Suiza sigue encarcelando a niños, a pesar de las críticas
Cada año, una veintena de menores de edad son encarcelados en prisiones suizas por distintos períodos. Cuando su solicitud de asilo es rechazada, las autoridades los detienen antes de expulsarlos del país. El Parlamento suizo, a pesar de las fuertes críticas, se niega a prohibir esta práctica.
Suiza es uno de los 196 países que han ratificado la ConvenciónEnlace externo de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Convención que estipula que la detención de un menor solo debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible. Sin embargo, cada año, unos 20 niños y niñas son recluidos en diferentes prisiones del país.
Durante el período 2017-2018, 37 menores de edad fueron detenidos en Suiza por espacios de tiempo que van de 2 a 120 días, según el último informeEnlace externo de la Comisión Suiza para la Prevención de la Tortura. Se trataba de solicitantes de asilo de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Al ser rechazada su solicitud, fueron encarcelados a la espera de su expulsión del territorio suizo. Una “detención administrativaEnlace externo” utilizada regularmente en Suiza con las personas adultas que solicitan asilo y cuya petición es rechazada. La conclusión de la Comisión para la Prevención de la Tortura es rotunda: “en el contexto de la migración, la detención de menores, acompañados o no de un adulto, se considera inadmisible a la vista del principio del interés superior del niño, que debe prevalecer sobre la condición de inmigrante”, indica dicha comisión.
Aún más grave, la comisión ha constatado que tres cantones han detenido a menores de 15 años junto con sus familias, aunque la ley suizaEnlace externo lo prohíbe tajantemente. El año pasado, la Comisión de GestiónEnlace externo del Parlamento, que determinó que la mayoría de los 200 niños y niñasEnlace externo en detención administrativa entre 2011 y 2014 eran menores de 15 años, ya condenó enérgicamente este proceso. En noviembre de 2018, el GobiernoEnlace externo reaccionó pidiendo a los cantones que acabaran de una vez por todas con esta práctica.
La detención de menores ha sido denunciada enérgicamente
“Suiza no trata a estos niños como a niños, sino como a migrantes sobre todo”, lamenta Tanya Norton, asistente del programa ‘Niños y jóvenes en migración’ de la organización de ayuda a la infancia Terre des hommes (Tdh).Enlace externo En 2016, con la publicación de un informeEnlace externo, Tdh fue una de las primeras ONG en denunciar el encarcelamiento de menores en Suiza. Para exigir que la detención de menores se prohíba, varias asociaciones han seguido el ejemplo, y en 2017 incluso el comisarioEnlace externo de Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó a Suiza que dejara de encarcelar a personas menores de 18 años.
Terre des hommes también señala la falta de cifras fiables sobre la detención de niños migrantes en Suiza. Esto sobre todo es debido a las diferencias, a veces significativas, entre los datos que facilita la Secretaría de Estado de Migración (SEMEnlace externo) y los que ofrecen los cantones responsables de las deportaciones. La SEM justifica estas diferenciasEnlace externo por errores de los cantones a la hora de introducir los datos. Algo que ahora debe ser corregido.
Sin armonización
“Lo que es insoportable es que da la impresión de que estos niños no importan”, dice Tanya Norton. Sobre todo porque la forma en que se les trata puede cambiar totalmente dependiendo del cantón que se hace responsable de su expulsión. En Ginebra y Neuchâtel, por ejemplo, ningún menor puede ser sometido a una detención administrativa, ya que las leyes cantonales prohíben esta práctica. En los últimos años, la mayoría de los cantones han renunciadoEnlace externo a encerrar a los migrantes menores de edad, pero entre 2017 y 2018 diez cantones han hecho uso de esta posibilidad. De nuevo, con grandes diferencias. Cada uno de los cantones de Basilea y Berna, por ejemplo, detuvo a 11 solicitantes, de entre 15 y 18 años, cuyo asilo fue rechazado. Mientras que Solothurn solo detuvo a dos y Glarus, a uno. “Nos gustaría tener una ley nacional y un control a nivel de la Confederación. El Estado, y no los cantones, debe ser el responsable de aplicar los tratados internacionales”, señala Tanya Norton.
Como recuerda la Comisión para la Prevención de la Tortura en su último informe, el único objetivo de la detención administrativa es garantizar la devolución de una persona sin estatuto de residente en Suiza. Al no tratarse de una detención penal, el régimen penitenciario debe ser mucho más flexible que el de una prisión. En los últimos años, muchos cantones han decidido cambiar sus prácticas y buscar alternativas para que la detención previa a la deportación sea menos traumática. También para los adultos.
