Muerte de varias mujeres marca el año desde restricción al aborto en Polonia

Miguel Á. Gayo Macías

Cracovia (Polonia), 27 ene (EFE).- La restrictiva norma sobre el aborto en Polonia, que cumple hoy un año, empuja a miles de mujeres a viajar a otros países para interrumpir su embarazo y ha causado más de mil demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El aniversario llega dos días tras el fallecimiento de una mujer en Czestochova (sur) a la que durante más de una semana no se le extrajo un feto sin vida por decisiones médicas que la familia achaca a la legislación antiabortista.

La fiscalía ordenó el miércoles una investigación para esclarecer el caso y este jueves la dirección del hospital negó su responsabilidad en la muerte, provocada por una septicemia, y justificó su actuación «de espera y vigilancia» antes de inducir un aborto porque «existían posibilidades de salvar» al gemelo vivo.

Organizaciones de defensa de los Derechos de la Mujer y agrupaciones por el derecho al aborto han convocado movilizaciones en todo el país para pedir, bajo el lema «Ni una más», un cambio en la legislación polaca, una de las más restrictivas de Europa en este sentido.

El caso ocurrido en Czestochowa recuerda a otro similar, en noviembre del año pasado, cuando una mujer de 30 años falleció por septicemia después de que los médicos retrasasen la extracción del feto, que presentaba defectos incompatibles con la vida y carecía de líquido amniótico, hasta poder certificar que había muerto.

En aquella ocasión, el presidente polaco, Andrzej Duda, lamentó que solo se hablase «de la muerte de la madre» y «lamentablemente no se mencionase que también murió un niño» y afirmó que «la vida es un valor absolutamente supremo».

Hace un año entró en vigor el fallo del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, que criminaliza la interrupción del embarazo incluso cuando se ha diagnosticado un deterioro grave e irreversible del feto, aunque en teoría es posible si está en riesgo la vida de la madre.

En consecuencia, según datos del Fondo de Sanidad estatal polaco, el número de abortos legales practicados en 2021 descendió un 65 % con respecto al año anterior, cuando de acuerdo con organizaciones independientes se produjeron unas 1.000 interrupciones del embarazo en todo el país.

Según declaró a EFE la Federación de Mujeres y Planificación Familiar, una organización polaca que asiste a mujeres que necesiten abortar, el cambio legal supone «el más brutal ataque a los derechos de las mujeres en la historia moderna de Polonia».

Según Urszula Grycuk, portavoz de esta agrupación, desde enero de 2021 su equipo de siete personas ha atendido «miles de llamadas y peticiones» y ha sido «inundado con una avalancha ininterrumpida de comunicaciones para recibir ayuda para acceder a medios de abortar, medidas contraceptivas, ayuda médica y apoyo psicológico».

Por su parte, Adriana Lamačková, asesora legal para Europa del Centro de Derechos Reproductivos, subrayó según un comunicado de la organización que leyes de aborto tan restrictivas como la de Polonia tienen consecuencias «devastadoras para la salud y la vida de las mujeres».

«Estas leyes van contra los Derechos Humanos y las medidas de salud pública,» agregó.

Al igual que multitud de fundaciones y agrupaciones civiles en Polonia, esta organización ofrece apoyo legal a las mujeres que deciden abortar, pero temen consecuencias penales.

Más de mil mujeres han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según el Centro, para reclamar el derecho a abortar en casos extremos como los dos ocurridos este último año y que los médicos puedan optar por salvar la vida de la madre sin temor a consecuencias legales.

Según el artículo 152 del código penal polaco, quien ayude a interrumpir un embarazo, aún con el consentimiento de la madre, bajo supuestos no permitidos por la ley, puede ir a la cárcel hasta tres años, y si se determina que el feto habría sobrevivido, la pena puede llegar a los ocho años de prisión.

«La mayoría de aquellos que se sientan en un escaño parlamentario o en la silla de un juez no entienden el drama detrás de estas situaciones,» enfatizó Grycuk.

«No escuchan diagnósticos de embarazos no deseados, no tratan con médicos asustados, no le temen a la septicemia ni a dejar a sus hijos sin atención en caso de muerte o enfermedad», agregó la portavoz de la Federación de Mujeres.

Según los defensores de la reforma que restringió el aborto hace un año, la ley permite explícitamente que se interrumpa el embarazo si están en peligro la vida o la salud de la madre y aseguran que las muertes ocurridas en los casos denunciados son resultado de errores médicos. EFE

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