Suiza avanza hacia la justicia universal

Población que en Liberia pide justicia internacional para las víctimas de la guerra civil. Keystone / Ahmed Jallanzo

Se solía decir que a la hora de perseguir delitos cometidos en el extranjero la Confederación Helvética era lenta. La condena reciente —por crímenes contra la humanidad— de un antiguo comandante militar liberiano allana el camino para nuevos juicios de este tipo.    

La Corte de Apelación del Tribunal Penal Federal el 1 de junio de 2023 acaba de condenar al ciudadano liberiano Alieu Kosiah a veinte años de prisión por crímenes contra la humanidad. Una decisión histórica. El entonces comandante de la milicia liberiana ULIMO (Movimiento Unido de Liberación) ha sido declarado culpable de matar y ejecutar a civiles entre 1993 y 1995 durante el conflicto de Liberia.

Es la primera vez que en Suiza se condena a una persona por crímenes contra la humanidad. La sentencia abre el camino a juicios similares, pero también plantea la cuestión de por qué este juicio ha tardado tanto en llegar, si Suiza puede juzgar crímenes cometidos fuera de sus fronteras desde 2011, cuando entró en vigor el nuevo Estatuto de Roma, que proporciona un marco jurídico para estos juicios extraterritoriales.       

Esta protección se refiere a la posibilidad de procesar por delitos cometidos en un tercer país a una empresa, una persona suiza, o una persona residente o presente en Suiza. Esto ha permitido —entre otras cuestiones— que, durante uno de sus viajes a Suiza, se haya abierto una investigación contra Rifaat al-Assad, tío del actual presidente sirio Bachar al-Assad.

Alieu Kosiah, antes de su detención por crímenes de guerra en 2014, vivía en Lausana, Suiza, con total impunidad.

Decisión histórica  

La condena por crímenes de lesa humanidad no estaba cantada. En 2021 en su juicio en primera instancia Alieu Kosiah “solo” fue declarado culpable de crímenes de guerra. La Fiscalía Federal suiza consideró que la acusación de crímenes contra la humanidad no podía aplicarse a crímenes cometidos antes de 2011.

Cambiar la acusación requeriría —tal y como solicitaron las partes civiles— una decisión judicialEnlace externo [en francés]. Para apoyar sus argumentos, subrayaron que los crímenes que había cometido este ciudadano liberiano formaban parte de un ataque sistemático contra la población civil y no podían considerarse “simples” crímenes de guerra. La Fiscalía en apelación, finalmente y tras otra sentencia del Tribunal Penal Federal relativa al asesinato de un opositor iraní en Suiza en 1990, cambió la acusación.

La resolución de la Corte de Apelación marcará un hito en la jurisprudencia suiza. Según Alain Werner, especialista en derecho penal internacional y director de la ONG Civitas Maxima con sede en Ginebra, “allana el camino para el enjuiciamiento penal en Suiza de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos antes de 2011”.

“Creo que para las víctimas a las que representamos esta sentencia significa mucho. El hecho de que los jueces les hayan creído y hayan considerado la acusación de crímenes contra la humanidad demuestra el carácter sistemático de las atrocidades cometidas contra la población”, prosigue Werner.  

Papel de las ONG   

Organizaciones como Civitas Maxima han hecho que el juicio fuera posible. Las ONG llevaron a cabo investigaciones sobre el terreno, recogieron testimonios, se pusieron en contacto con las víctimas y presentaron una denuncia penal. Estas organizaciones pueden investigar sobre el terreno y acceder a fuentes que son de difícil acceso para los fiscales.

“Este caso sienta las bases jurídicas para procesar en Suiza a los autores de las peores atrocidades cometidas, con independencia del lugar en el que estas se hayan cometido. Los tribunales que en el futuro deban pronunciarse sobre casos similares podrán basarse en esta decisión”, declara satisfecho Benoit Meystre, asesor jurídico de TRIAL International, otra ONG implicada en investigaciones similares abiertas en Suiza.   

La Fiscalía Federal también ha acogido con satisfacción esta reciente decisión y, a través de su portavoz, la ha calificado como “decisión importante para las víctimas, que han hecho grandes esfuerzos para presentarse, testificar y confirmar que Suiza es capaz de procesar y perseguir casos en virtud del derecho penal internacional”. La Fiscalía Federal también se alegra de que la controvertida cuestión de los crímenes contra la humanidad haya ido al fondo: “Esto también es importante para otros casos en manos de la Fiscalía, que en el futuro podrían basarse en esta decisión”, dice.

