Suiza-UE: un 2012 cargado de tensiones e incógnitas

En este momento, Suiza no es seguramente una prioridad para Bruselas. Keystone

Después de una desaceleración en 2011 debido sobre todo a las elecciones legislativas en Suiza, 2012 se vislumbra como un año decisivo en las relaciones entre Suiza y la Unión Europea (UE). La cuestión institucional y la fiscalidad centrarán encendidos debates.

Entre los objetivos para 2012 que el Gobierno suizo presentó a principios de diciembre, el “esclarecimiento de las relaciones institucionales entre Suiza y la Unión Europea” figura entre las primeras diez prioridades.

Desde el primer acuerdo de libre comercio en 1972, la lista de convenios entre Berna y Bruselas no ha cesado de ampliarse. Hoy ronda los 120 acuerdos, que abarcan ámbitos extremadamente sectoriales como la cooperación en materia estadística, hasta temas mucho más ‘palpables’ para el común de los mortales, como los acuerdos de libre circulación o de Schengen.

Además, Berna y Bruselas llevan tiempo negociando otros asuntos importantes. Entre ellos la fiscalidad, tema que Bruselas reanudará previsiblemente en 2012 debido a la grave situación financiera que viven sus países miembros. Pero también el mercado de la electricidad, la agricultura, el comercio de los derechos de emisión, entre otros, son objeto de negociación.

“Si tomamos como ejemplo el mercado eléctrico, hasta ahora la falta de un acuerdo no ha supuesto un problema”, señala Jean Russotto, abogado establecido en Bruselas desde hace 40 años.

“Con el abandono nuclear y la importancia que adquieren las energías renovables y la eficiencia energética, sin embargo, el contexto ha cambiado. Suiza es un cruce fundamental para el comercio y tránsito de electricidad, y constituye un eslabón crucial para asegurar el abastecimiento. La inexistencia de un acuerdo en este campo dificulta las operaciones de las empresas helvéticas, por ejemplo, a la hora de vender energías renovables en países de la UE”.

Estancamiento

Pero por el momento las negociaciones bilaterales entre Suiza y la UE permanecen estancadas. Y es que antes de sellar un nuevo acuerdo, la UE quiere arreglar la cuestión institucional.

Los convenios concluidos hasta ahora son acuerdos clásicos de derecho internacional. “El derecho europeo, al igual que el suizo, evoluciona. Si cambiamos las reglas relevantes para los campos que afectan a estos acuerdos, se crea una discrepancia entre el derecho suizo y el europeo”, explica Giorgio Pompilio, adjunto del responsable de información de la Oficina de Integración, encargada de coordinar la política europea de Suiza.

Actualmente corresponde a los comités mixtos Suiza-UE allanar el camino y adaptar los acuerdos. Pero no dan abasto, dado el creciente número de convenios y enmiendas en el derecho europeo.

Una situación que Bruselas no está dispuesta a tolerar más. “Para la Unión Europea, el principal problema reside en que los acuerdos con Suiza, a excepción de algunos como el de Schengen, no prevén una adopción del derecho ‘futuro’ ni de las cláusulas evolutivas. Bruselas pretende que Berna se comprometa a incorporar a su legislación nacional las futuras revisiones del denominado acervo comunitario. Pero Suiza se niega a firmar cheques en blanco”, prosigue Pompilio.

Enfoque global

Berna no se opone por principio a crear un marco institucional que regule la incorporación del acervo comunitario. De hecho, Suiza suele adaptar su legislación nacional a la comunitaria de forma autónoma, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, quiere participar en la toma de decisión como ocurrió en el caso del tratado Schengen. Asimismo pide que este marco contemple medidas que respeten su soberanía en la adaptación de los contratos que dejen abierta la opción de convocar un referéndum.

Hasta ahora Bruselas se muestra muy receptiva a estas demandas. Así, el ex embajador de la UE en Berna, Michael Reiterer, y el jefe de la oficina suiza en Bruselas, Gianluca Grippa, rechazaron categóricamente la idea de crear un tribunal de arbitraje, compuesto por jueces de la UE y magistrados suizos, que se encargarían de vigilar la aplicación de los acuerdos y resolver eventuales divergencias. Tal instancia significaría una injerencia en las competencias del Tribunal Europeo de Justicia.

“Por ahora el diálogo es de sordos”, sostiene Jean Russotto. Pero el status tampoco constituye una alternativa, pues hay muchos intereses en juego para ambas partes.

Fiscalidad

“Puede que en el transcurso de este año se desbloquee la situación y se pongan sobre la mesa muchos problemas para buscar un acercamiento global”, agrega el abogado suizo. El espinoso asunto de la fiscalidad, que engloba la fiscalidad del ahorro y los acuerdos concluidos con Alemania y Gran Bretaña, la fiscalidad de los cantones, la nueva política regional y el código de conducta, podría fungir como catalizador.

“En cierto sentido, es la UE quien pide algo a Suiza en este campo. Quiere que Berna participe en la fiscalidad del ahorro y ponga fin a algunos privilegios acordados a los cantones. Quiere también entablar un diálogo en materia del código de conducta y se opone a los acuerdos concluidos con Alemania y Gran Bretaña por cuestiones de compatibilidad comunitaria”, subraya Jean Russotto.

La fiscalidad puede ser la baza de Berna. “En mi opinión, si accede a negociar la fiscalidad, Suiza puede obtener concesiones, por ejemplo en la cuestión institucional”.

Libre circulación

Se trata de otro expediente espinoso que puede socavar las relaciones entre Berna y Bruselas. En Suiza se han lanzado tres iniciativas populares –aún en fase de recolección de firmas- que quieren limitar la inmigración.

Contra la inmigración en masa, iniciativa impulsada por la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora), prohíbe expresamente la conclusión de tratados internacionales que no permitan a Suiza gestionar de forma completamente autónoma la inmigración y prevé una adaptación de los tratados existentes en caso de que se apruebe la iniciativa.

Sea como fuere, la población suiza no estará llamada a pronunciarse sobre estas iniciativas en algunos años, ya que el plazo para la recolección de las 100.000 firmas necesarias expira a fines de 2012 o principios de 2013.

Hasta ahora los ciudadanos suizos han acudido tres veces a las urnas para votar sobre la libre circulación. En 2000 el 67,2% aceptó el primer paquete de acuerdos bilaterales con la UE, que incluía también el acuerdo de libre circulación de personas. Cinco años después, el 56% aprobó la extensión del acuerdo a los diez nuevos miembros que se adhirieron a la UE en 2004. La última votación se remonta a 2009. El 59,6% de los suizos aceptó prolongar el acuerdo y extenderlo a Bulgaría y Rumanía.

Los círculos económicos y la mayoría de los políticos siempre han defendido a capa y espada la libre circulación, subrayando que ha sido una fuente de crecimiento para el país. Últimamente, sin embargo, se han multiplicado las voces contrarias paralelamente al crecimiento demográfico (derivado sobre todo de la inmigración proveniente de países de la UE) y a los problemas que implica en materia de alojamiento.

La libre circulación genera también presión sobre los salarios. Según un informe de la Secretaría de Estado de Economía, en 2010 el 41% de los patronos no respetaba los salarios mínimos que fijan los convenios colectivos de trabajo, frente al 390% en 2009.

(Traducción: Belén Couceiro)