en 2017 una resolución para que un grupo de expertos investigara las violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes del conflicto. No obstante, en 2021 el Consejo votó en contra de renovar el mandato a dicho grupo.

Roth afirma que Arabia Saudí utilizó, entre bastidores, una combinación de «amenazas y sobornos»  para cerrar el proceso que el CDH había establecido sobre Yemen. La medida, según Roth, sentó un mal precedente en términos de credibilidad para el Consejo y tuvo un efecto devastador sobre el terreno, donde hubo un aumento de víctimas civiles. Si Estados Unidos se muestra favorable para renovar una investigación relativamente dura sobre Yemen a pesar de la oposición de Arabia Saudí -un aliado de Estados Unidos- podrá considerarse una prueba de su compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos.

Hay indicios de que Estados Unidos pudiera estar dispuesto a presionar a algunos de sus aliados en materia de derechos humanos. En enero el Gobierno de Biden retuvo 130 millones de dólares de ayuda militar a Egipto por motivos de derechos humanos, aunque esa misma semana aprobó la venta de material militar por valor de 2 500 millones de dólares. «Un paso en la dirección correcta, pero un paso modesto», añade Roth.

Egipto ha sido criticado por las organizaciones de derechos humanos por su represión de la disidencia bajo el liderazgo del presidente Abdel Fattah el-Sisi. El CDH nunca ha adoptado una resolución crítica contra Egipto.

Vacío… y China

En un discurso marcado por la decisión de Estados Unidos de volver a participar en el Consejo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken señaló que la retirada de Washington en 2018 «no produjo un cambio significativo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense, que los países con agendas autoritarias han utilizado en su beneficio.»

Lynch opina que es cierto. «China aprovechó la ausencia de Estados Unidos como una oportunidad para acelerar sus esfuerzos para reescribir las normas del derecho internacional, y para captar e instrumentalizar el sistema internacional de derechos humanos a favor de los objetivos y la ideología del Partido Comunista chino.»

Uno de esos esfuerzos fue una resolución impulsada por China para promover una «cooperación mutuamente beneficiosa» en el ámbito de los derechos humanos. La resolución fue aprobada por el Consejo en 2020. China presentó una resolución inicial sobre el tema que se aprobó en 2018. 

Los expertos en derechos humanos critican la medida, que, según ellos, vuelve a centrar el trabajo del Consejo en nociones vagamente definidas de diálogo y cooperación, en lugar de la rendición de cuentas. Según ellos, el resultado de la votación de 2020 -23 a favor, 16 en contra y 8 abstenciones- pone de manifiesto el carácter divisivo de la iniciativa y el hecho de que los miembros del Consejo son ahora más conscientes de la estrategia de China. Por el contrario, la resolución inicial de 2018 fue aprobada por 28 votos a favor y 1 en contra, solo con el voto de Estados Unidos. Se abstuvieron 17 países, muchos de ellos europeos.

Pero mientras los países de la UE votaron en contra de la resolución de 2020, muchos estados africanos votaron a favor. Los grupos de derechos humanos destacan que China ha utilizado su iniciativa para asegurarse los votos de la ONU entre las naciones en desarrollo.

Sin embargo, Roth asegura que la influencia de China tiene límites. Señala el modo en que una resolución de 2021 sobre el colonialismo, liderada por China y dirigida a Occidente, fracasó cuando dos enmiendas británicas sobre la persecución y la asimilación forzosa (que podrían aplicarse igualmente a algunas de las tácticas de China hacia su propia población) fueron aprobadas por un estrecho margen. En 2021 China retiró otra resolución sobre el «desarrollo de una vida mejor para todos» por temor a que no fuera aprobada.

Se espera que Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, publique un informe, muy esperado, sobre las supuestas violaciones de derechos humanos en la región china de Xinjiang. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) anunció el pasado mes de diciembre que el informe se publicaría en unas semanas, pero desde entonces se ha retrasado aún más. Human Rights Watch ha exigido que se publique a tiempo para la sesión del CDH.

«Una vez que el informe se publique por fin, habrá un nuevo esfuerzo para abordar Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos. La cuestión es si el Gobierno de Biden se esforzará, sobre todo fuera de Occidente, en conseguir apoyos para lo que sería la primera y tan esperada resolución sobre Xinjiang», afirma Roth. Los miembros del CDH nunca han presentado una resolución que aborde los supuestos abusos en China.

Los grupos de derechos humanos acusan a China de abusos contra los uigures y otros grupos minoritarios que incluyen la tortura y los trabajos forzados, pero China rechaza tales acusaciones.

Lynch afirma que los países (incluido, por supuesto, Estados Unidos) que deseen contrarrestar la creciente influencia de China tendrán que adoptar ellos mismos un enfoque de principios, objetivo y no selectivo respecto a los derechos humanos y la situación del país. «Creo que probablemente fracasaría cualquier esfuerzo por contrarrestar la narrativa y la estrategia chinas motivado principalmente por preocupaciones políticas o ideológicas y no por los derechos humanos».

«Atención desproporcionada a Israel»

En el Consejo de Derechos Humanos del año pasado, Blinken pidió reformas similares a las que la administración Trump intentó aplicar en su momento. Entre ellas, eliminar el punto 7 de la agenda -sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados- y mejorar la composición del Consejo.

El punto 7 del orden del día obliga al Consejo a debatir en cada una de sus sesiones los abusos de derechos humanos relacionados con el conflicto palestino-israelí. La situación de ningún otro país tiene un punto del orden del día específico.

Roth duda de que esta reforma en particular sea el enfoque adecuado para Estados Unidos. «Ahora mismo, solo parece que están protegiendo a Israel. Para que sea un esfuerzo de principios, deberían apoyar enérgicamente las resoluciones sobre Israel que surjan a través de otros puntos de la agenda. Si EE.UU. considera que hay demasiadas resoluciones, podría presentar una única y fuerte resolución consolidada».

Sin embargo, los grupos de derechos humanos coinciden en que la composición del Consejo podría mejorarse. 

Los 47 miembros del Consejo son elegidos por la mayoría de los 193 Estados miembros en la Asamblea General. Los puestos en el Consejo se distribuyen equitativamente entre zonas geográficas. Los factores clave para su elección son, supuestamente, su contribución a la promoción de los derechos humanos y su compromiso con el mantenimiento de normas estrictas.

Pero los grupos regionales han presentado las denominadas listas cerradas (por ejemplo, tres candidatos para tres puestos vacantes dentro de una región), lo que ha permitido que países con un historial dudoso en materia de derechos humanos obtengan la condición de miembros.

«Estados Unidos no está en una gran posición para presionar esa reforma porque acaba de beneficiarse de una lista cerrada. […] Va a ser necesario un acuerdo entre todas las regiones para dejar de hacerlo. EE.UU. podría liderar ese esfuerzo, pero cualquier deseo de hablar de mejorar la adhesión sin abordar este problema fundamental probablemente se quede corto», precisa Roth.

Política de poder

«Es bastante interesante ver que con el regreso de Estados Unidos tenemos ahora una situación en la que todos los P5 son también miembros del Consejo de Derechos Humanos. Y eso, por supuesto, demuestra la importancia que las grandes potencias están dando al Consejo», afirma Felix Kirchmeier, director ejecutivo de la Plataforma de Derechos Humanos de Ginebra (GHRP).

Los P5 son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos). Cada uno de ellos tiene el poder de vetar resoluciones en el Consejo de Seguridad, lo que les protege a ellos y a sus aliados de las acciones de la ONU, como sanciones y remisiones a la Corte Penal Internacional (CPI).

Ningún miembro del Consejo de Derechos Humanos tiene poder de veto, pero las resoluciones del CDH no son vinculantes y deben ser aplicadas por los propios países. En el pasado, los debates -por ejemplo, en el contexto del conflicto sirio- han pasado de un Consejo de Seguridad bloqueado al CDH.

Si tener a las potencias del P5 en el CDH podría, en principio, dar más peso a las preocupaciones sobre los derechos humanos, Kirchmeier señala que, dado el actual contexto geopolítico, «es bastante seguro que veamos al CDH convertirse de nuevo en una vía de escape para los debates bloqueados en el Consejo de Seguridad». En su opinión, las posturas políticas sobre consideraciones de seguridad en el CDH podrían socavar los debates sobre derechos humanos.

Mientras tanto, Ucrania ha solicitado un debate urgente en el CDH sobre la situación de los derechos humanos en el país tras el ataque de Rusia. 

Lynch insiste en que hay que dejar de lado las consideraciones políticas para que el CDH cumpla su mandato.

«Un reto será evitar un juego político que alimente la politización, la polarización y, en última instancia, la deslegitimación del Consejo de Derechos Humanos, y en su lugar centrarse exclusivamente en los derechos humanos. Ese es el reto clave, y creo que la base sobre la que se juzgará el éxito del regreso de Estados Unidos».

Traducido del inglés por Carla Wolff