Sociedad civil denuncia un ataque del presidente tunecino contra asociaciones

Túnez, 14 mar (EFE).- Una decena de organizaciones por los derechos humanos en Túnez denunciaron este lunes un supuesto proyecto de ley filtrado semanas antes y que otorgaría al Ejecutivo el poder de restringir la creación y financiación de organizaciones en el país, así como decidir su disolución sobre la base de nociones «vagas».

«De implementarse, supondría un gran revés contra los avances logrados en materia de asociación tras la revolución tunecina de 2011. Constituiría un nuevo golpe a las garantías de los derechos humanos por parte del presidente Kaïs Saïed», señalaron en un comunicado conjunto trece organizaciones, entre ellas, Abogados Sin Fronteras o la Asociación Tunecina para la Defensa de las Libertades Individuales (LTDH).

Es una iniciativa que evoca las dos décadas del régimen del dictador Zine el Abidine Ben Ali y cuyas normas restrictivas y procedimientos administrativos engorrosos jugaron un papel clave para silenciar la disidencia, señaló la directora regional de Amnistía Internacional (AI), Amna Guellali.

Para el director de Human Rights Watch (HRW) para la región Mena, Eric Goldstein, durante esta última década de transición democrática las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un papel crucial, brindando a las personas servicios esenciales y exigiendo que el Gobierno rinda cuentas.

La actual legislación permite que cualquier persona física, tunecina o extranjera residente en Túnez, pueda constituir una organización, ejercer una amplia gama de actividades, presentar una defensa ante las autoridades, hablar públicamente sobre sus actividades y posiciones, así como recibir financiación extranjera sin el acuerdo previo del Gobierno.

Sin embargo, según este supuesto texto que todavía no ha sido confirmado por las autoridades, la administración dispondría de poderes discrecionales «excesivamente» amplios que le permitirían interferir en la creación, funcionamiento, actividades y financiación de las organizaciones.

Además, establece que éstas no pueden «amenazar la unidad del Estado ni su funcionamiento republicano y democrático» y que en los documentos que publiquen deben demostrar integridad, profesionalidad y acatar las normas jurídicas y científicas, y evitar nociones «vagas» que pueden ser interpretadas subjetivamente por las autoridades, señaló el comunicado.

Desde que el pasado 25 de julio el mandatario se arrogara plenos poderes- que incluyó el cese del Ejecutivo y la suspensión del Parlamento- ningún proyecto de ley se ha hecho público o debatido en el Parlamento, sino que se aprueban a través de decretos leyes. En un reciente discurso, Said acusó a la sociedad civil de servir a intereses extranjeros con el fin de influir en la política tunecina y anunció su intención de prohibir cualquier financiación extranjera.

Uno de los puntos más delicados, señalaron las ONG, sería la nueva obligación de recibir una aprobación por parte del Banco Central de Túnez con el fin de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; «objetivos legítimos pero que no deben utilizarse como pretexto para controlar la financiación extranjera».

Tras arrancar la transición democrática en 2011, la sociedad civil tunecina pasó de cerca de 10.000 asociaciones a las más de 24.000 actuales, según estadísticas oficiales, aunque no se sabe cuántas de ellas permanecen realmente activas. Una encuesta realizada en 2018 sobre un centenar de organizaciones reveló que dos quintas partes de ellas dependen de manera parcial o total de la financiación exterior. EFE

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