Sobrevivientes de masacre salvadoreña denuncian el incumplimiento de sentencia de CorteIDH

San Salvador, 25 oct (EFE).- Un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de unos 1.000 civiles, ejecutados por el Ejército en la remota localidad de El Mozote (1981), denunciaron este viernes el incumplimiento por parte del Estado de El Salvador de una sentencia emitida en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La CorteIDH emitió el 25 de octubre de 2012 una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por esta matanza y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados, encaminadas a la justicia, la investigación y la implementación de programas de desarrollo.

La masacre sucedió en el caserío (aldea) El Mozote y en otros caseríos cercanos a este.

María del Rosario López señaló en una conferencia de prensa que «algunas de las medidas ejecutadas por el Gobierno solo se han enfocado en El Mozote y no en los lugares aledaños que también sufrimos la masacre».

Apuntó que en su lugar de residencia, el caserío La Joya, «lo único que tenemos es un centro para adultos mayores, una casa comunal y un monumento, pero las calles siguen en mal estado».

«No tenemos más nada, todo solo para El Mozote y no solo en El Mozote hubo masacre. Hubo en La Joya, en Cerro Pando, en Cacaopera, y queremos que a todas esas comunidades les brinden el apoyo que se necesita», dijo.

Algunas de las medidas dictaminadas en la sentencia están enfocadas en áreas de infraestructura, educación y salud para los habitantes de estos lugares.

Lionel Claros, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), apuntó que «hay cosas que se están cumpliendo pero demasiado lento, a pesar que la CorteIDH le dio al Estado cinco años para poder cumplir esta sentencia y ya tenemos 12 años y todavía estamos pidiendo, de una institución a otra, el cumplimiento de los deberes del Estado».

«No podemos seguir más años con una dilatación en el caso judicial, por ejemplo, que es una de las cosas que ha sido tan tardada para que se haga justicia. Hay tanta gente que demandó que ahora ya murieron», manifestó Claros.

Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

No obstante, el proceso penal se ha estancado, según han denunciado organizaciones locales de derechos humanos.

Cruz Vigil dijo que entre los habitantes de la zona de la masacre «hay un descontento ante las practicas que se están realizando en El Mozote, pero no en los lugares aledaños también afectadas por la masacre».

«Esto como que lleva una intención para que las comunidades aledañas al caserío El Mozote entren en discordia. Todo lo que están haciendo se reduce a El Mozote y no a los lugares aledaños», añadió.

Vigil recordó que «la comunicación vial es muy importante para los habitantes de las comunidades, porque (ellos) viven de la agricultura y requieren una calle para poder sacar (trasladar) sus productos».

«Están diciendo que las calles ya están arregladas» y «eso no es cierto», agregó.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 -en plena guerra civil-, unidades del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres de El Mozote y otros sitios aledaños.

La guerra salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.EFE

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