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Otros países, otros sistemas mediáticos

Weltkarte mit den elf Ländern, in denen wir die Situation der öffentlichen Medien angeschaut haben.
Radio y televisiones públicas: un panorama internacional diverso. swissinfo.ch

El paisaje mediático suizo está en plena transformación. swissinfo.ch y su red internacional describe cómo se han establecido los sistemas públicos en otros países y cómo operan.

Suiza vota el 4 de marzo sobre el futuro de la radio y televisión públicas. El paisaje mediático helvético se transformará radicalmente si la población rechaza continuar con la financiación del servicio público a través de los derechos audiovisuales.

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Televisione SRF

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‘No Billag’: qué es y qué repercusiones tendría la iniciativa

Este contenido fue publicado en Promovida por jóvenes miembros del Partido Liberal Radical (PLR) y de la Unión Democrática del Centro (UDC), la iniciativa ‘No BillagEnlace externo‘ (véase cuadro lateral) propone suprimir en un breve plazo de tiempo el canon radiotelevisivo nacional, que recauda la sociedad Billag por encargo de la Confederación. En tela de juicio no está el futuro…

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La Confederación debe mantenerse totalmente alejada de la política mediática. Esto es lo que piden los promotores de la iniciativa popular ‘No Billag’. El texto de la iniciativa dice claramente: “La Confederación no subvenciona ninguna cadena de radio ni de televisión.” “No se permite el cobro de derechos audiovisuales a la Confederación ni a terceros mandatados por ella.” “En tiempos de paz, la Confederación no se dedica a la gestión de cadenas de radio y televisión propias.”

Sin alternativa

No existe ninguna alternativa. Ésta es la posición oficial que asumiría la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR, a la que también pertenece SWI swissinfo.ch, en el caso de que el pueblo aprobara la iniciativa ‘No Billag’. Sin embargo, según una primera encuesta realizada por encargo de la SSR, no es probable que esto ocurra.

Dos terceras partes de la financiación de la SRG SSR se cubren con el canon. “Solo quedaría la liquidación”, declara la dirección de la empresa.

Suiza sería en toda Europa el primer país en suprimir sus medios públicos. A pesar de lo cual se impone la pregunta: ¿Si no existiesen, se volverían a inventar aún hoy los medios financiados con derechos audiovisuales?

La respuesta depende de la cultura política. En Rusia, por ejemplo, casi nadie estaría dispuesto a pagar un canon mediático, asegura nuestro corresponsal. El Estado controla al detalle la información que emiten los medios de comunicación. Es cierto que existen medios privados en Rusia, pero éstos también precisan, ‘de facto’, de la aprobación estatal.

Además, llama la atención que plataformas digitales del exterior afines al gobierno, como Russia Today, hayan invertido centenares de millones de euros en el afianzamiento de su presencia en el extranjero. 

Así ocurrió, por ejemplo, en Alemania y en Francia. El portal ruso gastó 25 millones de euros solo en su sede francesa.

SWI ha sido víctima de la censura

Lo que significa la censura lo ha sufrido SWI swissinfo.ch en sus propias carnes en China, donde tampoco existen medios públicos. En múltiples ocasiones fue bloqueada temporalmente la página china del portal swissinfo.ch por la censura estatal, cuando nuestra redacción informaba sobre “temas espinosos” como, por ejemplo, la democracia directa.

Pero no en todas partes es el Estado quien ejerce el control ante la ausencia de un sistema público. Por ejemplo, en Brasil —donde la cadena pública TV Brasil solo tiene una presencia testimonial— dominan unos pocos oligarcas el paisaje mediático nacional. Lo cierto es que el grupo Globo, que domina el mercado, se permite el lujo de contratar a los mejores periodistas del país, pero nadie le obliga a comprometerse a mantener su plantilla a largo plazo.

También los Estados Unidos poseían tradicionalmente un sistema mediático puramente comercial. Pero a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, empezó a establecerse un sistema que fomentaba los medios estatales. Sin embargo, este sistema no se basa en una tasa, sino en una subvención directa del Estado federal destinada a la Corporación para el Servicio Público de Radiodifusión (CBP, por sus siglas en inglés). Esta agencia, por su lado, financia una parte del presupuesto de los medios locales. Este sistema está muy bien arraigado en la población y disfruta de una aceptación del 70 por ciento.

Las tasas por sí solas no garantizan la independencia

Un sistema que renuncia a la subvención estatal directa y que, por el contrario, se financia a través de tasas, tampoco garantiza por sí solo que los medios puedan ejercer su función política. Juega un rol fundamental la entidad encargada de cobrar los derechos.

Si es el Estado quien lo hace directamente, existe el peligro del uso de los medios para fines políticos. En Túnez, por ejemplo, se cobran los derechos para financiar los medios públicos a través de la factura de la luz. Los ingresos recaudados acaban en las arcas del Estado. Con el presupuesto general del Estado se financia el resto, lo cual favorece la corrupción y la mala gestión, así nos lo confirma nuestro corresponsal en Túnez. 

En Europa se constata una creciente intervención de los gobiernos en las emisoras públicas, sobre todo en la parte oriental del continente. Pero, recientemente, también se han escuchado voces de la derecha en Alemania y en Austria que reclaman un control más rígido.

Fieles seguidores en la dirección

Así, por ejemplo, en Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) ajustó la línea editorial de la cadena pública de televisión TVP, adaptándola a las directrices de su política conservadora. Por un lado, el partido sustituyó a la entera cúpula de TVP con fieles partidarios de sus propias filas; y, por otro, abandonaron la emisora cerca de 200 periodistas independientes.

El Índice de libertad de prensa de 2017, publicado por la organización no gubernamental Reporteros sin FronterasEnlace externo demuestra que Polonia no es un caso aislado: en 61 de los 180 países clasificados ha disminuido la libertad de prensa. Entre éstos se encuentran países como Francia, España, Portugal o Italia.

¿Quién debe pagar?

Similar es la situación en la India, donde el gobierno interviene poderosamente en las decisiones empresariales; por ejemplo, cuando se trata de crear nuevos puestos de trabajo.

Otra problemática en la financiación a través de tasas es la cuestión de quién debe pagar los derechos realmente. En Suiza se amplió la base en 2015 mediante voto popular. Ahora tienen que pagar todos los hogares, no solo aquellos que poseen un aparato receptor. Ello ha facilitado el cobro porque ya no hay necesidad de agentes que controlen si los hogares poseen una radio, un televisor o un ordenador.

Además, hay que garantizar que contribuyan realmente los que estén sujetos al pago de los derechos. En Japón, por ejemplo, solo pagan sus facturas alrededor del 70 al 80 por ciento de los hogares sujetos a la tasa. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que las emisoras públicas en Japón no pueden emitir publicidad.

Debates en los países vecinos

También en los países vecinos de Suiza se producen encendidos debates sobre la financiación de los medios públicos. En Italia, por ejemplo, se introdujo en 2016 el cobro de los derechos a través de la factura de la luz en todo el territorio nacional. Mientras tanto, el exprimer ministro socialdemócrata Matteo Renzi abrió el debate sobre la conveniencia de suprimir en su totalidad los derechos audiovisuales.

En Alemania se critica reiteradamente el hecho de que en los comités de control de las emisoras públicas financiadas con derechos también tengan asiento representantes de intereses políticos. Mientras que en Francia el gobierno, que no interviene directamente en los medios de comunicación públicos, ejerce una presión fiscal masiva mediante la cual ha desatado un debate sobre la calidad de los medios estatales.

Los medios públicos se encuentran, por lo tanto, en la agenda política de muchos países, no solo en Suiza. Está claro que en el sistema mediático suizo se van a producir aún más cambios sustanciales, incluso si el pueblo rechazara la iniciativa ‘No Billag’ el 4 de marzo y decidiera, por tanto, mantener vigente el actual artículo constitucional sobre radiodifusión.

Y es que en 2019 se tendrá que decidir sobre la prorrogación del mandato de la concesionaria SSR, lo cual proporcionará a la Confederación la oportunidad de introducir modificaciones en la concesión. Ya antes, el Consejo Federal presentó un borrador de la nueva ley de medios de comunicación para su consulta en el parlamento. Esta ley deberá reglamentar el papel de los medios digitales y sustituir la actual Ley federal sobre radio y televisión.

