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Esperanza para la formación profesional de los clandestinos

Si bien en Suiza la educación es para todos, el freno llega para los clandestinos en caso de querer tener acceso a un oficio, tras la escuela básica. Keystone

Luego de la decisión del Consejo Nacional (Cámara de Diputados) de aceptar el derecho a la formación profesional de los hijos de los *sin papeles* que viven en Suiza, el tema agita el debate en Suiza.

Prensa, medios políticos, municipalidades y asociaciones de migrantes colocan sobre la mesa de discusión sus argumentos de defensa o sus críticas en torno a la decisión de los diputados , aprobada el miércoles de esta semana con 93 votos a favor sobre 85 en contra.

La moción, sin embargo, debe ser todavía debatida en el Consejo de Estados (Senado), donde el resultado escapa a toda previsión.
“Poner término a la hipocresía”, subrayaba el editorial de la primera página del periódico “24 Heures” del jueves pasado (04.03), editado en Lausana.

En su análisis, Martine Clerc, jefa de la rúbrica nacional, enfatizó que la decisión del Parlamento “tiene el mérito de abrir un debate nacional en torno a una incoherencia que golpea a los hijos de los ‘sin papeles”.
La contradicción, para la editorialista, es la imposibilidad actual en suiza de realizar una formación profesional, luego de concluir la escuela de base obligatoria.

“Champagne”, titulaba por su parte el editorial del periódico independiente “Le Courrier” de Ginebra, al evaluar el voto del parlamento.
Rachad Armanios, redactor en jefe adjunto, lo considera “como una notable etapa victoriosa para aquellos que defienden el acceso a la formación sin discriminación alguna”. Recordó que este voto es la continuidad de un esfuerzo de Ginebra iniciado hace veinte años “cuando el cantón abrió el camino de la escolaridad de base a los hijos de los ‘sin papeles”.

“Reconocer una realidad cotidiana”

La idea de que los hijos de los clandestinos puedan emprender una formación profesional es un “acontecimiento inesperado”, subraya el pediatra Bernard Borel, diputado cantonal por el Partido Obrero y Popular (POP) y miembro de la ‘Plataforma Migración’, establecida en el Cantón de Vaud para mantener en contacto a las asociaciones de defensa de los inmigrantes y a los diputados.

“Para Suiza, que conoce desde hace varios años una política migratoria cada vez más cerrada –aún más estricta que en algunos países de la Unión Europea- esta decisión “aparece como una pequeña revolución”, enfatiza Borel en diálogo con swissinfo.ch.

En su opinión, esto resulta “una esperanza para esos jóvenes, que van a la escuela y viven con nuestros propios hijos y quieren continuar sus estudios en Suiza y realizar su formación profesional”. Es el reconocimiento a una realidad cotidiana que toca a miles de trabajadores y trabajadoras sin estatuto regulado, enfatiza.

Según el legislador cantonal, “se trata de un fenómeno amplio de la sociedad, haciendo referencia a un estudio oficial de hace algunos años donde se menciona la cifra de 100.000 clandestinos que viven y trabajan en Suiza”.

Contradicción educativa

Esos trabajadores sin estatuto legal, recuerda, “desempeñan en general actividades muy necesarias para la economía suiza, pagan impuestos, no esperan ninguna ayuda del Estado y viven en el marco de las leyes y las costumbres helvéticas con buenos niveles de adaptación”.

En Suiza, desde años, todo niño, sea cual fuere su estatuto legal, tiene derecho a ir a una escuela primaria y hacer sus estudios de base. Tal como lo establece la Constitución respetando la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.

Sin embargo, hasta ahora, enfatiza Bernard Borel, un hijo de trabajador clandestino no puede emprender una formación profesional, pues para ello se exige un permiso de trabajo, al que es imposible de acceder si sus padres no han podido regularizar su situación migratoria.

Sólo aquellos con permiso de residencia en Suiza pueden realizar su formación profesional. “El 90 % de esas formaciones se realiza en empresas, con un curso de un día o dos en las escuelas profesionales y el resto en el trabajo el centro de trabajo específico”. Es lo que se conoce en el país como “aprendizaje” o “formación dual” que dura entre 3 y 4 años, recuerda el doctor Borel.

“La inmensa mayoría de los jóvenes en el país sigue ese tipo de formación, y más todavía, los que tienen padres de las clases sociales más bajas. Son muy pocos ahora los hijos de indocumentados que tienen la posibilidad de hacer una formación después de concluir la escuela obligatoria hacia los 15 o 16 años de edad. Y encontrar un trabajo, con esta edad, y sin formación es casi imposible, lo que los empuja, muchas veces, hacia una marginalidad social creciente”.

Debate abierto

Si bien las municipalidades de Ginebra y Lausana –con ejecutivos con mayoría socialista/verde- anticiparon en los últimos días la intención de contratar a aprendices ‘sin papeles’, los gobiernos de ambos cantones se muestran mucho más reticentes.

Philippe Leuba, del ejecutivo cantonal de Vaud, recordaba públicamente que “por el momento la ley federal no ha cambiado y que ésta debe aplicarse sin privilegio”.

Las voces opositoras a una apertura hacia la formación profesional de los ‘sin papeles’ siguen avivando un debate sobre el cual aún falta por pronunciarse el Senado de la Asamblea Federal.

Sergio Ferrari, swissinfo.ch

Las personas que no son originarias de un país europeo tienen muy pocas posibilidades de obtener un permiso de estadía en Suiza.
Entre 100.000 y 300.000 –según diversas fuentes- es el número aproximado de clandestinos en Suiza.
Las escuelas públicas helvéticas están obligadas a escolarizar a todos los niños, sean nacionales o extranjeros, con permiso de residencia o sin él.
La ley permite hacer estudios primarios y de base. Incluso universitarios, pero no les permite una formación técnico-profesional, es decir a un oficio, denominado en Suiza como “aprendizaje”, y que se realiza con estudio y prácticas directamente en una empresa de la rama elegida.
La reivindicación fundamental de los ‘sin papeles’ en Suiza – como en el resto de Europa- es la regularización colectiva para vivir en toda legalidad en el país.

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