Eólico: Preocupa situación de DD HH en Tehuantepec

El desarrollo de parques eólicos en el estado mexicano de Oaxaca ha creado fuertes tensiones sociales. fronterasurmx.org

En el Istmo de Tehuantepec, ahí donde los contornos de la República Mexicana se afinan hasta permitir el encuentro de los vientos del Golfo con los del Pacífico, el desarrollo de megaproyectos eólicos genera más que “energía limpia”. ONG suizas denuncian nocivos impactos sociales y ecológicos.

“Es incierto que la población indígena se beneficie con el futuro parque eólico de Mareña Renovables o con las 14 instalaciones ya en el lugar. El precio que la empresa paga por la utilización del terreno es insignificante en comparación con sus beneficios, además de que los trabajos de construcción contaminan los suelos”, asienta swisspeace, organización suiza de investigaciones para la paz.

El consorcio Mareña Renovables (México, Australia, Japón) pretende crear en la zona el mayor parque eólico de América Latina, mientras que la empresa española Gas Natural Fenosa empezó las instalaciones del tercero más grande.

El Gobierno de México apuesta a la energía eólica como parte de su combate contra el cambio climático. Los estudios exploratorios comenzaron bajo el gobierno de Vicente Fox. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en 2006 México producía dos megavatios (MW) de energía eólica, mientras que hoy la cifra asciende a 1.400 MW, y la meta es llevarla a 12.000 MW en 2020.

Hay 18 parques eólicos en operación en México, otros nueve en construcción y una docena más en desarrollo, la gran mayoría en Oaxaca, según informó a Reuters el presidente de Asociación Mexicana de Energía Eólica, Adrián Escofet. En los proyectos participan también las empresas españolas Gamesa e Iberdrola, la italiana Enel y la francesa EDF energies nouvelles, entre otras.

Eólicos, datos y cifras

Parques eólicos, datos y cifras

Pagos

Las comunidades reciben, por derecho de viento, un pago de 1.500 pesos (115 francos) a

3.000 pesos (230 francos) por hectárea anual. Por uso de suelo, un pago anual de 12.500 pesos (960 francos). Por derecho de acceso o camino, o afectaciones 10.000 pesos (768 francos) la hectárea.

Impactos sociales

Ruptura del tejido social y comunitario. Polarización de la sociedad y conflictos intraétnicos.Migración de los desplazados.Prostitución. Encarecimiento de la vida. Incremento de la pobreza.

 

Beneficios para la región

350 empleos durante 5 meses que duró la etapa

de construcción.

En operación los aerogeneradores requieren una persona para 10 a 15 máquinas

Impactos ecológicos

Pérdida total del suelo por erosión y cubierta

vegetal. Afectación de áreas de cultivo por los caminos, los

tendidos eléctricos y las bases de los aerogeneradores.

Pérdida de biodiversidad: afectación de zonas frágiles de

manglar, ecosistemas agrícolas tradicionales como la

milpa, bosque mediano caducifolios, el hábitat de la

liebre del Istmo y otras especies endémicas. Muerte de aves y murciélagos.

Fuente: Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

“Como en La Colonia”

Los proyectos de desarrollo eólico fueron decididos sin la consulta previa de las comunidades en violación de la Constitución Mexicana y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunció Bettina Cruz, durante un reciente encuentro en Berna con la rama helvética de Amnistía Internacional, el Foro México-Suiza y la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich.

“Desde el año 2000, y como en los tiempos de la Colonia, empresas extranjeras, con el apoyo de las autoridades locales, se repartieron el territorio sin tomar en cuenta a las comunidades”, añadió la representante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Bettina Cruz realizó una gira de información por Suiza y Bélgica en la que se reunió con representantes de diversas instancias internacionales, incluida la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en Ginebra, y el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Precisó que la instalación y operación de aerogeneradores tiene impactos severos en la agricultura y la pesca, principales actividades económicas de los cinco pueblos de la zona: binniza, ikoots, mixe, zoque y chantal, amén de la destrucción de centros sagrados y culturales.

Primer parque eólico de Amlat

El megaproyecto de Mareñas Renovables, parcialmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, prevé la construcción de 136 torres eólicas, para la producción de 396 megawatts de electricidad, en el Cabo de Santa Teresa y Santa María del Mar (Juchitán), Oaxaca.

