Siete activistas prodemocráticos exiliados enfrentan nuevas restricciones en Hong Kong

Hong Kong, 24 dic (EFE).- Las autoridades de Hong Kong han intensificado su ofensiva contra activistas prodemocráticos que operan desde el extranjero, aplicando medidas de seguridad nacional contra siete destacados militantes, una táctica que se inscribe en un contexto de creciente control sobre la disidencia.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, invocó este martes la controvertida Ley de Seguridad Nacional para imponer una serie de restricciones a siete individuos, entre los que se encuentran Ted Hui, Dennis Kwok, Elmer Yuen, Anna Kwok, Joey Siu, Frances Hui y Kevin Yam.

Las medidas, divulgadas hoy en la gaceta oficial del gobierno, incluyen limitaciones diseñadas para abordar asuntos relacionados con aquellos que se encuentran en el exilio. Con este enfoque, las autoridades buscan desincentivar las acciones de los activistas y consolidar su narrativa en un entorno político cada vez más adverso.

Las acciones adoptadas contra los militantes impiden la provisión o negociación de fondos y limitan diversas actividades relacionadas con propiedades inmobiliarias. Asimismo, se han vetado las colaboraciones empresariales y asociaciones vinculadas a los fugitivos identificados.

Asimismo, el Gobierno ha anulado los pasaportes hongkoness de los afectados. En ciertos casos, se ha suspendido temporalmente la validez de sus credenciales profesionales y se les ha destituido de sus posiciones directivas.

La Administración de la excolonia británica defiende estas intervenciones como esenciales para preservar la estabilidad y la seguridad del territorio, en un contexto internacional que critica la disminución de las libertades civiles.

Hong Kong busca a al menos veinte antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Seis de estos individuos fueron añadidos hoy a la lista de personas objeto de investigación policial por presuntos delitos de «confabulación con fuerzas extranjeras» e «incitación a la secesión y a la subversión».

Las autoridades ofrecen un millón de dólares hongkoneses (unos 128.718 dólares, 123.768 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de los sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional, que Pekín impuso en la excolonia británica en junio de 2020 tras las masivas protestas antigubernamentales en 2019.

Esta normativa penaliza prácticamente cualquier forma de disidencia y utiliza definiciones amplias para delitos como terrorismo, subversión, secesión y connivencia con potencias extranjeras. Asimismo, faculta a Pekín para establecer una fuerza de seguridad en el territorio e influir en la designación de jueces que conozcan los casos relacionados con la protección de la seguridad nacional.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, de alcance extraterritorial, los opositores exiliados están expuestos a medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.

En la normativa figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección o la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

La norma ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de «un país, dos sistemas», fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad. EFE

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