Persisten violaciones a DDHH en Colombia

El presidente Juan Manuel Santos participa el 1 de junio en una ceremonia militar en Bogotá. Keystone

Al cumplirse los primeros 300 días del nuevo gobierno colombiano, un centenar de ONG europeas denuncian la persistencia de violaciones a los derechos humanos: persecuciones de líderes sociales, desapariciones forzadas y asesinatos, incluidas las ejecuciones de civiles por la fuerza pública.

El Grupo de Trabajo Suiza-Colombia se suma a las acusaciones y destaca que no hay un cambio real entre la política actual y la precedente.

“Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia”, subrayan las entidades europeas en un documento de balance de los primeros 300 días de Juan Manuel Santos al frente del Ejecutivo colombiano.

Precisan que entre julio de 2010 y abril de 2011 se registraron 206 agresiones contra defensoras (es) de derechos humanos, incluidos 34 asesinatos. También fueron muertos 15 líderes campesinos que reclamaban el derecho a la tierra en poblaciones del norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima.

El texto está firmado, entre otros, por la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia –OIDHACO, con sede en Bruselas; el Foro de Mujeres y Desarrollo, Noruega; Pan para el Mundo, Alemania; la Rete italiana Colombia Vive; la DKA, Austria; así como noventa  asociaciones y partidos políticos del Estado Español.

“El drama del desplazamiento forzado continúa”, añade el documento y precisa que en el período que nos ocupa, 36 mil nuevas víctimas se registraron en Acción Social, dependencia que se encarga de ese flagelo. 

Escasos avances

Para las entidades signatarias del documento ‘300 Días de Juan Manuel Santos’, los avances reales del nuevo gobierno en el área de desapariciones forzadas son escasos, amén de que se documentaron 29 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales; es decir, de civiles asesinados por la fuerza pública.

De acuerdo con el balance de las entidades del Viejo Mundo, las agresiones contra sindicalistas (Colombia es el país más peligroso del rubro en el mundo) tampoco han cesado: en el lapso analizado se contabilizaron cerca de 230 casos, entre los cuales 24 asesinatos, además del crimen de 122 dirigentes indígenas.

Las organizaciones europeas exigen poner coto inmediato a esas agresiones y a la impunidad con “hechos concretos y verdadera voluntad política” y advierten que “las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia”.

Grupo Suiza-Colombia suscribe

 Al respecto, el coordinador del Grupo de Trabajo Suiza Colombia, Stephan Suhner, subraya que “el cambio real con respecto al gobierno anterior -de Álvaro Uribe- se limita básicamente al tono usado frente a la oposición política, fingiendo un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil”.

“Compartimos el contenido del documento”, enfatiza el especialista y agrega que, a pesar de expresiones de buena voluntad de las nuevas autoridades, como por ejemplo la Ley de Víctimas, muchas de las medidas tomadas o en camino son insuficientes.

Por ejemplo, ilustra, el Gobierno de Santos se comprometió a restituir dos millones de hectáreas a campesinos desplazados; sin embargo, “el total de la tierra robada en el marco del conflicto interno es de seis millones de hectáreas. ¿Qué pasa entonces con las cuatro millones restantes?”, se interroga Suhner.

El experto suizo alude igualmente al área minera, una de las locomotoras de esta nueva administración, y lamenta que “en relación específica con los efectos sobre el medio ambiente, no se ve voluntad alguna de concertar con las poblaciones y comunidades directamente afectadas”.

En el ámbito internacional, Suhner reconoce ciertos avances, como por ejemplo la resolución de la crisis entre Colombia y Venezuela. “Aunque pienso que esos pasos positivos no están lejos de un cálculo político: mejorar la reputación de Colombia apostando a que la mejor imagen externa del país facilitará la suscripción de los Tratados de Libre Comercio pendientes y las inversiones extranjeras en general”, enfatiza.

“La Unión Europea no puede seguir callada”

En paralelo al documento de la sociedad civil europea, y a partir de su sede en Bruselas, Bélgica, la OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia) hizo llegar a la Unión Europea  (UE) tres reivindicaciones centrales.

En primer lugar que la UE exija avances verdaderos a Bogotá, “ya que las cifras de violaciones no solo no han cesado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos sino que se han incrementado”.

También que exija a Bogotá reconocer públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Dado que “actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos aparecen como consecuencia de la violencia común”.

Y, por último, exige que la comunidad europea se comprometa en la lucha contra la impunidad vigente en ese país sudamericano  “la que ronda en el 97% de los casos denunciados” según la OIDHACO.

Impunidad

Impunidad

La impunidad casi total de las violaciones de derechos humanos es una de las preocupaciones más importantes de las organizaciones europeas tal como se expresa en su documento público “300 Días de Juan Manuel Santos”.

De los más de 50 mil supuestos desmovilizados en el proceso de  la Ley 975, tan solo existe una condena en firme dictada por la Corte Suprema de Justicia.

Panorama desolador en cuanto a los resultados ínfimos de las investigaciones  judiciales de los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Se constata un retroceso en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria (según estudios del prestigioso Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz- CINEP, Colombia)

En lo referente a la violencia sexual, los paramilitares han confesado un total de 70.780 delitos.

De estos, solo 69 casos hacen referencia explícita a violencia sexual.

Hasta la fecha no hay ninguna sentencia condenatoria frente a este crimen.

En tanto, Intermón-Oxfam de España  denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual