Suiza apura la caza de criminales de guerra
Suiza ha dado un gran paso en el rastreo de presuntos criminales de guerra, señalan los defensores de los derechos humanos en referencia al grupo de trabajo especial creado este año. Los fiscales han abierto varios casos relacionados con Suiza.
En particular sitúan a dos figuras: Khaled Nezzar, antiguo ministro de Defensa argelino, sospechoso de delitos cometidos durante la guerra civil en aquel país; y al ex jefe de policía de Guatemala, Erwin Sperissen, acusado de abusos de los derechos humanos.
Parece que ha dado buenos resultados la presión ejercida por los grupos defensores de esos derechos -entre ellos el domiciliado en Ginebra Track Impunity Always (Trial) y Amnistía Internacional-, reclamando más recursos para aplicar la legislación de gran alcance sobre crímenes de guerra.
Un nuevo centro de competencia de derecho penal internacional funciona desde julio en la Fiscalía Federal con dos detectives federales y tres expertos en leyes.
Es pequeño si se lo compara con los 30 investigadores experimentados de la Unidad Internacional de Delitos de Holanda, pero es un paso significativo, señalan los militantes de los derechos humanos.
“Suiza está, por fin, tomando con más seriedad sus obligaciones internacionales”, comenta el director de Trial, Philip Grant.
Suiza ratificó en el año 2001 el Estatuto de Roma que ha dado lugar a la constitución de la Corte Penal Internacional. Según el derecho penal suizo, adaptado y puesto en vigencia el 1 de enero de 2011, el sistema judicial helvético permite juzgar a sospechosos que en cualquier parte del mundo pudieron haber cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio.
Queda sin efecto el requisito legal que presuponía vínculos estrechos del acusado con Suiza: residencia familiar o secundaria; de manera que cualquier persona sospechosa de graves delitos de guerra que viaja a Suiza o piensa hacerlo puede ser sometida a investigación penal.
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El delicado caso argelino
La primera “víctima” de los cambios recientes es Nezzar. El antiguo ministro argelino de Defensa viajó a Ginebra para someterse a un tratamiento médico en el mes de octubre del año pasado.
Acusado por Trial y dos víctimas de graves delitos internacionales, este personaje de 75 años fue detenido por las autoridades judiciales de Ginebra, interrogado y luego liberado. Se supone que ha vuelto a Argelia.
El Tribunal Federal de Suiza ha desestimado el mes pasado una demanda en la cual Nazzar sostiene que no puede ser juzgado fuera de su país por los supuestos crímenes que habría cometido en la cruenta guerra civil de la década de 1990.
La decisión histórica tomada por la instancia judicial más alta de la Confederación Helvética abre teóricamente el camino para juzgar a Nezzar en Suiza. Los fiscales suizos tienen ahora la complejísima tarea de reunir pruebas suficientes en los sitios donde habrían sido cometidos los crímenes para presentar el caso.
“Jamás habrá cooperación de las autoridades argelinas. Es un caso difícil”, recalca Grant. “Hay cada vez más víctimas que hablan y están dispuestas a testimoniar. Uno ve sus vídeos en Youtube, por ejemplo, pero ¿cómo llegamos hasta esa gente?”
El 12 de octubre de 2001, Suiza se convierte en el 43° Estado que ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La legislación helvética es adecuada para cumplir las normas del tratado.
Los crímenes de lesa humanidad son incorporados en la ley penal suiza. Se precisa más la definición de crímenes de guerra y amplía así el margen de su aplicación a los delitos de genocidio. Esos artículos nuevos están en vigencia desde el 1 de enero de 2011. Las modificaciones en la ley suiza abren nuevas opciones para perseguir a los sospechosos de crímenes de guerra.
A tenor del Gobierno, la ley tiene la finalidad de “garantizar la eficacia y la transparencia para juzgar en Suiza los casos de crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra y, por ende, asegurar la represión intachable de tales actos”.
Suizo-guatemalteco
El asunto Nezzar no es el único de notoriedad trascendido a la opinión pública.
Sperissen, responsable de la fuerza policial de Guatemala entre 2004 y 2007 y poseedor de las nacionalidades suiza y guatemalteca, fue arrestado el pasado 31 de agosto en Ginebra, donde vive con su familia desde 2007. Es acusado de participación en ejecuciones extrajudiciales y de otros abusos de los derechos humanos en el país centroamericano.
