Radiografía de matrimonios forzados en Suiza
Suiza contará en breve con una ley específica contra los matrimonios forzados. Una problemática de contornos todavía opacos, con huellas de violencia y aislamiento y que interroga particularmente sobre el proceso de integración de las minorías extranjeras.
El matrimonio “no es, nunca lo fue y no podrá ser un asunto privado”, escribía el antropólogo francées Claude Lévi-Strauss. Durante siglos la endogamia ha sido la práctica dominante en casi todas las comunidades y la gente se casaba dentro del mismo grupo social.
Hasta hace algunas décadas, incluso en Europa, los jóvenes podían ser forzados a contraer matrimonio por causas económicas, culturales o políticas. Hoy en los países occidentales las uniones forzadas están prohibidas por la ley per no significa que hayan desaparecido completamente.
En el 2005 el Consejo de Europa aprobó una resolución contra los matrimonios forzados y desde entonces diversos Estados – Gran Bretaña en primer lugar- tomaron medidas específicas para luchar contra ese fenómeno.
Bajo la presión del parlamento y de las organizaciones humanitarias, también el Consejo Federal (ejecutivo colegiado suizo) presentó una propuesta de ley a inicios del año pasado. Todavía en análisis del poder legislativo el texto prevé que los matrimonios contraídos por la fuerza sean perseguidos de oficio. Por lo tanto, las víctimas ya no deberán presentar denuncia y los responsables de este acto criminal podrán ser condenados a una pena máxima de cinco años de reclusión. Hoy, los matrimonios forzados son sancionados como actos de coacción y pasibles a una condena de tres años.
Faltan datos
Sobre el fenómeno de los matrimonios forzados en Suiza, no existen hasta ahora estadísticas precisas y la mayor parte de los estudios científicos se encuentran en un estado inicial. En 2006 la Fundación Surgir estimaba en 17.000 el número de casos, pero la metodología usada fue cuestionada por diferentes partes. Desde entonces los investigadores se manifiestan prudentes.
El centro de consulta zwangsheirat.ch (literalmente “matrimonios forzados.ch”) registra semanalmente entre una y cuatro consultas relacionadas con presuntos casos de matrimonios forzados. Este número aumenta a nueve durante las vacaciones de verano. Se trata en la mayoría de jóvenes de entre 13 y 25 años, migrantes de primera o segunda generación.
Estas cifras, según Anu Sivaganesan, representan solo la punta del iceberg. “Las personas que se dirigen a nosotros son aquellas que han decidido rebelarse a las imposiciones de la propia familia. ¿Pero cuántas son las que quedan en la sombra?”, se pregunta la joven de 24 años, activa desde el 2005 en dicha ONG y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zúrich.
Sentimientos encontrados
Para las víctimas de una unión forzada, la búsqueda de la libertad se confronta muchas veces con un fuerte sentido de lealtad y pertenencia familiar, con el miedo a las represalias físicas y económicas y con el riesgo concreto –para los ciudadanos extranjeros- de una expulsión hacia sus países de origen, en los casos en que el permiso de estadía esté ligado a aquel del cónyuge.
“A pesar de que sean sobre todo mujeres las que solicitan ayuda – y su condición económica y social sea generalmente más frágil- hay hombres que son víctimas del fenómeno”, agrega Anu Sivaganesan, ciudadana suiza originaria de Sri Lanka .
“En lo que respecta a la comunidad albanesa, por ejemplo, el 30% de las consultas vienen directamente de hombres jóvenes, generalmente nacidos y crecidos en Suiza y que tienen problemas de aceptar este tipo de imposición”.
¿Qué es lo que lleva a los padres a imponer uniones a sus propios hijos? Para Anu Sivaganesan, “los matrimonios forzados tienen que ver con una visión patriarcal de la sociedad y con tradiciones culturales determinantes. Negar este aspecto sería contraproducente, porque mientras este tema sea un tabú, entonces se correrá el riesgo de que sea instrumentalizado por parte de los sectores que quieren limitar la inmigración”.
El elemento religioso no es predominante: “entre las víctimas que se dirigen a zwangsheirat.ch, hay cristianos y hebreos, kurdos o turcos alevíes , tamiles hinduistas, musulmanes albaneses o kosovares”.
Integración en la mira
Para la antropóloga Anne Lavanchy quien dirigió un estudio sobre el tema en el Cantón de Vaud y pone en duda la amplitud del fenómeno, “los matrimonios forzados no pueden ser medidos en relación con una religión o cultura determinada. No representan una norma social en ningún país”.
Ligado a esta problemática está en juego el proceso de integración, denuncia la profesora de Neuchâtel. Confrontadas con una situación de aislamiento social y económica, algunas familias de migrantes tienden en la práctica a reproducir tradiciones obsoletas o se lanzan en costumbres ancestrales para mantener un vínculo con sus países de origen.
