Los médicos suizos adoptan directrices más estrictas para el suicidio asistido
Las organizaciones de suicidio asistido han criticado la nueva normativa para los médicos que atienden casos de eutanasia por considerarla demasiado dura y difícil de aplicar.
Las directrices acordadasEnlace externo ayer por la Asociación Médica Suiza afirman, en particular, que «el suicidio asistido para personas sanas no es justificable desde el punto de vista médico y ético». Así, una persona sana que quiera poner fin a su vida deberá demostrar en el futuro que su sufrimiento es «insoportable» y que «otras opciones no han tenido éxito o son rechazadas por el paciente por no ser razonables».
Además, los pacientes deberán tener al menos dos reuniones -con un intervalo mínimo de dos semanas- con un médico antes de la decisión final, para mantener «conversaciones detalladas» que garanticen que su deseo es «bien meditado y duradero».
La medida pone a la asociación médica directamente en concordancia con las directrices éticas acordadas en 2018 por la Academia Suiza de Ciencias Médicas. Aunque no son jurídicamente vinculantes, formarán parte del código deontológico que deberán cumplir los médicos en el futuro.
¿Infracción de derechos?
En una declaración conjunta, las principales organizaciones suizas de suicidio asistido afirman que las directrices son legalmente inadmisibles y dificultan la ayuda a quienes desean poner fin a su vida. En particular, la exigencia de que el médico decida la «gravedad» del estado del paciente es una violación del derecho individual a definir el alcance del sufrimiento subjetivo de cada uno, afirman.
Jean-Jacques Bise, copresidente del grupo EXIT Suisse romande, ha declarado a la radio pública RTS que la nueva normativa es poco práctica, en concreto la exigencia de someterse a dos entrevistas previas con un médico, que, según él, será difícil de aplicar en casos urgentes.
La legislación suiza tolera el suicidio asistido cuando los pacientes cometen el acto por sí mismos y los ayudantes no tienen ningún interés en su muerte. Es legal en el país desde los años 40, y los suicidios asistidos representan alrededor del 1,5% de las 67 000 muertes que se registran de media cada año.
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