¿Para qué sirve el Parlamento en la democracia directa suiza?

“Uno para todos y todos para uno”: el lema que destaca en la cúpula del Palacio Federal, sede del Parlamento suizo, en la que están representados la bandera de Suiza y los escudos de los cantones. © Keystone / Peter Klaunzer

A menudo Suiza es considerada como un sinónimo de la democracia directa. ¿Qué hace entonces el Parlamento helvético, si el pueblo puede decidir prácticamente sobre todo y tiene la última palabra?

En primer lugar cabe destacar un punto importante: el sistema político helvético no es una democracia directa “pura”, en la que los derechos populares – el referéndum y la iniciativa popular – se remonten a la noche de los tiempos. En la Suiza moderna, es decir, en el Estado Federal fundado en 1848, la democracia representativa siempre ha ido acompañada de la democracia directa, que se fue desarrollando en el transcurso de los años.

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La Constitución Federal de 1848 preveía únicamente el referéndum constitucional obligatorio. Con los años, se sumaron otros derechos populares. En 1874, los ciudadanos obtuvieron el derecho de referéndum facultativo y en 1891, el derecho de proponer una enmienda constitucional a través de una iniciativa popular.

Suiza no es ciertamente el único país en el que los ciudadanos disponen de estos instrumentos de democracia directa y al mismo tiempo eligen un Parlamento. Sin embargo, es el país en el que estos derechos populares están más extendidos a todos los niveles del Estado – a nivel municipal, cantonal y federal – y en el que más se ejercen.

La democracia directa y la democracia representativa no son antagónicas, sino complementarias. Los derechos populares, aunque son componentes fundamentales del sistema político de Suiza, nunca fueron concebidos como sustitutos del proceso legislativo, sino como instrumentos que permiten a los ciudadanos controlar permanente las acciones de sus representantes y, llegado el caso, bloquear su decisión (referéndum) o obligarlos a decidir (iniciativa).

Legislar sigue siendo competencia del Parlamento. El hecho de que la abrumadora mayoría de las leyes que emanan del Parlamento no sean contestadas por un referéndum demuestra que el Poder Legislativo está en manos del Parlamento. Además, entre las leyes impugnadas por un referéndum, son contadas las veces en las que el pueblo vota contra las decisiones adoptadas por el Legislativo.

No obstante, cabe recalcar que el referéndum facultativo tiene una fuerte influencia en las decisiones del Parlamento helvético. Sobre toda ley aprobada pesa la amenaza del referéndum, por lo que los legisladores tienden a buscar soluciones de compromiso con posibilidades de obtener una mayoría de votos a favor.

Otro privilegio importante del Parlamento suizo es que elige a los siete miembros del Gobierno (Consejo Federal) y al canciller de la Confederación. Reunidas en Asamblea Federal (pleno), las dos cámaras – el Consejo Nacional (baja) y el Consejo de los Estados (alta) – del Parlamento los eligen al inicio de una nueva legislatura para un mandato de cuatro años. Cuando uno o varios miembros del Consejo Federal o el canciller de la Confederación dimiten antes de concluir su mandato, la Asamblea Federal elige a los sucesores para lo que queda de legislatura.

La Asamblea Federal elige también a los miembros del poder judicial de Suiza: el presidente y los jueces del Tribunal Federal (la más alta instancia judicial del país) y los de los tres tribunales federales de primera instancia (tribunal penal, tribunal administrativo y tribunal de patentes).

Otra competencia del Parlamento es la elección del fiscal general de la Confederación, que es responsable de la abogacía del Estado.

En caso de guerra, compete al Parlamento elegir al general que estará al frente del Ejército mientras dure el conflicto.

La responsabilidad del Parlamento no se limita a la elección de los miembros del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Confederación. Su función es también vigilar de cerca al Gobierno y la Administración Federal, así como a los tribunales federales y el Ministerio Público de la Confederación (fiscalía del Estado).

Y no hay que olvidar que las cuentas de la Confederación –tanto el presupuesto como los gastos definitivos– requieren de la aprobación del Parlamento. En este tema, el pueblo no tiene voz ni voto.

Traducción del italiano: Belén Couceiro