El ex jefe de policía, que niega enérgicamente esas acusaciones, pasó la Navidad en el Centro penitenciario Champ-Dollon de Ginebra, donde guarda detención preventiva hasta el 26 de febrero, mientras las investigaciones siguen en curso.
Guatemala emitió la orden judicial para su arresto en agosto de 2010 . Tal disposición incluye a otros 18 ex oficiales, entre los cuales está el ex ministro del Interior, Carlos Vielmann, fugado a España, y el subdirector de investigaciones policiales Javier Figueroa, residente en Austria con estatuto de refugiado.
“Con el tiempo podrían celebrarse al mismo tiempo tres juicios en tres países diferentes y posiblemente otros en Guatemala”, predice Grant.
“Arañamos la superficie”
Desde la sentencia histórica que tomó el Tribunal militar de Suiza en 2001 sobre la participación de Fulgence Niyonze en el genocidio de Ruanda, nadie ha vuelto a ser acusado de delitos internacionales en la Confederación Helvética.
Entonces, ¿cuántos presuntos criminales de guerra viven o pasan por Suiza?
“Es imposible responder a eso, porque no hay estadísticas al respecto”, explica la portavoz de la Fiscalía, Jeannette Balmer.
Pero la nueva unidad sobre crímenes de guerra está en plena actividad. Actualmente examina ocho casos de extranjeros relacionados con Suiza, aunque sólo dos de ellos viven aquí, añade Balmer. Tienen que ver con acontecimientos pasados en la antigua Yugoslavia, África del Norte, Medio Oriente y Asia Central.
Trial acopia por su parte informaciones sobre casos específicos relativos a ONGs, víctimas de la diáspora o incluso detectives privados que luego presenta a las autoridades investigadoras. Grant refiere que la ONG ha descubierto seis casos, pero “apenas arañamos la superficie”.
Añade que todas las víctimas entrevistadas recientemente por expertos en un país no revelado citaron cifras “abrumadoras” de criminales de guerra que estarían viviendo en Suiza, Italia, Francia y Gran Bretaña.
Las cifras en otros países son difusas. No obstante, el año pasado se reveló que una unidad especial sobre crímenes de guerra en el organismo gubernamental de inmigración británico había recomendado tomar acciones legales contra 495 personas en los últimos cinco años, 383 de las cuales siguen en libertad.
Trial presenta demandas en las instancias internacionales de derechos humanos competentes para examinar los presuntos delitos de las personas. Ha creado asimismo el programa “Fight against impunity in Switzerland” (Lucha contra la impunidad en Suiza), para presentar ante las instancias suizas las quejas contra las personas que se encuentran en territorio helvético bajo sospecha de delitos internacionales.
Casos notables: Khaled Nezzar en 2011 (Argelia); Jagath Dias en 2011 (Sri Lanka); George W. Bush en 2011 (EEUU); Bouguerra Soltani en 2009 (Argelia); Erwin Sperisen en 2008 (Guatemala); M.G. en 2007 (Somalia); W.G. en 2006 (Afganistán); X. en 2004 (Argelia); Habib Ammar en 2003 (Túnez).
Aceptación amplia
Los defensores de los derechos humanos reciben con beneplácito la asignación de nuevos recursos federales y destacan la motivación y las ganas de aplicar la ley que tiene el personal incorporado en el centro suizo de competencia. Abogan asimismo por mejorar los procedimientos de trabajo.
La legislación suiza obliga a que los organismos federales de asilo y las de procesamiento legal tengan comunicación recíproca; y a que sea automática cuando hay sospecha de delitos. Las ONG se quejan de que esto no ocurre sistemáticamente y que es imposible controlar, porque el procedimiento es confidencial.
La cooperación internacional también ha mejorado, aunque, en opinión de Grant, las agencias en diversos países deben conectarse más para compartir información.
“Una vez aceptado que los Estados tienen una responsabilidad compartida, los políticos tendrán que dar los medios suficientes para las investigaciones, y en los próximos 10 a 20 años veremos que ésto evoluciona hasta ser algo ampliamente aceptado”.
Traducción, Juan Espinoza
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