“El debate sobre las uniones forzadas rebela las consecuencias sociales y sanitarias del aislamiento de algunos grupos familiares con el riesgo de un agravamiento de los problemas familiares como la violencia», prosigue Anne Lavanchy.
“Muchas veces, la población migrante se encuentra en una situación de precariedad, con permisos de estadía a renovar, dificultad para encontrar un empleo y desclasamiento social. Es necesario reflexionar sobre estos mecanismos, sobre el hecho de ligar sistemáticamente algunas problemáticas sociales a las poblaciones migrantes, acentuando el sentimiento de marginación”.
«Bárbaro o banal»
El debate sobre los matrimonios forzados en Suiza fue lanzado por Trix Heberlein, ex representante al Consejo de Estado (senado) en representación del Partido Liberal Radical, que en el 2006 depositó la primera moción en el parlamento nacional. Desde entonces diversos cantones –con el impulso de la Oficina Federal de Migración- promovieron programas de prevención y ayuda a las víctimas. En el Cantón de Ginebra, por ejemplo, se organizan cursos de sensibilización destinados, por una parte, a los profesionales de la salud y de la educación, y de otra, a la misma comunidad migrante.
Para combatir el fenómenos se necesita, antes que todo, poder comprenderlo, coinciden enfáticamente Anne Lavanchy y Anu Sivaganesam.
La dificultad mayor reside en la definición misma de matrimonio forzado y la frontera sutil entre una unión impuesta por la violencia y un arreglo consensual. ¿Cómo saber si una joven ha aceptado casarse de forma voluntaria? ¿Cómo proteger a estos jóvenes sin renegar de la tradición de un país, tal vez difícil de comprender en una sociedad como la nuestra pero legal?
De la investigación efectuada por Anne Lavanchy en el Cantón de Vaud se constata, efectivamente, una cierta dificultad para los profesionales de distinguir los casos de matrimonio forzado de otros tipos de violencia, como la conyugal o la trata de seres humanos.
Despolitizar el tema
“La nueva ley tiene un valor simbólico importante, pero para que cumpla su objetivo es necesario despolitizar el tema, que aparece regularmente banalizado o asociado a tradiciones bárbaras”, subraya Anu Sivaganesan.
El problema de los matrimonios forzados debe ser entendido por lo que realmente es: una violación de los derechos humanos y no una nueva estrategia para expulsar a los extranjeros de Suiza”.
El parlamento tratará nuevamente el tema en octubre próximo, en paralelo a la revisión de las leyes sobre el asilo y sobre los extranjeros. Y entonces deberá probablemente posicionarse sobre la moción del representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alois Gmür, quien propone que el matrimonio forzado sea introducido en el catálogo de los motivos de expulsión de los extranjeros que delinquen, lo que confirma que las implicaciones de esta ley van mucho más allá de la protección de las víctimas de las uniones forzadas.
El Gobierno suizo adoptó el 23 de febrero del 2011 un proyecto de ley para luchar contra el matrimonio forzado. El texto está en discusión en el parlamento.
Algunas de las medidas previstas son:
El matrimonio forzado es considerado una infracción al Código Penal Suizo.
Cualquiera que obliga a una persona a casarse por medio de la violencia o la amenaza es sancionado con una pena de detención de hasta cinco años o una sanción pecuniaria.
Cuando un matrimonio se realiza con base en la violación de la libertad de uno de los esposos es declarado nulo.
El matrimonio que se realiza en el extranjero con menores no será reconocido por el derecho suizo.
(Fuente: Ministerio suizo de Justicia y Policía)
La mayor parte de los países han establecido la edad de 18 años como la mínima necesaria para contraer matrimonio.
Sin embargo, según las previsiones de las Naciones Unidas, más de 100 millones de niñas podrían ser dadas como esposas en los próximos diez años.
En los últimos treinta años esta práctica disminuyó en forma sensible, pero se mantiene como norma en regiones rurales y en aquellas áreas donde vive la población más pobre.
Más de la mitad de niños en Bangladesh, Malí, Mozambique y Níger son obligados a casarse por la fuerza antes de los 18 años.
En esos países, además, el 75% de la población vive con menos de dos dólares por día.
Según una investigación del International Center for Research on Women no existe ninguna relación entre una religión particular y el matrimonio infantil.
La UNICEF enumera tres razones por las cuales los padres deciden ofrecer como esposa a una hija:
Su presencia en la casa significa un peso económico.
El matrimonio es visto como una forma de protección contra el riesgo de abuso sexual.
Los padres buscan evitar el riesgo de un embarazo no deseado que comprometería un matrimonio futuro.
(Fuente: Naciones Unidas e International Center for Research on Women)
Traducción, Sergio Ferrrari
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