Primer ministro defiende acción de fuerzas de seguridad en protestas en Perú

Lima, 4 may (EFE).- El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, defendió este jueves la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales que dejaron decenas de muertos desde diciembre pasado y aseguró que el Gobierno de su país busca «llegar a la verdad» sobre esos acontecimientos.

«Lo que yo quiero ratificar es el pleno respaldo y apoyo del Gobierno a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional», declaró Otárola en la emisora RPP Noticias antes de enfatizar que las fuerzas del orden actuaron «en el contexto de un estado de emergencia» decretado por el gobierno.

El primer ministro comentó, de esa manera, un informe difundido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes que se produjeron durante las protestas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre el 7 de diciembre y el 23 de enero.

Pese a usar esa fecha de corte, las manifestaciones continuaron hasta marzo pasado y, en total, fallecieron 49 personas en enfrentamientos con la fuerza pública.

En su informe, la CIDH afirma que la respuesta del Estado peruano a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo «estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».

Asimismo, denuncia que en la ciudad andina de Ayacucho hubo casos de «ejecuciones extrajudiciales» que «habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos».

Al respecto, el primer ministro remarcó que el Poder Ejecutivo defiende que se debe «respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia».

«La posición oficial del gobierno es que vamos a ejercer el derecho a defensa, vamos a respetar el informe que ha presentado la Comisión, vamos a trabajar en la implementación de sus recomendaciones y, sobre todo, vamos a trabajar incansablemente por alcanzar la reconciliación nacional», sostuvo.

Otárola reiteró, además, que las muertes en las protestas están siendo investigadas por el Ministerio Público y dijo que las leyes peruanas establecen que «las responsabilidades son individuales».

«No podría en este momento precisar, asegurar o adelantar opinión respecto a una investigación fiscal que es en principio reservada y así va a seguir siendo. Esto tiene que ser reservado hasta que se avance en las investigaciones y se esclarezcan los hechos», dijo.

Aseguró, además, que varias de las recomendaciones incluidas en el informe de la CIDH ya han sido implementadas y que se podría hacer lo mismo con otras «de acuerdo con la legislación interna» peruana.

Considero, sin embargo, que el informe es «muy interesante pero también un poco extraño», ya que también hace referencias al modelo económico y a la autonomía institucional del país.

«La Comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas contradicciones que es menester abordar a un solo poder del Estado, que es el Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra Constitución Política», dijo.

Señaló que, por ese motivo, «no se puede aceptar ciertamente que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones de los organismos constitucionalmente autónomos del Perú».

También aseguró que, en el caso de los heridos militares y policiales durante las protestas, la CIDH ha realizado «un deficiente análisis» y mencionó que el asesinato de un Policía por una turba «solo ha sido mencionado como un hecho más», ya que «diez palabras se refieren a él dentro del informe». EFE

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