Piden que Berna hable de derechos humanos con Bogotá
Doris Leuthard, ministra suiza de Economía, inicia este fin de semana una visita a Colombia para promover el TLC concluido con ese país y aprobado por la diputación helvética, pese a que ONG pedían condicionarlo al respeto de los derechos humanos.
La misión suiza se produce a poco de que el relator de la ONU para las ejecuciones arbitrarias denunciara la incidencia de los «falsos positivos»: asesinatos premeditados de civiles por parte del Ejército.
«El informe (de Philip Alston) confirma las denuncias de Amnistía Internacional (AI) y de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el sentido de que en Colombia las ejecuciones extrajudiciales son sistemáticas y generalizadas», señala Manon Schick, vocera del capítulo suizo de AI.
Ante una situación semejante, diversos partidos políticos y ONG realizaron una intensa estrategia de cabildeo tendiente a evitar que el Parlamento suizo aprobara el TLC con Colombia, y que el texto fuera reenviado al Ejecutivo para obtener mayores garantías en materia de derechos humanos y protección ambiental.
Sin embargo, el pasado 25 de mayo, y con 113 votos a favor y 63 en contra, la cámara baja aprobó el acuerdo comercial, firmado en 2008 y que podría entrar en vigor en 2010, tras su paso por el Senado suizo.
Ahora, en vísperas de que la ministra Doris Leuthard inicie este domingo una misión económica en el país andino, las entidades defensoras de las garantías individuales piden que Berna exija de Bogotá un mayor compromiso en el rubro. De hecho, y en una medida inhabitual dentro de este tipo de misiones económicas, la consejera suiza se reunirá con sindicalistas en Bogotá.
Garantizar labor sindicalista
«Queremos que el Gobierno suizo no hable solamente de economía con Colombia, sino que incluya en sus conversaciones, por ejemplo, la legitimidad y la necesidad de las actividades de los sindicalistas, de los defensores de derechos humanos, la urgencia de tomar medidas eficaces para garantizar su seguridad».
En entrevista con swissinfo.ch, Manon Schick añade que AI no tiene una posición sobre el TLC firmado por Suiza y Colombia en el marco de la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA), integrada por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein.
«Pero sí hemos subrayado la necesidad de garantizar que el tratado no ocasione más violaciones a los derechos humanos». Reitera la inquietud de AI sobre la situación de los sindicalistas (46 asesinados en el segundo semestre de 2008) marginalizados de las negociaciones del acuerdo comercial.
«Así es que hemos pedido al Gobierno suizo garantizar que haya participación de los sindicalistas colombianos y que en esta visita, Doris Leuthard enfoque el hecho de que el trabajo de los sindicalistas colombianos es legítimo, como también lo es el de los sindicalistas suizos».
El TLC incide en violaciones
Por su parte, Stephan Suhner, del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, desestima las versiones del centro y la derecha suiza en apoyo del TLC y que pretenden que a más libre comercio, más crecimiento, lo que es igual a más democracia y a más derechos humanos.
«Yo creo que empíricamente no hay una relación clara de que eso siempre sea así», asevera.
Recuerda que la apertura económica de los años 90 estuvo acompañada por un crecimiento paramilitar enorme, y que si bien en 91 se promulgó una nueva Constitución bastante progresista, «hubo un contraataque de los reaccionarios de derecha muy fuerte y todas las protestas contra privatizaciones fueron literalmente ahogadas en sangre».
Más aún, añade, hasta hace menos de un año, la economía colombiana «no iba mal, pero la democracia, los derechos humanos no se han beneficiado para nada».
Política de «seguridad» y «falsos positivos»
A su ver, el acuerdo de libre comercio con Colombia representa no sólo un aval para el Gobierno de Álvaro Uribe, sino que incide necesariamente en las políticas adoptadas por Bogotá en detrimento de las garantías individuales.
Un ejemplo: la denominada política de seguridad democrática. «El término sonó tan positivo a muchos parlamentarios, que olvidaron el resto; sin embargo, esa seguridad democrática implica todas las violaciones a los derechos humanos que aún se constatan en Colombia, incluidos los famosos falsos positivos».