Y casos no faltan. Con la apertura de investigaciones diplomáticamente sensibles —como la abierta contra el antiguo jefe de las fuerzas armadas argelinas, Khaled Nezzar— desde 2011 en los tribunales suizos se han ido acumulando los casos.

La investigación que en 2013 afectó a la refinería suiza Argor Heraeus por oro extraído en la República Democrática del Congo es más delicada todavía. Un caso que implicaba a una de las mayores empresas mundiales del sector y al antiguo consejero federal Adolf Ogi, que, en aquel momento, formaba parte del consejo de administración. Tras los registros y la apertura de diligencias penales por complicidad en crímenes de guerra, en marzo de 2015, la investigación concluyó con una orden de sobreseimiento. Adolf Ogi abandonó la empresa dos días después. 

La Fiscalía Federal, en general, nunca se ha mostrado dispuesta a perseguir delitos que conllevaran problemas diplomáticos. Los medios financieros y humanos no estaban a la altura de las ambiciones de la Fiscalía, y a menudo los casos quedaban sin resolverse. La fiscal que en aquel momento se encargaba del derecho penal internacional, Laurence Boillat, fue destituida. En 2015 su mandato no fue renovado.     

Las ONG también han criticado con dureza a Suiza por su lentitud y por la forma en que se han llevado a cabo las investigaciones. Dos comisionados especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionaronEnlace externo [en francés] al Consejo Federal por “la aparente falta de voluntad política de Suiza para investigar los crímenes internacionales” y denunciaron “injerencias políticas”, en particular del Departamento de Asuntos Exteriores, que —según ellos— había sucumbido a las presiones diplomáticas.    

“En diez años, solo hemos condenado a una persona: Alieu Kosiah. No parece mucho. Ha habido problemas de organización y los recursos dedicados a este tipo de delitos han sido escasos. Además, la misma Fiscalía a menudo se negaba a abrir investigaciones o decidía cerrarlas prematuramente, favoreciendo un enfoque restrictivo de todas las cuestiones jurídicas”, dice indignado Raphaël Jakob, defensor de una víctima liberiana en el proceso de Kosiah e implicado en Suiza en otros procedimientos por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.     

Las críticas son tanto más virulentas cuanto que Suiza flaquea con respecto a otros países europeos —como Suecia o Alemania— que ya han llevado a cabo varios procesos de este tipo.

Un tribunal de Hamburgo, a finales de 2021, condenó a un miembro germano-tunecino del Dáesh por pertenencia a organización terrorista y utilizar como esclavas sexuales a dos mujeres de la minoría yazidí en Siria.

En julio de 2022, Suecia declaró al antiguo fiscal iraní Hamid Nouri culpable de “crímenes agravados contra el derecho internacional” y “asesinatos” por la muerte de miles de presos políticos. Fue el primer juicio a un funcionario iraní implicado en las purgas de 1988. 

“Si nos fijamos en los esfuerzos que algunos países vecinos han realizado en la lucha contra la impunidad y en los resultados obtenidos, nos damos cuenta de que la Confederación puede y debe hacerlo mejor”, señala Benoit Meystre.

“Es esencial que Suiza recupere terreno en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y, en particular, que se asignen más recursos a las unidades de persecución”, continúa.

¿Un nuevo comienzo?

Para los abogados y las ONG, la decisión adoptada en junio es, sin embargo, un buen punto de partida para el futuro.

Para Nina Burri, abogada con experiencia en la Corte Penal Internacional que representa a varias víctimas en causas penales internacionales pendientes en Suiza, “la condena del comandante liberiano demuestra que las autoridades judiciales son capaces de juzgar crímenes cometidos a 7.000 kilómetros de distancia en el brutal contexto de una guerra civil”.

Organizaciones como Civitas Maxima y Trial International también celebran la llegada, en enero de 2022, de un nuevo fiscal general que ha puesto el tema de los crímenes extraterritoriales en lo más alto de la agenda y ha decidido asignar más recursos para la tramitación de los casos. Perciben un cambio de actitud, sobre todo en una mayor voluntad de examinar el papel de ciudadanos suizos en el expolio de materias primas en países en conflicto. Las investigaciones abiertas por el MPC (Ministerio de Justicia por sus siglas en francés) incluyen «procedimientos penales contra desconocidos como sospechosos de cometer crímenes de guerra mediante saqueo» en Libia y otro relativo a un empresario suizo activo en el sector minero en el Congo.

“Él (el nuevo fiscal) ha incluido el tema en su agenda y ha fomentado el diálogo con los agentes de la sociedad civil, lo que me parece muy positivo si se compara con lo que ocurría en el pasado”, insiste el abogado Jakob.

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo