¿Los fiscales suizos convertidos en inquisidores?

Un juicio público -como aquí en Alemania- puede ser vergonzoso. Para un acusado, una orden de castigo basada en el modelo suizo tiene la ventaja de que normalmente nadie se entera de la condena. Keystone

 Más del 90% de las sentencias en Suiza son dictadas por fiscales y no por jueces. ¿Cómo es posible? La palabra mágica es “orden de castigo sumario”. Una realidad controvertida, pero de costos bastante reducidos para el poder público.

Hace poco los diarios suizos informaron: “El Ministerio Público condena a simpatizante del Estado Islámico a prisión condicional”. Las personas que no conocen muy bien Suiza pueden sorprenderse. Algunos se preguntarán si no hay separación de poderes en el país: ¿No correspondería al Ministerio Público investigar y presentar la queja, y al juez dictar sentencia?

Suiza es más flexible en este tema. Según el Código Penal, los fiscales (inclusive el Ministerio Público) tienen la potestad de condenar a penas de prisión de hasta seis meses y de aplicar multas. Además, pueden confiscar una cantidad ilimitada de bienes. El veredicto es presentado por escrito, sin explicación. Entre el 90 y el 98% de las órdenes de castigo sumario son tratadas de esta forma. No hay cifras exactas. En el marco del proyecto de investigación del Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica intitulado ‘Números y hechos sobre las órdenes de castigo sumario’, los profesores de Derecho, Marc Thommen (Universidad de Zúrich) y André Kuhn (Universidad de Neuchâtel) quieren investigar ese fenómeno.

Una tendencia internacional

Según Thommen, muchos países enfrentan el mismo problema: falta de recursos para la justicia. En muchos existe también la posibilidad de establecer acuerdos entre fiscales y acusados (‘deals’ o ‘plea bargaining’), así como de archivar procesos bajo determinadas condiciones. “Hay una tendencia internacional a transferir a los fiscales el poder de dictar sentencia”, declara Thommen.

Caso 1:

Un médico es acusado de homicidio por negligencia luego de realizar un trasplante de corazón en el que la incompatibilidad del grupo sanguíneo de la paciente le provocó la muerte. El médico es condenado a pagar una multa condicional de 40 000 francos y otra adicional de cinco mil.

Pero en Suiza se llega al límite: solamente en este país los procuradores están autorizados a imponer multas sin la participación de un juez. En 1919, el cantón de Zúrich introdujo la orden de castigo sumario. En 2011 fue aplicada a nivel nacional. A pesar de las reservas de algunos expertos en derecho, una mayoría de parlamentarios y de grupos interesados consideraron que existían posibilidades suficientes para interponer recursos contra esas decisiones judiciales. La justificación común es que el acusado tiene esa posibilidad y que la orden de castigo sumario no es un juicio, sino solamente “una oferta de juicio”.

Incluso en casos de asesinato

Las leyes suizas limitan a los fiscales solamente en el importe de las multas a aplicar, pero no en la naturaleza de los delitos. Un procurador puede condenar no solamente por transgresiones, sino también por crímenes si él (¡el propio fiscal!) considera que su sentencia está suficientemente cubierta por las leyes vigentes.

Caso 2:

Un hombre difunde a través de Facebook videos de propaganda e imágenes del Estado Islámico. El fiscal lo condena a una pena de libertad condicional de seis meses y le aplica una multa de dos mil francos.

La orden de castigo sumario fue introducida inicialmente para delitos menores y de masa como robos en tiendas o daños leves al patrimonio. “Es un ejemplo típico de la ‘estrategia de salami’ (por la que un grupo es debilitado mediante la segmentación de sus componentes) de los legisladores suizos”, evalúa Thommen. “Se prometió que se limitaría a casos menores”. Pero hoy también sirve para condenar crímenes de gravedad media.

