El caso Ayotzinapa, «inadmisible en un Estado de derecho»: Suiza

Cuarenta y tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron víctimas de un ataque criminal perpetrado con el concurso de la policía local el 26.09.14 Los restos de uno de los jóvenes fueron identificados. Se desconoce el paradero de los demás. Keystone

Los avances de México contra las desapariciones forzadas se pierden en un entramado de morosidad, ineficiencia e impunidad que las Naciones Unidas pusieron de relieve y que generan inquietud dentro y fuera del país. Suiza ratifica la necesidad de una “investigación profunda y sistemática” de todas las denuncias, el castigo a los responsables y la reparación de las víctimas.

En referencia específica al ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la Confederación considera que “es una situación inadmisible en un Estado de derecho”, toda vez que autoridades municipales, electas por el pueblo, y la policía local participaron en esos “trágicos acontecimientos”.

El posicionamiento de Berna se produjo (11.02) en respuesta a una interpelación parlamentariaEnlace externo presentada el pasado mes de diciembre por el diputado socialista Manuel TornareEnlace externo y rubricada por una docena de legisladores.

En su texto, los parlamentarios recuerdan el atentado perpetrado contra los jóvenes normalistas el pasado 26 de septiembre, en el sureño estado mexicano de Guerrero, en el que seis personas resultaron muertas y 43 estudiantes fueron entregados por las autoridades a un grupo vinculado con el narcotráfico.

¿En dónde están?

Hasta la fecha, han sido identificados los restos de uno de los normalistas y se desconoce el paradero de los otros 42. El Gobierno de MéxicoEnlace externo intentó dar por concluida la investigación con base en declaraciones de algunos detenidos que pretenden que los jóvenes fueron asesinados y sus cadáveres incinerados.

Sin embargo, diversos expertos, incluidos especialistas de la UNAM y el equipo forense argentino, han subrayado inconsistencias en la versión oficial, misma que los padres de familia y las organizaciones civiles que los acompañan rechazan de manera rotundaEnlace externo. En Ginebra, a principios de este mes, los padres de los estudiantes ratificaron que no cejarán en la búsqueda de sus muchachos.

Los paterfamilias de dos de los normalistas viajaron a Suiza acompañados por representantes de una docena de ONG y por familiares de personas desaparecidas en distintas entidades de la República Mexicana, para participar en la sesión sobre su país del Comité contra las Desapariciones ForzadasEnlace externo (CED).

ObservacionesEnlace externo del CED (13.02)

Reconoce los avances hechos por México, pero lamenta que “el marco normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no se conformen plenamente con las obligaciones de la Convención” Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Destaca la falta de procedimientos de acción urgente y de seguimiento regular en los casos de desaparición, así como la carencia de un registro único que permita establecer estadísticas confiables y políticas integrales y coordinadas “encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.

Refiere los niveles desiguales en la tipificación del delito en cuestión y en el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. En ese tenor, celebra el anuncio hecho por el Gobierno de México sobre la creación de una ley general en la materia. Esa legislación, recomienda, debe garantizar la participación de las víctimas y la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos involucrados.

El Comité «se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos de denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito» y por una «serie de obstáculos» para la investigación eficaz, como la falta de celeridad de las autoridades y de calificación de los hechos cuando existen indicios de desaparición forzada.

Manifiesta su inquietud con respecto a “la persecución y amenazas en contra de  familiares de personas sometidas a desaparición forzada y los defensores de derechos humanos que trabajan para asistir a las víctimas, así como a la carencia de registro oficial sobre estos hechos”.

Entre sus recomendaciones están la de capacitar a todo el personal, a nivel federal, estatal o municipal, militar o civil, sobre las disposiciones de la Convención; así como “garantizar la indemnización rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un prejuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”.

Casos paradigmáticos

Las observaciones del CED mencionan los casos de desaparición de los migrantes, “incluyendo niños”; de la ‘Guerra Sucia’, en el que “a pesar del tiempo transcurrido (años 70) no ha habido avances en la investigación, ni sanciones a los responsables, y el de Ayotzinapa, que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.

“Ayotzinapa es un ejemplo paradigmático de lo que viven decenas de miles de personas en México”, subraya en entrevista con swissinfo.ch, María Luisa Aguilar, del Centro de DDHH de TlachinollanEnlace externo (Guerrero).

El caso, dice, ha tenido relevancia internacional tanto por las violaciones masivas a los derechos humanos que se cometieron, como porque es representativo de un drama y de una crisis que se vive en México.

En efecto, la brutal agresión de que fueron objeto los estudiantes normalistas desató un movimiento social sin precedentes en la historia moderna de México y una condena de la misma magnitud en el exterior del país.

¿Qué dijo Suiza?

“¿El Consejo Federal (Gobierno) se pronunció por la vía diplomática sobre este drama ante el Gobierno de México, subrayando la necesidad absoluta de encontrar a los estudiantes desaparecidos y resolver este crimen?”, interpelaron los legisladores suizos a su Ejecutivo.

A través de contactos bilaterales y de intervenciones en foros multilaterales, Suiza ha expresado a México su preocupación con respecto a la situación de los derechos humanos, en particular por las tasas elevadas de inseguridad, de impunidad, de homicidios y desapariciones forzadas, así como por los ataques a las mujeres y a los defensores de derechos humanos, y por la vulnerabilidad de los migrantes, anotó el Gobierno en su respuesta a la interpelación parlamentaria.

Precisó que el pasado mes de noviembre, y en el marco del diálogo regular México-Suiza, Berna condenó el ataque a los normalistas e instó a las autoridades “a hacer todo lo necesario para buscar la verdad y castigar a los culpables” . Lo anterior, amén de una aportación financiera a una ONG encargada por los padres de los muchachos para identificar los restos humanos encontrados cerca de Iguala.

Ya en el marco del Examen Periódico Universal de MéxicoEnlace externo (ante el Consejo de DDHH en 2013), recordó el Gobierno, Suiza había recomendado una investigación profunda y sistemática de las desapariciones denunciadas, el castigo a los culpables y la reparación de las víctimas.

Una posición más abierta

“Hubiéramos preferido que el Gobierno de Suiza se pronunciara de manera más abierta, ante la prensa o ante el Parlamento, pero es satisfactorio que, aunque sea entre bambalinas, esté haciendo algo, que esté atenta a la situación en México”, comenta el diputado Manuel Tornare en entrevista con swissinfo.ch.

swissinfo.ch: En su reciente estancia en Suiza, los padres de los desaparecidos manifestaron su esperanza de que desde afuera les ayuden en la búsqueda de los suyos. ¿Qué más podría hacer Berna para apoyarlos? 

M.T.: “En México, y desde hace mucho años, hay una situación de debilidad, no solo en lo que toca al crimen y a las desapariciones forzadas, sino en materia de democracia. Yo, como defensor de la neutralidad activa de mi país, considero que Suiza puede tener una posición más abierta, más combativa, hacerse más visible para ayudar a los países que luchan por la democracia”.

Gobierno de México

En un comunicado emitido de manera conjunta por los ministerios de Gobernación y de Exteriores, el Gobierno de México respondió a las observaciones del CED:

“Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionadaEnlace externo con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, tales como: la armonización del marco jurídico en todo el país, la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda, el fortalecimiento de los servicios forenses, la atención integral de las víctimas y las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada. 

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”.