Reino Unido respalda a la ONG Save the Children, investigada por la fiscalía de Guatemala

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Reino Unido manifestó este martes su respaldo a la ONG británica Save the Children, cuya filial en Guatemala es investigada por la fiscalía por un supuesto caso de tráfico de niños migrantes a Estados Unidos.

El gobierno británico dijo en un comunicado que «mostró […] su apoyo a la ONG Save The Children y su trabajo en Guatemala mediante la visita de la Enviada Especial del Reino Unido para la igualdad de género, Alicia Herbert, a sus instalaciones hoy [martes] en la ciudad de Guatemala».

Herbert finalizó este martes una gira de dos días al país centroamericano visitando la sede en la capital de la oenegé «para apoyar el trabajo que realizan en Guatemala ayudando a los niños en condiciones vulnerables, incluidos los migrantes menores de edad que a menudo viajan solos», precisó el texto.

Esa oficina fue allanada el 25 de abril, 12 días después de divulgarse en la prensa local que la fiscalía guatemalteca había pedido en una carta a su similar de Texas colaboración para investigar un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, y que involucraría a oenegés como Save the Children. 

El 7 de octubre, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a cargo de Rafael Curruchiche, allanó cinco sedes regionales de la oenegé, que niega los señalamientos en el caso que está bajo reserva judicial. 

Según la misiva, el secretario general de la Fiscalía de Guatemala, Ángel Pineda, solicitó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, su «atención» a una «situación grave» por una denuncia recibida de una supuesta «compleja red» de tráfico de menores no acompañados.

Pineda indicó que la denuncia alertaba de un «patrón de desaparición» en Guatemala de niños que luego eran encontrados sin protección de sus padres en albergues de Texas, sitios con antecedentes de «denuncias» de «abuso sexual».  

Save the Children, con sede central en Londres, comenzó a trabajar en Guatemala en 1976 tras un terremoto que devastó al país y se estableció formalmente en 1983. En la actualidad tiene proyectos de educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, entre otros.

Curruchiche, Pineda y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, por considerarlos «corruptos» y antidemocráticos». 

hma/arm