El Código Penal presenta ejemplos de sanciones menores: conciernen en particular delitos como robo, peculado, lesiones corporales graves, eutanasia, infanticidio (cuando la madre mata a su hijo poco después del nacimiento), profanación, tráfico de seres humanos u homicidio por negligencia. Según el exjuez federal Martin Schubarth, incluso una orden de castigo sería concebible en caso de asesinato si el autor del crimen es considerado mentalmente no sano. Por lo tanto, no se puede hablar de delitos insignificantes.

Interponer recursos, pero volver al fiscal

En el mundo científico suizo observan de manera crítica la orden de castigo sumario. Schubarth se interroga sobre si esos instrumentos no podrían ser vistos como un retorno al Gran Inquisidor. El profesor emérito de Derecho Penal, Franz Riklin, lo considera un “procedimiento sumario inquisitorial”. En 1919, un científico denunció que, con ese procedimiento penal, las autoridades investigadoras se habían convertido “al mismo tiempo en acusadores, defensores y jueces, como los antiguos jueces de la Inquisición”.

Caso 3:

Un empleado de un banco suizo fue acusado de abrir una cuenta bancaria cuyo verdadero titular era un alto funcionario de una organización futbolística de Argentina. Se le acusó también de administrar la cuenta de una empresa de marketing deportivo del mismo país, que había incurrido en sobornos. La Fiscalía Federal condenó al empleado por falsificación de documentos y violación de la Ley contra el lavado de dinero, a una multa condicional de 30 000 francos y una pena pecuniaria de ocho mil francos. Además, confiscó 650 000 dólares.

Thommen, cuya investigación doctoral fue sobre la orden de castigo sumario, también ve un potencial de mejoras. Le resulta chocante que la objeción del acusado contra el instrumento vaya al fiscal. Según Thommen, una orden de castigo sumario debería ser transferida directamente a un tribunal. En caso contrario, faltaría un control de los fiscales.

También hay críticas, especialmente de periodistas, por la falta de transparencia: las órdenes de castigo sumario no son publicadas. Solamente son “exhibibles”, aunque en la práctica existen muchas barreras. Por eso algunos hablan hasta de “justicia de gabinete” (justicia secreta).

Ventajas de los procedimientos rápidos

Las órdenes de castigo sumario tienen ventajas concretas: son rápidas y baratas, incluso para los propios condenados. Para ellos, según Thommenn, la ventaja clara es la discreción. “Para los clientes esos instrumentos pueden ser atractivos, pues los juicios ocurren sin la presencia del público y, de esa forma, nadie se entera de la condena”. A pesar de que es publicada por los fiscales, casi nadie busca informarse, explica el jurista.

Thommen prevé que las órdenes de castigo sumarias no van a desaparecer rápidamente. “Cualquier alternativa sería más cara”, analiza. “Son una realidad con la que tenemos que enfrentarnos”.

Otros países, otros sistemas

Casi en ningún país hay un sistema penal semejante al de Suiza. Pero otros países también desarrollan instrumentos para acelerar el proceso penal:

En Alemania también existen las órdenes de castigo sumario. Sin embargo, a diferencia de Suiza, solamente pueden ser aplicadas para pequeñas contravenciones. Además, la pena es dictada por un juez. El fiscal solamente hace el pedido.

En Austria, un juez puede determinar una pena a través de una petición de mandato, sin juicio. Se aplica solamente para pequeñas contravenciones.

En Japón, el tribunal puede castigar a un delincuente a penas pecuniarias de hasta 100 000 francos a petición de la fiscalía.

En Brasil existen instrumentos de juzgados especiales en los que se aplican juicios rápidos sobre la base de testimonios orales.

En Gran Bretaña existe el instrumento de multa pecuniaria fijada (‘fixed penalty notice’). Originalmente se utilizaba para el estacionamiento en lugares prohibidos, pero hoy se aplica en otros delitos de tránsito o regulatorios. La única penalización es a través de multas.

La ‘plea bargaining’ como se aplica en Estados Unidos sirve de modelo a muchos otros países. En él, el procurador hace un acuerdo con el acusado. Si este se reconoce culpable, el procurador solicita una pena más leve o simplemente archiva el proceso.

 

Traducido del portugués por Marcela Águila Rubín