Ruanda rechaza las acusaciones de Acnur sobre devoluciones de solicitantes de asilo

Kigali, 12 jun (EFE).- Ruanda acusó a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de «mentir» después de que la organización declarara ante la justicia británica que tiene pruebas de que el Gobierno ruandés ha devuelto a solicitantes de asilo a países en los que corren el riesgo de ser perseguidos.

«Acnur está mintiendo. La organización parece decidida a presentar acusaciones fabricadas ante los tribunales del Reino Unido sobre el trato que da Ruanda a los solicitantes de asilo, mientras sigue colaborando con nosotros para traer migrantes africanos desde Libia hasta la seguridad de Ruanda», dijo el Ejecutivo ruandés en un comunicado que recogen este miércoles medios locales.

Así, Kigali argumentó que los casos investigados por Acnur hacen referencia a migrantes que no solicitaron asilo según las vías establecidas por la ley ruandesa o personas que abandonaron el país de forma voluntaria.

El Ejecutivo ruandés lanzó este mensaje después de que Lawrence Bottinick, un responsable de Acnur, declarara este lunes ante un tribunal británico que la agencia ha registrado nuevos casos en que Ruanda ha llevado a cabo la práctica conocida en inglés como ‘refoulement’.

Se trata de la devolución por parte de un Estado de un individuo a un territorio de otro país en el que puede ser perseguido o sufrir tortura por motivos de raza, religión o nacionalidad, entre otros.

Frente a la revelación de Bottinick, la corte dio permiso a Acnur para reunir más pruebas e información y presentarla el 28 de junio.

La agencia declaró en el marco de los recursos legales presentados contra el polémico plan del Gobierno conservador británico para deportar a Ruanda a aquellos inmigrantes que llegan al Reino Unido de manera irregular en embarcaciones a través del Canal de la Mancha.

A principios de este mes de junio, los abogados del ministro británico del Interior, James Cleverly, informaron de que no se producirá ningún vuelo al país africano antes del 24 de julio, tres semanas después de las elecciones generales previstas en el país el día 4 de ese mismo mes.

Londres anunció el pasado 1 de mayo la detención de los primeros migrantes indocumentados que serán enviados a Ruanda, si bien no precisó el número, después de que el Parlamento británico aprobara en abril considerar al país africano como «seguro» para enviar a los potenciales refugiados.

Ese era el objetivo del primer ministro Rishi Sunak, después de que el Tribunal Supremo -máxima instancia judicial británica- concluyese que la nación africana no era segura porque los migrantes podrían ser devueltos a sus países de origen, de los que huyeron.

El Reino Unido ya ha pagado a Kigali una partida inicial de 240 millones de libras esterlinas (285 millones de euros) y se ha comprometido con 370 millones (439 millones de euros) más durante los próximos cinco años, además de un complemento de 120 millones (142 millones de euros) una vez hayan llegado 300 migrantes.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han criticado al Gobierno británico por ignorar las conclusiones del Tribunal Supremo y consideran que la ley «socava» el Estado de derecho y viola los derechos de las personas refugiadas. EFE

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