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China: dependencia del Estado

Por Jufang Wang, Londres

En China las redacciones dependen del Estado, por eso no existen medios públicos propiamente dichos en el país asiático. Antes de que, a finales de la década de los noventa, empezaran a difundir noticias en línea portales de información privados chinos como Sina, Sohu o Netease, todas las organizaciones y empresas mediáticas en China se encontraban en posesión del Estado o controladas por él.

En China los medios son los “oídos, ojos, boca y lengua” del Partido comunista, del gobierno y del pueblo. En la cúspide de la pirámide se encuentra la cadena estatal CCTV. Su directiva se interesa mucho por cooperar con socios internacionales de otros países, también con los de Occidente.

El Partido comunista exige obediencia a los medios, el mantenimiento de la “dirección correcta de la opinión pública” y la promoción de los objetivos centrales del socialismo.

En relación a la financiación, se gestionan los medios de comunicación en China de forma más acorde con los principios de la economía de mercado desde la reforma introducida a finales de los años setenta y la apertura política. Antiguamente, fueron considerados sobre todo como portavoces ideológicos del Estado monopartidista, mientras que hoy son empresas mediáticas que se financian en su mayor parte a través de la publicidad y otros negocios comerciales. Sin embargo, a pesar de los cambios de signo capitalista introducidos por la reforma en el modelo de financiación de los medios de comunicación, se han mantenido firmes hasta hoy la propiedad y el control estatales.

Otro fenómeno interesante es la difusión de los denominados “automedios” gestionados por particulares en plataformas populares como WeChat. Algunos de estos “automedios” publican contenidos en intervalos regulares. Los más populares tienen millones de seguidores, con lo cual poseen las mejores condiciones para ser portadores atractivos de la publicidad. De este modo, funcionan de manera muy similar a los medios independientes, aunque sigan operando bajo la censura de las autoridades estatales.

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Este es el artículo original completo en chino:

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Brasil: el poder mediático de los oligarcas

De Ruedi Leuthold, Río de Janeiro

En Brasil producen las cuatro principales cadenas emisoras más del 70 por ciento del consumo televisivo nacional, recayendo más de la mitad de este porcentaje en la cadena líder TV Globo.

En cuanto a los medios impresos, los cuatro principales grupos mediáticos acaparan más del 50 por ciento del público lector. La televisión estatal TV Brasil alcanza con contenidos educativos y culturales una cuota de pantalla de tan solo el 2 por ciento.

Por un lado, se critica al grupo Globo porque monopoliza el poder informativo; por otro, el grupo se permite el lujo de contratar a los mejores periodistas, al igual que a los mejores guionistas y dramaturgos de telenovelas, que cautivan al gran público y crean un espíritu de unidad nacional en este dilatado país. De forma reiterada y distendida, los autores consiguen combinar en sus historias la educación con la crítica social.

Según un estudio de Reporteros Sin Fronteras, hay cinco familias en Brasil que controlan los cincuenta medios de comunicación de mayor cobertura. Y viven bien de ello. Los miembros de la familia Marino, propietaria de Globo, se encuentran entre los diez brasileños más ricos. Mientras que Edir Macedo, el predicador evangélico de la empresa competidora Record, ocupa el puesto 74 en la clasificación.

Podemos constatar que los propietarios de los medios de comunicación viven muy bien de los escándalos de corrupción y de la injusticia social que conmueven al país.

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Este es el artículo original completo en portugués:

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La India: financiación estatal directa y censura

Por Shuma Raha, Nueva Delhi

La radiodifusora pública Prasar Bharati fue instituida por una ley parlamentaria en 1997. Gestiona las emisoras nacionales de televisión y radio Doorsdarshan (DD) y All India Radio (AIR). Con 67 estudios de televisión y 420 cadenas radiofónicas, Prasar Bharati es uno de los centros de radiodifusión más grandes del mundo.

Prasar Bharati se financia, principalmente, a través del Estado y no por medio de derechos audiovisuales. Además, genera ingresos comerciales que, sin embargo, no alcanzan ni de lejos sus necesidades financieras. En los últimos meses, hubo propuestas para privatizar Prasar Bharati. Todavía es incierto qué repercusiones tendría esto en el modelo de financiación del medio estatal. 

