Las Pavas: En Suiza exigen justicia y protección
Bastó el “testimonio” de una sola persona para que el viacrucis de toda una comunidad: 15 años de amenazas, expoliaciones y desplazamientos, fuera puesto en tela de juicio, junto con la integridad de ONG locales y extranjeras, incluidas suizas.
Advierte SUIPPCOL que “la acusación ha puesto en alto riesgo la seguridad de las 130 familias de la comunidad de Las Pavas, ya de por sí extremadamente vulnerables”, y solicita investigar y aclarar las inculpaciones.
El Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) urge medidas prontas y eficaces que garanticen seguridad y protección a la comunidad del norteño departamento de Bolívar.
Ese mecanismo del Gobierno de Suiza y once ONG helvéticas en apoyo de iniciativas de paz de la sociedad civil colombiana, advierte que se está creando “un clima de estigmatización y deslegitimación de las víctimas” y solicita a la Fiscal General de la Nación, investigar la actuación de la fiscal seccional de Cartagena .
Pide también “la aclaración de las inculpaciones que en la misma providencia se pretende hacer contra las organizaciones acompañantes, nacionales e internacionales, entre ellas el consorcio SUIPPCOL y tres de nuestras ONG filiales (ASK, Swissaid, Peace Watch Switzerland)”.
Las acusaciones
El pronunciamiento de SUIPPCOL tiene lugar poco después de que la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, determinara (y recibiera el apoyo de la fiscalía general del país) que “no hubo desplazamiento de las familias de Las Pavas”. Dicho de otra manera, que las denuncias – hechas incluso en Berna- de la gente de Las Pavas, son falsas.
Pero una acusación semejante no significa solamente que la entereza de las familias de labriegos y las entidades que los han apoyado sea puesta en entredicho, sino que pone en riesgo la atribución de las tierras por las que han luchado desde hace muchos años y de las que no podrían ser expulsados mientras dure el proceso pertinente, según el fallo de la Corte Constitucional del pasado mes de mayo, que con la acusación quedó congelado.
El informe de Martínez Palomino, divulgado el pasado 30.11, reduce a “desalojo” policial la historia de una comunidad que ha sufrido toda suerte de agresiones por parte de paramilitares, narcotraficantes y trasnacionales. (Ver: más sobre el tema) Y, como si fuera poco, ahora pretenden imponerle el descrédito y la amenazan:
“Se investigará por conducta punible de fraude procesal a todos los directivos de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y demás ONG nacionales y extranjeras que le exigían al Estado colombiano”.
La palabra de un “convertido”
Y todo ello, a partir de la declaración de Pedro Moreno, miembro fundador de la Asociación Campesina de Buenos Aires (ASOCAB), a la que pertenecen Las Pavas, quien, convertido al cristianismo “no resistía el temor y la mentira” y aseguró que no existieron ni asentamiento ni desplazamiento.
SUIPPCOL, en su labor de apoyo a la sociedad civil colombiana, acompaña desde hace 10 años a la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, que reúne a 30 procesos locales y regionales, entre los cuales ASOCAB.
En un comunicado con fecha 6.12, la entidad suiza expresa su preocupación por las acusaciones. Destaca que el pronunciamiento de la fiscal forma parte de un proceso jurídico por el desplazamiento forzado y despojo de 130 familias que conforman la comunidad de las Pavas, y como tal, tenía un carácter confidencial.
“No obstante, su filtración irregular a los medios de comunicación de inmediato se convirtió en una acusación contra la comunidad y sus acompañantes de fraude contra el Estado y falsas víctimas; y del delito de rebelión a algunos de los líderes campesinos”.
Señala que esa acusación mediática, que rápidamente generó una serie de pronunciamientos, incluso del presidente Juan Manuel Santos, “ha puesto en alto riesgo la seguridad de las 130 familias de la comunidad de las Pavas, ya de por sí extremadamente vulnerables”.
Victimizar aún más a las víctimas
El texto de SUIPPCOL subraya igualmente que “la inmediata relación, nuevamente mediática, con el caso de Mapiripán (en el que se arguye que se incrementó el número de víctimas de una masacre) , está creando un clima de estigmatización y deslegitimación de las víctimas justamente cuando estamos a pocas semanas de que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entre en vigencia”.
Al respecto, y en declaraciones a la publicación colombiana Semana.com, el historiador e investigador Alfredo Molano, alertó sobre la posibilidad de que este asunto se pueda convertir en “una doctrina para descalificar las masacres, los desplazamientos y, finalmente la Ley de Víctimas”.
En su comunicado, SUIPPCOL solicita también “eficacia y prontitud” en la aplicación de la justicia, incluidos los procesos administrativos que, por extinción de dominio y clarificación de la tradición de la propiedad de los predios donde está la comunidad, adelanta el Ministerio de Agricultura.
Lo anterior, en cumplimiento de la ley agraria y en seguimiento de las instrucciones impartidas por la Corte Constitucional, en relación con la comunidad de Las Pavas.
La entidad suiza solicita igualmente “garantías a las víctimas que legítimamente aspiren a la restitución de sus tierras en aplicación de la ley que se convierte en una oportunidad de abrir caminos de paz y posibilidad de reconciliación , luego de tantos años de violencia”.
La ley considera como víctimas a todas las personas que a partir del 1 de enero de 1985 han sufrido las consecuencias de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos.
Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos podrán acogerse a esta ley, que tendrá una vigencia de 10 años. Las víctimas tendrán derecho a dos tipos de reparación, moral y económica.
La ley también reconoce el derecho de las víctimas a regresar a su tierra con seguridad y dignidad, y prevé mecanismos jurídicos extraordinarios para restituir la tierra a miles de personas desplazadas desde el 1 de enero de 1991.
El gobierno se ha comprometido a devolver 2 millones de los 6,5 millones de hectáreas despojadas con uso de violencia.
Desde 1980 Colombia es uno de los países con el mayor número de refugiados internos en el mundo, con cerca de seis millones de personas obligadas a abandonar sus tierras, solamente 280.041 en 2010.
CARITAS Suiza (Agencia Lider SUIPPCOL), Acción cuaresmal, EPER, Swissaid, Amnesty
International Suiza, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, Misioneros Bethlehem Immensee, E-changer,
Peace Brigades International Suiza, Peace Watch Switzerland, terre des hommes suiza
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