Relator ONU pide sanciones contra Birmania para responder a sus crímenes

Ginebra, 11 mar (EFE).- El relator de Naciones Unidas para Birmania (Myanmar), Thomas Andrews, afirmó hoy que la represión de la Junta Militar birmana tras el golpe de Estado de febrero, que ha causado al menos 70 muertos y 2.000 detenidos, debe ser respondida por la comunidad internacional con severas sanciones.

«El pueblo de Birmania no sólo necesita palabras de apoyo sino acción y ayuda de la comunidad internacional», subrayó Andrews en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU actualmente reunido en Ginebra.

Andrews propuso varias medidas de presión en este sentido, comenzando por «detener el flujo de ingresos a las arcas de la Junta ilegal», con sanciones a las principales fuentes de financiación del régimen, incluyendo su empresa nacional de petróleo y gas.

También sugirió una extensión del embargo a la exportación de armas a Birmania (que ya imponen 41 países) y solicitó a Estados con leyes de jurisdicción universal que consideren iniciar investigaciones contra líderes de la Junta birmana por los «crímenes contra la humanidad» que actualmente se están cometiendo en el país.

El relator rogó asimismo que se detenga toda ayuda humanitaria y al desarrollo entregada directamente al régimen, redirigiendo esos recursos a organizaciones de la sociedad civil birmana, y que todo Estado «se niegue a reconocer a la Junta como legítimo Gobierno representativo del pueblo birmano».

Andrews insistió en que hay evidencias de que el Ejército birmano o Tatmadaw está cometiendo crímenes contra la humanidad que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones que no cumplen los principios universales de la ley internacional.

También subrayó que estos crímenes son parte de una campaña coordinada y sistemática, «dirigidos contra la población civil y no contra combatientes» y llevados a cabo con el conocimiento de los máximos líderes militares, incluido el general Min Aung Hlaing, actual hombre fuerte del país.

«Birmania está bajo control de un régimen asesino e ilegal», aseguró el relator, quien también recordó que los líderes de ese país también están acusados ante la Corte Penal Internacional de crímenes contra los rohinya y subrayó que en 2020 las fuerzas de seguridad asesinaron a al menos 33 miembros de esa etnia de religión musulmana.

La delegación birmana ante el Consejo de Derechos Humanos defendió en su turno de réplica al relator que el estado de emergencia vigente por un año declarado el 1 de febrero fue ordenado a raíz de irregularidades en las elecciones de 2020 que no pudieron resolverse por otras vías, entre ellas la parlamentaria.

Añadió que el Consejo Administrativo del Estado, órgano que gobierna Birmania tras el golpe, no es exclusivamente militar, mantiene la constitución con la que el país inició cierta transición democrática en 2008, y «cumplirá con sus obligaciones internacionales».

La delegación aseguró que «ha habido moderación frente a las manifestaciones violentas», en las que las autoridades sólo han velado por mantener el orden, y recordó que éstas se han celebrado pese a que desde el estado de emergencia se prohíben las reuniones públicas de más de cinco personas. EFE

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