La relación entre Prasar Bharati y el gobierno es tensa. Por un lado, la ley protege la autonomía de la emisora, pero, al mismo tiempo, concede al gobierno una cogestión en la financiación o en las decisiones administrativas; por ejemplo, en relación con nuevos proyectos o la creación de puestos de trabajo. Por eso, Prasar Bharati es frecuentemente denostada como “portavoz” del gobierno.

No es raro que se produzcan una cobertura informativa distorsionada o incluso una verdadera censura. Así, por ejemplo, DD retransmitió antes de las elecciones de 2014 una entrevista con el entonces candidato y hoy primer ministro Narendra Modi con cortes evidentes.

Este año, en el Día de la independencia nacional, se censuró el discurso de Manik Sarkar, primer ministro del Estado federado de Tripura, porque en parte contenía críticas contra el Gobierno de Modi.

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Este es el artículo original completo en inglés:

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Rusia: el Estado también controla los medios privados

Por Fjodor Krascheninnikow, Ekaterimburgo

En Rusia no existe ningún medio público, ni electrónico ni digital ni impreso, que se pudiera comparar siquiera de manera aproximada con los de Suiza. Formalmente, todos los medios de comunicación en este país son o bien estatales al cien por cien o privados.

En la práctica, sin embargo, se encuentran también los medios “privados” bajo control estatal, puesto que, generalmente, toda propiedad privada en Rusia solo puede existir con la autorización o el consentimiento del Estado. Por consiguiente, “La Televisión Pública”, una cadena fundada personalmente unos años atrás por el entonces presidente ruso Dimitri Medvédev, es un canal de televisión puramente estatal, por lo que depende al cien por cien del gobierno, tanto en lo que respecta a su contenido como financiera y políticamente.

Los rusos no pagan ningún canon mediático. Pero ello no significa que los canales de televisión y radio sean gratis, pues se sufragan por medio del presupuesto del Estado. Lo cual quiere decir que los gastos corren a cargo de todos los contribuyentes, a los que se les descuentan los impuestos directamente del sueldo. No existe transparencia de gastos en el ámbito de los medios de comunicación.

El Estado controla al detalle todos los medios de importancia sistémica (televisión, radio, portales digitales, medios impresos) y determina de qué, cómo y en qué formato se debe informar, y qué asuntos no se pueden tratar. La población lo acepta y se muestra incluso conforme con ello. A la pregunta de si estarían dispuestos a pagar derechos audiovisuales a cambio de asumir el control sobre los medios, contestaría, a día de hoy, casi el 100 por ciento de los rusos: “por supuesto que no”.

En un congreso internacional celebrado en los Países Bajos, la jefa de la redacción de Russia Today negó a los medios de comunicación occidentales que existiera un control tan estricto de los medios rusos por parte del Kremlin.

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Este es el artículo original completo en ruso:

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Italia: radiodifusión pública bajo presión

Por Angela Katsikantamis, Roma

En Italia se ha desatado un debate sobre los derechos audiovisuales. La tasa que financia el 70 por ciento de los programas radiofónicos y televisivos de la sociedad estatal RAI es impopular.

La propuesta del socialdemócrata Matteo Renzi de suprimir los derechos audiovisuales ha generado una polémica y, al mismo tiempo, ha acabado con la ilusión de que el cambio del sistema contable en julio de 2016 hubiese cerrado el debate sobre la tasa.

Desde julio de 2016 se cobra la tasa a través de la factura de la luz, independientemente de si uno consume o no los programas de la RAI. Dicho de otro modo: el que tenga una toma de corriente paga automáticamente los derechos audiovisuales. Al mismo tiempo, se ha reducido la tarifa anual de los derechos de 100 a 90 euros (de 118 a 105 francos). Con el cambio de sistema han aumentado un 0,8 por ciento los ingresos, elevándose a aproximadamente 1.800 millones de euros (2.100 millones de francos).

La radiodifusión pública se financia en un 70 por ciento con estos derechos, mientras que el resto se cubre con los ingresos que genera la publicidad.

La idea fundamental de la televisión pública consiste en ofrecer un programa lo más alejado posible de la lógica comercial. El 26,6% del horario de las tres principales emisoras de la RAI se reservan para la información general y el análisis en profundidad, mientras el 12,4% se emplea para programas y secciones de promoción de la cultura y alrededor del 10 o del 16% para películas y largometrajes extraeuropeos y el entretenimiento en general.

En cuanto a la radio, la RAI solo acapara una cuarta parte del mercado, siendo aquí, por tanto, mayoritarias las emisoras privadas.

Los medios impresos italianos son propiedad de las grandes casas editoriales privadas. Pero el Estado subvenciona determinados periódicos o medios digitales con cerca de 10 millones de euros (11,8 millones de francos) al año.

Desde la reforma más reciente de 2017 pueden optar las editoriales por recibir subsidios públicos en siete categorías distintas. Se trata de organizaciones de utilidad pública y asociaciones de consumidores que editan publicaciones periódicas sobre temas relacionados.

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Este es el artículo original completo en italiano:

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Japón: los medios públicos no pueden hacer publicidad

Por Fumi Kashimada, Lucerna

En Japón la única sociedad radiodifusora pública es NHK. Dirige varios programas de televisión y radio con cobertura nacional y mantiene un servicio internacional amplio llamado NHK World (Radio Japan/NHK World TV).

Sus programas alcanzan una cuota de mercado de alrededor del 30 por ciento. El 70 por ciento restante comparten las 127 sociedades radiodifusoras comerciales, de las cuales 118 pertenecen a una de las cinco grandes redes con sedes centrales en Tokio.

NHK se financia a través de los derechos en un 95 por ciento. NHK no puede emitir publicidad porque la ley prohíbe estrictamente los ingresos publicitarios. La prohibición publicitaria es muy estricta y se extiende incluso a las canciones. Así, por ejemplo, ocurre que una cantante se ve obligada en un programa de música a cambiar la letra de su canción (cantando “coche rojo” en lugar de “Porsche rojo”).

Todos los hogares y todas las empresas que poseen aparatos receptores de señales de televisión, están obligados por ley a pagar los derechos. La tarifa mensual de los hogares para la recepción terrestre asciende a 1.260 yenes (11 francos) y a 2.230 yenes (19 francos) para la recepción por satélite. Las empresas también están obligadas a pagar los derechos televisivos.

Sin embargo, solo entre el 70 y el 80 por ciento de los que se encuentran sujetos al pago de los derechos, los pagan realmente, pues hasta ahora prácticamente no había que temer ninguna consecuencia si uno se negaba a pagarlos. Pero esto podría cambiar en el futuro gracias a una sentencia judicial pronunciada por el Tribunal supremo japonés.

Las cinco principales redes comerciales de radiodifusión se financian en su mayor parte a través de la publicidad. Existe una conexión estrecha entre cuatro de estas cinco redes con los cuatro periódicos nacionales más importantes: Yomiuri-shimbun (un rotativo conservador de derechas que tiene la tirada más grande en todo el mundo) con Nihon TV, Asahi-shimbun con TV Asahi, Nihon Keizai shimbun con TV Tokyo, Sankei shimbun con Fuji TV.

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Francia: París sueña con una BBC a la francesa

Por Mathieu van Berchem, París

Actualmente, las estaciones de radio y televisión públicas francesas pasan por un mal momento. La amenaza no viene, como en Suiza, de una iniciativa ciudadana, sino del mismísimo presidente: en el semanario L’Express, Emmanuel Macron calificó las radiodifusoras públicas como “vergüenza de la república”.

Un proyecto gubernamental “confidencial” prevé fusionar France Télévisions con Radio France, con lo cual se crearía un consorcio con 17.000 empleados y un presupuesto de 3.800 millones de euros (cerca de 4.500 millones de francos). El ejemplo a seguir es la BBC británica. El objetivo de la reforma consistiría en crear sinergias, especialmente en el espacio informativo.