Tristemente célebre, el término alude a los civiles asesinados por soldados y ataviados luego como guerrilleros. La maniobra permite a sus ejecutores ufanarse de «diezmar» a las fuerzas enemigas y colaborar, por ende, con la seguridad del país.
Sobre ese fenómeno, el profesor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, escribió en junio pasado:
«El fenómeno es muy conocido. Un ‘reclutador’ engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla».
Mejoría dramática en seguridad
En un informe preliminar sobre la situación en Colombia tras una estancia en ese país entre el 8 y el 18 de junio pasados, el relator de la ONU destaca la «dramática» mejoría de la seguridad que se ha registrado desde 2002, pero advierte que «aún queda mucho por hacer».
Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, puntualiza que la preocupación preponderante es la incidencia de los «falsos positivos», una temática que presenta dos problemas fundamentales.
Asesinatos a sangre fría
El primero, que «la expresión ‘falsos positivos’ brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio.
El segundo, que el enfoque sobre el asesinato de 11 jóvenes en tales condiciones, en 2008, en la población de Soacha, fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. No obstante:
«Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello».
Sobre la autoría de acciones semejantes, el experto de la ONU rechaza las versiones oficiales de que se trató de «manzanas prohibidas» dentro del Ejército, pero reconoce que no ha encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno o con conocimiento del presidente o de sus sucesivos ministros de Defensa.
Entonces, plantea el profesor Alston, «la pregunta clave es: «¿Quién es responsable de estas matanzas premeditadas?»
Esperanza en la visita de Leuthard
El informe final del relator de la ONU será publicado dentro de unos cuatro meses. ¿Qué impacto tienen este tipo de textos en el terreno de los hechos?, inquirimos a Manon Schick:
«El Gobierno de Uribe quiere tener una buena imagen internacional y ha mostrado que es muy sensible a lo que se dice sobre Colombia. En muchos países, sus embajadores participan muchas veces en conferencias para mostrar una imagen abierta de Colombia y creo que es positivo tener un diálogo».
Además, concluye:
«Cada vez que se puede tematizar con el Gobierno colombiano el tema de los derechos humanos es muy importante; eso legitima el trabajo de los defensores colombianos, de las ONG internacionales y, por supuesto, suizas. Por eso esperamos mucho de la visita de Doris Leuthard. Esperamos que haga una declaración fuerte en cuanto al respeto del trabajo de los defensores de los derechos humanos».
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
El texto del relator de la ONU da cuenta también de los crímenes cometidos por los diversos grupos armados –sea el ejército, la guerrilla o los paramilitares- en contra de la población civil, en particular de las zonas más pobres y/o rurales, y de las amenazas, intimidaciones y asesinatos de los defensores de los derechos humanos, a menudo por actores privados.
Los más de 40 años de un conflicto armado que las autoridades colombianas pretenden asimilar al terrorismo han cargado a Colombia, y en particular a la sociedad civil, una pesada factura: en las dos últimas décadas, 70.000 muertos, 4 millones de desplazados, entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas y en los últimos 10 años, más de 20.000 secuestros.
La ministra suiza de Economía, Doris Leuthard, realiza una misión económica en Colombia del 12 al 15 de julio 2009.
El objetivo es mejorar el acceso al mercado colombiano para los productos y las inversiones suizas, y promover el acuerdo de libre comercio concluido con Colombia en el marco de la EFTA en 2008.
Doris Leuthard efectuará una visita de cortesía al presidente Álvaro Uribe y se reunirá con los ministros de Comercio, Luis Guillermo Plata, y de Medioambiente, Carlos Costa Posada.
La agenda prevé encuentros con empresarios y sindicalistas locales.
La ministra suiza asistirá a la inauguración de un programa nacional de formación de aprendices durante la la inauguración de una nueva fábrica de la sociedad Sika.
En Medellín se reunirá con representantes locales del sector económico.
Colombia forma parte de los siete países prioritarios de la ayuda al desarrollo económico de la Confederación.
En 2008, Suiza exportó bienes por un valor de 305 millones de francos a Colombia e importó mercancías por 305 millones de francos.
Colombia es el tercer socio comercial de Suiza en América Latina.
A finales de 2007 las inversiones suizas en Colombia ascendían a 1.200 millones de francos. Las sociedadess suizas emplean a 11.000 trabajadores en Colombia.
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