En 2012, la justicia ordenó detener los trabajos de construcción ya que no se había efectuado un proceso de consulta previo con las comunidades. Sin embargo, precisa swisspeace, la decisión judicial no ha sido aplicada.

En cuanto a Gas Natural Fenosa, la trasnacional anunció el mes pasado el inicio en Oaxaca de su primer parque eólico en América Latina. Contempla una potencia instalada de 234 megavatios, lo que lo convertirá en el tercero más grande de los que se construyen en toda la región.

Los lugareños mantienen un bloqueo para evitar el paso a las instalaciones, que el pasado 26 de marzo se tradujo en un enfrentamiento con la policía que arrojó un saldo de 16 heridos, de acuerdo con el semanario mexicano Proceso.

Gobierno subraya disposición al diálogo

La Embajada de México en Berna destacó por su parte que las autoridades del estado de Oaxaca han mantenido una permanente disposición al diálogo con las personas involucradas para tratar de solucionar el conflicto.

Por ejemplo, el gobierno estatal organizó mesas de trabajo a las que, sin embargo, los afectados no asistieron “lo que entorpeció el diálogo y la pronta solución de la problemática”, precisó el documento enviado por la representación diplomática sobre las acciones efectuadas en Oaxaca para la solución del conflicto en torno a los proyectos eólicos.

Recordó el texto que en 2010 y como parte de las manifestaciones en contra de los proyectos, diversas organizaciones llevaron a cabo una caravana humanitaria a San Dionisio en virtud de la cual la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos lanzó una “Alerta Temprana” para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

“El gobierno del estado de Oaxaca se comprometió a instrumentar las acciones preventivas necesarias para garantizar la paz social y salvaguardar la integridad física de quienes participaron en la caravana”, subrayó. 

Agregó también que entre noviembre y diciembre del 2012, las autoridades estatales se han reunido en distintas ocasiones con los pobladores de San Dionisio del Mar para dar cauce formal a sus solicitudes y demandas y buscar los acuerdos y alternativas para la solución de la problemática”.

Protección, “crucial”

“Desde 2011, las comunidades indígenas ikotje y zapoteca intentan resistir a un megaproyecto eólico, de Mareñas Renovables, que fue impuesto a las poblaciones locales”, señala por su parte el capítulo helvético de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

La presencia de PBI “es crucial”, advierte por su parte swisspeace, toda vez que los militantes que se oponen a las instalaciones eólicas “se exponen a grandes peligros”. Las oficinas de Código DH, ONG de defensa de los derechos humanos y contraparte de PBI en Oaxaca fueron allanadas el pasado 03.04.

Reporteros sin Fronteras emitió un comunicado en el que “condena la represión de que son víctimas muchas radios comunitarias en Oaxaca, de parte de trasnacionales y el gobierno local”.

Precisa que periodistas que se oponen a los proyectos eólicos de Mareñas Renovables y Fenosa han sido agredidos físicamente y sometidos a procesos penales. Entre ellos el director de la Radio Totopo, Carlos Sánchez Martínez.

Una inquietud que comparte Amnistía Internacional que denuncia un “patrón de detenciones e intimidaciones de que han sido objeto activistas y periodistas”.

En la sede de esa ONG en Berna, la abogada Bettina Cruz precisó que “las protestas de las comunidades han sido reprimidas con el uso de la fuerza pública, detenciones, torturas y procesamientos penales”.

Diversos líderes sociales -su propio caso- son blanco de hostigamiento, criminalización y amenazas de muerte por parte de los que las entidades indígenas identifican como paramilitares, puntualizó.

Recursos de la UE

Durante su gira por el Viejo Mundo, Bettina Cruz indicó que los recursos públicos que la Unión Europea destina al mecanismo denominado Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF) con el objetivo de contribuir a reducir los niveles de pobreza, son utilizados por empresas europeas para beneficio propio y en detrimento de las poblaciones indígenas.    

Al término del periplo, la Oficina Ecuménica y el Foro México Suiza emitieron un comunicado en el que exhortan al gobierno mexicano a detener los proyectos eólicos y a velar por la seguridad de las poblaciones y sus representantes.

Condenan igualmente la acción de las trasnacionales en detrimento de los derechos humanos y exigen que los países sede de las mismas asuman la responsabilidad que les corresponde.