Otro proyecto de Macron se dedica al sistema de los derechos audiovisuales: hoy se cobra de los propietarios de televisores una tasa anual de 138 euros (162 francos). Esto aporta al Estado cerca de 4 mil millones de euros (4.700 millones de francos), de los cuales un 66% recibe France Télévisions, un 7% Arte y un 16% Radio France. El plan prevé la ampliación de esta tasa a los propietarios de todo tipo de dispositivos con acceso a la red. Hoy, los derechos están unidos al impuesto doméstico. Pero precisamente este impuesto lo quiere suprimir Macron, por lo que se planteará la cuestión sobre el sistema de cobranza de los derechos.

Desde hace mucho tiempo la principal cadena de televisión pública France 2 no termina por decidirse entre dos objetivos opuestos. Por un lado, compite con el importante canal privado TF1; a pesar de que, durante el último año, ambas emisoras hayan tenido que asumir un ligero descenso de la cuota de pantalla (el 20% para TF1 y el 13% para France 2) en beneficio de cadenas informativas.

Por otro lado, peligran los estándares de calidad, sobre todo desde que se prohibió a la emisora pública emitir publicidad a partir de las 20 horas de la noche. Esta medida ha provocado un desplome de unos 500 millones de euros (cerca de 590 millones de francos) en el presupuesto.

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Este es el artículo original completo en francés:

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Alemania: tasa doméstica para las emisoras públicas

Por Petra Krimphove, Berlín

Supuso un hito importante cuando en 1984 empezó a emitir en Alemania la primera cadena privada Sat 1, seguida poco después por RTL plus. Desde entonces compiten en el sistema dual de radiodifusión alemán emisoras públicas como ARD y ZDF con proveedores comerciales.

Las cadenas privadas son empresas de la economía privada y deben generar sus ingresos con publicidad o con cuotas de suscripción en el caso de las televisiones de pago. Con ello crece la importancia de las cuotas: con un número de usuarios en ascenso aumentan también los ingresos. Y de esta manera se adapta la programación a las preferencias de los espectadores.

En cambio, las emisoras públicas deben cumplir una misión informativa y educativa. Los alemanes aprecian sus informativos y sus tertulias televisivas como fuentes de información serias en medio de la jungla mediática.

Las radiodifusoras públicas ARD y ZDF se financian principalmente a través de los derechos audiovisuales. Las entidades públicas disponen de un caudal importante de 8 mil millones de euros (9.400 millones de francos) al año para su programación. Cada hogar alemán tiene que pagar mensualmente unos 17,5 euros (21 francos), independientemente de si consume o no los programas de ARD, ZDF y otras cadenas públicas.

Mientras algunos críticos censuran una pretendida orientación izquierdista de las radiodifusoras públicas, tildándolas de “radiotelevisión roja y verde”, hay otros que denotan un “claro sello” conservador-burgués del partido CSU (Unión Social-Cristiana). De hecho, en los comités de control de las emisoras públicas disponen de una representación paritaria los diputados de los grupos políticos, que tratan de hacer escuchar su voz, además de los representantes de una serie de colectivos como organizaciones sindicales y patronales.

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Este es el artículo original completo en alemán:

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Estados Unidos: primero llegaron las emisoras privadas

Por Lee Banville, Montana

Nunca se dio por hecho la existencia de los medios públicos en Estados Unidos. A diferencia de muchos países en los que se habían desarrollado medios sufragados con dinero público al establecerse las primeras emisoras radiofónicas y televisivas, dominaban en Estados Unidos durante mucho tiempo las radiodifusoras comerciales. No fue hasta un momento relativamente tardío cuando el gobierno empezó a instaurar un sistema nacional de emisoras de radio y televisión públicas.

La base para una financiación de los medios públicos por el Estado federal se sentó todavía con la Ley de radiodifusión de 1967, cuando se creó la Corporación para el Servicio Público de Radiodifusión (CPB, por sus siglas en inglés).

Los medios públicos en Estados Unidos no son sociedades estatales, sino entes públicos locales que se financian con recursos combinados que se alimentan, a su vez, de fondos públicos, patrocinadores particulares, empresas y fundaciones.

A diferencia de otros países en los que los centros públicos de radiodifusión se financiaban a través de tasas sobre los receptores o derechos impuestos a los usuarios, se asigna a la CPB una partida del presupuesto federal. Ello significa que el Congreso federal debe dar su visto bueno al presupuesto general del Gobierno central para las radiodifusoras públicas.