Un nuevo enfoque de la detención en Moutier
En julio de 2018 el cantón de Berna cambió todo su sistema penitenciario y decidió convertir la prisión de Moutier, en el Jura bernés, en una institución dedicada sobre todo a la detención administrativa. “Fue realmente un cambio de paradigma para el personal y la institución”, indica Andreas Vetsch, codirector de la prisión.
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De la detención al acompañamiento: el cambio de la cárcel de Moutier
En Moutier, todos los presos pueden pasear libremente durante la tarde entre los dos pisos del edificio así como por la azotea. Pueden leer, practicar deporte, trabajar, etc. “Queremos centrarnos menos en la seguridad y más en una forma de acompañamiento. Queremos encontrar el camino correcto entre el respeto a nuestras leyes y el máximo de derechos humanos de las personas detenidas”, explica Andreas Vetsch.
En 2019, solo un menor ha sido encarcelado en Moutier.
Las actitudes están cambiando
Suiza no es el único país que hace un uso extensivo de la detención previa a la deportación para aquellos solicitantes (incluidos los menores) cuyo asilo es rechazado. El Estudio mundial de las Naciones UnidasEnlace externo sobre el tema, publicado el pasado mes de julio, revela que cada año en al menos 77 Estados se encarcela, como mínimo, a 330 000 niños en un contexto de migración. Esta práctica está muy extendida en la Unión Europea, aunque, al igual que en Suiza, resulta difícil acceder a los datos.
Pero las actitudes están cambiando. En diciembre de 2018, 164 países adoptaron un Pacto MundialEnlace externo para las Migraciones. Pacto que reafirma el compromiso internacional de combatir la detención de niños. Suiza ha sido uno de los impulsores de este proyecto, pero su adhesión se aplazó debido al escepticismo del Parlamento, que exigía poder pronunciarse al respecto. “Suiza es uno de los países que sigue siendo muy restrictivo con la detención de menores. Es realmente sorprendente, porque Suiza envió señales que hacían pensar que estaba avanzando, pero los hechos no han seguido a estas intenciones”, dice Tanya Norton. Este año, el Parlamento ha rechazado por amplia mayoría dos propuestasEnlace externo que pedían que se prohibiera la detención administrativa de menores. Considera que esta posibilidad solo se utiliza como último recurso, cuando no se ha encontrado otra solución, y que es indispensable que los cantones puedan llevar a cabo las devoluciones.
Encarcelar a un niño, incluso si es por un corto período de tiempo, tiene graves consecuencias, como señala el estudio global de la ONU. “La detención administrativa afecta a la salud física y mental de los niños y los expone al riesgo de violencia y explotación sexual. Se ha demostrado que agrava o revela problemas de salud, incluyendo ansiedad, depresión, ideas suicidas y trastorno de estrés postraumático”, indica dicho estudio.
Alto número de desapariciones
El miedo a verse en prisión empuja a muchos menores de edad a esconderse, advierte Tdh. “Esto los hace aún más vulnerables y corren el riesgo de acabar en redes europeas de explotación sexual o laboral”, dice Tanya Norton.
La SEM, por su parte, considera que el propósito de la detención administrativa es precisamente prevenir la desaparición o salida sin control de una persona. Y añade que los menores que presentan en Suiza una solicitud de asilo están registrados y “pueden ser objeto de medidas de protección específicas e investigaciones en caso de desaparición. Estas medidas son competencia de los cantones”. Con la entrada en vigor del nuevo procedimiento de asilo, el pasado mes de marzo, desde el inicio del procedimiento a cada persona menor de 18 años se le asigna un representante legal. “Esto también permite una mejor protección para los menores no acompañados”, señala la SEM.
Sin embargo, muchas asociacionesEnlace externo consideran alarmante el aumento de las desapariciones desde 2015 y denuncian la falta de cifras fiables sobre este fenómeno. La SEM informa sobre el número de “salidas no controladas”, sin especificar si estas personas han desaparecido, abandonado el sistema de asilo, han salido del territorio suizo o han pasado a la clandestinidad. Las organizaciones no gubernamentales dan cuenta de la falta de un mecanismo sistemático para denunciar estas desapariciones y los pocos medios utilizados para encontrar a estos jóvenes.
Traducción del francés: Lupe Calvo
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