Reclaman la excarcelación de periodistas y levantar las restricciones de prensa en Egipto

Shady Roshdy

El Cairo, 16 dic (EFE).- La excarcelación de periodistas y el levantamiento de las restricciones a los profesionales de la prensa en Egipto fueron las principales reclamaciones que el presidente del Sindicato de Periodistas egipcio, Jaled al Balshi, reivindicó este lunes en una sesión organizada en El Cairo por el Consejo Nacional de Derechos Humanos del país.

«Deberían liberar de inmediato a los periodistas detenidos y activar la ley de acceso a la información pública y la libertad de expresión», aseveró Al Balshi en su intervención, en la que reclamó también prohibir el encarcelamiento de periodistas por publicaciones críticas.

Según Al Balshi, unos 24 profesionales de la información han permanecido en prisión preventiva por ese motivo y algunos de ellos estuvieron encarcelados más de cinco años, a pesar de que la ley establece un máximo de dos años para este tipo de detención, algo que atenta contra los derechos fundamentales.

Así lo hizo saber el presidente del Sindicato de Periodistas de Egipto en la sesión con la que el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto, un organismo estatal, celebró el Día de los Derechos Humanos y en la que el propio Consejo denunció haber recibido hasta 5.000 quejas relacionadas con vulneraciones del derecho a la información y otros derechos personales.

«Una mayor conciencia sobre los derechos humanos es esencial para garantizar nuestra protección, ya que sin libertad, los medios de comunicación no pueden existir», reiteró el veterano periodista.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, urgió el pasado mes de octubre a reducir la duración máxima de la prisión preventiva de dos años, y que ésta no se use como castigo, después de años en los que las autoridades judiciales del país hayan reprimido así a opositores, disidentes y activistas, entre otros, según denuncian organizaciones de derechos humanos.

Derecho a informar sin represalias

El objetivo de esta jornada, que contó con figuras destacadas del ámbito mediático y humanitario egipcio, era promover la conciencia de los derechos humanos en los medios de comunicación y la libertad de prensa y expresión, así como la liberación de los periodistas y activistas encarcelados.

La presidenta de Consejo Nacional de Derechos Humanos, la embajadora Moshira Jatab, afirmó a EFE que su entidad ha recibido alrededor de «5.000 quejas de diferentes clasificaciones de derechos personales, detenidos por libertad de expresión y otros por participar en manifestaciones o difundir noticias falsas».

«Nuestro objetivo debe ser la práctica sobre el terreno, es decir, que cada ser humano ejerza todos los derechos que le garantizan la Constitución egipcia y las convenciones internacionales de derechos humanos con las que Egipto está comprometido», destacó.

El caso de Alaa Abdelfatah

Moshira Jatab puso de ejemplo el caso del activista prodemocracia egipcio-británico Alaa Abdelfatah, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en Egipto, un país donde las voces críticas al gobierno han sido sistemáticamente reprimidas en la última década.

Desde que Al Sisi llegara al poder en 2013, Abdelfatah ha estado entre rejas casi sin interrupción. Su último periodo de detención comenzó en septiembre de 2019 cuando fue acusado de terrorismo, y en diciembre de 2021, fue condenado a cinco años por «difusión de noticias falsas».

El pasado mes de septiembre, este activista egipcio cumplió su condena de cinco años, pero sigue entre rejas, lo que supone «una violación del artículo 482 del Código Penal egipcio», según el Comité de Protección de Periodistas (en inglés, CPJ).

«Hemos presentado una solicitud formal de indulto presidencial en su nombre. Además, hemos trabajado activamente para mejorar sus condiciones de detención, logrando su traslado desde la deteriorada celda original hacia el Centro de Rehabilitación de Wadi Natrun», aclaró.

«Espero que liberen a Alaa» afirmó Moshira, quien aseguró que desde su organismo colaboran «estrechamente con el Poder Ejecutivo y el Comité de Indulto Presidencial» para abordar este tipo de casos. EFE

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