Las dos principales redes nacionales, el Public Broadcasting Service (PBS), en el ámbito televisivo, y la National Public Radio (NPR), en el ámbito radiofónico, son organizaciones afiliadas que suministran contenidos a sus propietarios locales —las emisoras de radiodifusión terrestre propiamente dichas—.

Algunos críticos cuestionan la necesidad de emisoras públicas por el aumento del número de conexiones por cable. Pero sondeos han mostrado que un 70% de la población aprueba las subvenciones estatales para PBS y NPR.

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España: Financiación y panorama mediático en España

Por José Wolff, Madrid

El sistema de los medios públicos españoles se remonta a la fundación de Radio Nacional de España en 1937 y a la de Televisión Española en 1956. El acceso a la información es un derecho fundamental inscrito en la Constitución desde 1978: el Estado tiene la obligación de ofrecer un servicio público de radio y televisión.

En la actualidad, ambos canales forman parte de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), una sociedad anónima que pertenece al Estado al cien por cien. No obstante, la ley garantiza su independencia del gobierno, de partidos y empresas. RTVE solo tiene que rendir cuentas al parlamento. El consejo administrativo cuenta con nueve miembros elegidos por ambas cámaras parlamentarias conjuntamente.

La mitad de los fondos dedicados a financiar RTVE se alimenta directamente del presupuesto general del Estado. La otra mitad se genera con la recaudación de impuestos a compañías telefónicas (0,9% de los beneficios), televisiones privadas (3% de los beneficios) y proveedores de televisiones de pago (1,5% de los beneficios).

Las cadenas privadas de radio y televisión nacionales forman parte de grandes grupos empresariales, algunos de ellos internacionales (como Mediaset, Prisa o El Mundo), de grupos editoriales españoles (como Vocento o Godó) o de la Iglesia católica. Se financian en su mayor parte a través de la publicidad.

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El servicio público de Radio y TV en España

Este contenido fue publicado en En España el concepto de servicio público de los medios de comunicación se remonta a la aparición de Radio Nacional de España en 1937 y posteriormente de Televisión Española en 1956. Desde 1978 el acceso a la información es un derecho recogido por la Constitución española y protegido como uno de los derechos fundamentales. En…

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Túnez: expuesto a la corrupción y la mala gestión

Por Rachid Khechana, Túnez

El diario La Presse de Tunisie y su símil árabe Assahafa son los medios públicos más antiguos de Túnez. En los últimos años, sus tiradas se han hundido. No son independientes; sus contrarios se mofan tildándolos de “La Pravda de Túnez” en alusión a la censura soviética.

Además de los periódicos, el Estado tunecino conserva más del 98% de las acciones de la agencia de prensa oficial Tunis Afrique Presse. Actualmente, la agencia emplea a 304 trabajadores, de los cuales 168 son periodistas.

La gestión de las emisoras públicas de radiodifusión cuesta mucho al Estado. Tiene que presupuestar 14 millones de dinares (5,6 millones de francos) para pagar los salarios que abarcan el 76% del gasto total. Los impuestos sobre la factura de la luz como contribución a la financiación de la radio y la televisión públicas aportan otros 13 millones de dinares (5,2 millones de francos), a los que se añaden ingresos publicitarios estimados en unos 2 millones de dinares (0,8 millones de francos).

La situación de la televisión pública es todavía más complicada, pues el presupuesto anual de la sociedad se eleva a 56 millones de dinares (22,4 millones de francos), de los cuales 14 millones (5,6 millones de francos) proceden de la publicidad y 5 millones (2 millones de francos) de la venta de programas. El Estado debe sufragar el resto.

También en Túnez se cobran los derechos de refinanciación a través del recibo del consumo de electricidad. Pero esta recaudación es insuficiente. Los devengos de los derechos no se destinan directamente a la financiación de la radio y televisión públicas, sino que se desvían a las arcas del Estado, lo cual abre las puertas a la corrupción y a la mala gestión. No existe ninguna transparencia porque no se publica el importe de las aportaciones de los ciudadanos a las emisoras públicas de radiodifusión. La situación es hoy la misma como antes de la Revolución Tunecina de 2010 y 2011.

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(Traducción: Antonio Suárez Varela)

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