Las mafias en Suiza, problema social y legislativo
La opinión pública está empezando a ser consciente de la presencia en Suiza de organizaciones mafiosas como la 'Ndrangheta. Pero la legislación vigente y las sanciones impuestas a estos criminales no son suficientemente disuasorias.
La operación contra la mafia Imponimento, llevada a cabo recientemente por las autoridades suizas e italianas, está despertando nuevamente el interés de los medios de comunicación y del público por las mafias italianas y su presencia en Suiza.
Recordemos que en 2016, tras el desmantelamiento de una célula de la ‘Ndrangheta en el cantón de Thurgovia -la Società di Frauenfeld-, tres hombres buscados por las autoridades italianas fueron detenidos en el cantón de Valais. Más recientemente, la policía suiza capturó a otros dos mafiosos fugados, el primero en septiembre de 2019 cerca de Lugano, y el segundo en el cantón de Berna el 27 de junio pasado. El único miembro de la ‘Ndrangheta arrestado en Suiza durante la operación Imponimento fue detenido la noche del 21 de julio en su domicilio particular en el Tesino, acusado de participar en el tráfico de armas y estupefacientes en nombre de su jefe Rocco Anello.
Estas sucesivas informaciones sobre la presencia de la mafia en Suiza son un buen indicador de la acción que la Confederación está llevando a cabo contra el crimen organizado. También reflejan la importancia de los intercambios ítalosuizos. El conocimiento que tienen las autoridades italianas permite comprender mejor la dimensión criminal de ciertos comportamientos e identificar las señales de alarma.
Del mismo modo, todo lo que ocurre en Suiza, o en general en el extranjero, tiene repercusión en sus países de origen, incluso en términos de violencia, intimidación y recursos económicos. De ahí la importancia de aclarar algunos conceptos para disipar cierta confusión. No podemos hablar en Suiza de clanes o locali (las estructuras básicas de la ‘Ndrangheta), sino de «células», término utilizado por la Fedpol (policía federal) y algunos magistrados italianos como Nicola Gratteri, fiscal de Catanzaro. Del mismo modo, el hecho de querer traducir en cifras la presencia de la mafia solo nos conduce a una guerra de números, con estimaciones dispares que oscilan en una horquilla bastante amplia.
Falta de recursos
Suiza cuenta hoy día con investigadores y analistas competentes. Pero son muy pocos y carecen de recursos. Una debilidad que el expolicía -40 años de carrera- y diputado liberal radical del Tesino, Giorgio Galusaro, subraya en una larga entrevista publicada recientemente por La Regione, donde señala con firmeza que la lucha contra la mafia pasa sobre todo por la prevención, la vigilancia y la recopilación de información.
Sin embargo, la unidad especial de la policía cantonal del Tesino encargada de la lucha contra el crimen organizado, entre otras tareas complejas, solo cuenta con dos investigadores. ¿Cómo pueden ellos dos solos llevar a cabo la observación del territorio, las tareas de información, así como el trabajo de investigación, sobre todo en un cantón donde la presencia de grupos mafiosos es bastante alta? Si a esto añadimos el resto de los cantones, independientemente del nivel de infiltración de las mafias que padezcan, el problema da que pensar.
Lo mismo es aplicable a las estructuras de base de las mafias italianas en Suiza. En primer lugar, la ‘Ndrangheta está instalada desde hace mucho tiempo en muchos sectores legales de la economía, demostrando su presencia y arraigo en todas las regiones lingüísticas del país: restauración, hostelería, obras públicas y ferroviarias, construcción, además de consultorías financieras y sociedades “en la sombra” (que solo tienen una dirección postal), que proliferan sobre todo en el cantón de los Grisones.
Las otras mafias italianas, a saber, la Camorra, la Sacra corona unita y la Cosa Nostra, también están presentes en Suiza, pero en un grado mucho menor en comparación con la poderosa organización de Calabria.
Más que el número de mafiosos en nuestro territorio, inevitablemente supuesto, la cuestión de fondo es de carácter social y legislativo del problema. Social, porque es fácil instalarse discretamente en lugares donde no hay conciencia del fenómeno. La población suiza generalmente está poco o mal informada sobre el tema, si dejamos aparte el flujo de información que sigue a una operación antimafia a gran escala. Legislativo, porque el artículo 260ter del Código Penal habla solo de organizaciones criminales, sin hacer ninguna distinción con grupo o banda criminal. Pero el principal punto débil de esta disposición es la pena prevista: un máximo de cinco años de prisión por un delito de pertenencia a la mafia. En otras palabras, una sentencia ridícula en comparación con la cadena perpetua irreductible con que se condena en Italia, donde las sentencias vienen acompañadas de la frase Fine pena: mai (fin de la pena: jamás).
1. Cualquier persona que haya participado en una organización criminal que mantenga su estructura e integrantes en secreto y que persiga el objetivo de cometer actos violentos delictivos o de obtener ingresos por medios criminales.
Quien haya apoyado a dicha organización mediante su actividad delictiva será condenado a una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o a una sanción pecuniaria.
2. El juez puede minorar libremente la pena (art. 48a) si estima que la persona se ha esforzado por impedir la continuidad de la actividad criminal de la organización.
Una revisión de la ley estancada
En enero de 2014, la Comisión de Gestión del Consejo de los Estados (Cámara alta del Parlamento federal) presentó una iniciativa parlamentaria pidiendo la revisión de ese artículo. Según los representantes de las autoridades de enjuiciamiento penal entrevistados en ese momento, la ley «no permitía el enjuiciamiento efectivo de las organizaciones de la mafia realmente peligrosas ni de sus instigadores, algo que sin embargo originalmente era su objetivo; al mismo tiempo, los grupos criminales menos peligrosos a menudo se cuelan entre las redes judiciales, porque la redacción del artículo es demasiado estricta para aplicárselas».
Hasta la fecha, el texto de la ley aún no se ha modificado, a pesar de los llamamientos realizados por numerosos especialistas suizos e italianos, que reprochan también a otros países europeos una cierta lasitud judicial en la materia.
En la práctica, sin embargo, las cosas han cambiado desde una sentencia dictada en 2017 en la que el Tribunal Penal Federal reconocía a la ‘Ndrangheta como organización criminal. El mismo tribunal también ha confirmado en dos ocasiones que ciertos comportamientos (como ocupar una posición jerárquica en la organización, establecer contacto y promover reuniones entre sus miembros, participar en actos delictivos que contribuyen a los intereses y objetivos de la empresa matriz) son prueba de una participación clara y neta en una organización criminal. Según esta jurisprudencia, la existencia de un delito concreto ya no debería ser una condición sine qua non para dictar una sentencia condenatoria.De ahí el hecho de que la mafia ya no considere a Suiza como un oasis de (relativa) tranquilidad, pero queda todavía mucho margen.
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