Una huelga de hambre divide a Suiza

El cultivador de cannabis Bernard Rappaz ha puesto a las autoridades suizas en un dilema. Reuters

El encarcelado cultivador de cannabis suizo, Bernard Rappaz, ha estado en huelga de hambre durante más de 80 días como protesta por una pena de prisión que considera demasiado elevada.

Los médicos se han negado a cumplir las órdenes de las autoridades para obligar a alimentar a Rappaz, convirtiendo el caso en una tragedia griega moderna, como escribió la semana pasada el diario de Zúrich, ‘Tages-Anzeiger’.

En la última vuelta de tuerca de la historia, el martes el Tribunal Federal rechazó la apelación de Rappaz para que su encarcelamiento fuera suspendido.

En toda Suiza, todo el mundo habla sobre el caso y lo que se debería hacer.

¿Debe el Estado hacer cumplir las sentencias dictadas por el tribunal a toda costa, y por lo tanto se niega a ceder al chantaje, ¿o debe ser el principio de protección a la vida una prioridad?

Esto lleva a otra cuestión delicada: ¿deben alimentar los médicos a alguien contra su voluntad? Los médicos están claramente en contra pero hay menos consenso en torno a la primera pregunta.

Rappaz, de 57 años, quien es conocido como alguien que ha luchado por la legalización del cannabis fue sentenciado con una pena de prisión de cinco años y ocho meses por violar la ley federal de las drogas.

Estuvo en el hospital después de una huelga de hambre este verano. Durante este tiempo, Rappaz declaró por escrito al ‘Tages-Anzeiger’ que: “si fuera alimentado a la fuerza, esto solo prolongaría la agonía … Es mejor morir que vivir erguido en la cama”.

Después, Rappaz fue puesto bajo arresto domiciliario antes de que su recurso de casación fuese rechazado. Posteriormente regresó a la cárcel pero tuvo que ser hospitalizado de nuevo a mediados de octubre como consecuencia de una hipoglucemia.

Desde que comenzó su última temporada en el hospital, ha vuelto a casa dos veces -bajo supervisión- para recuperarse.

“Desobediencia civil”

Pero como en Berna, los médicos de Ginebra se niegan a alimentar a los prisioneros en contra su voluntad, a pesar de la nueva orden de las autoridades de justicia del cantón del Valais.

Según el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Zúrich, Christian Schwarzenegger, “los médicos hacen de alguna manera una desobediencia civil. A tenor del artículo 292 del Código Penal sobre la insubordinación, los jueces deben procesar a los médicos que rechacen alimentar a la fuerza a Rappaz”.

Mientras que muchas figuras locales apoyan la postura de Rappaz, incluido el antiguo director del Ministerio de Medio Ambiente, Philippe Roch, o el sociólogo Gabriel Bender, hay muchos ciudadanos de a pie -en particular en el cantón de origen del productor de cannabis, el Valais- que piensan que el tema ha tomado la sociedad como rehén.

“Podríamos hablar de la coacción en el sentido penal”, dijo Schwarzenegger. “Se ha ejercido presión sobre la ministra cantonal, Esther Kalbermatten-Waeber, que es la responsable de asuntos carcelarios, y se podrían presentar cargos debido a esto.

“Pero al mismo tiempo, la huelga de hambre afecta a una sola persona. Todo ser humano tiene el derecho de dañarse a sí mismo. Esto no es, en sí mismo, una restricción. Además, la huelga de hambre no es directamente una forma de atentar contra la propia vida. Es un método poco habitual que se utiliza para conseguir algo de las autoridades”.

Sin embargo, algunos huelguistas murieron. Hubo diez miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda del Norte que terminaron con sus vidas de esta manera en 1981. Y un disidente murió en Cuba en el pasado mes de febrero.

¿Sin elección?

Según Schwarzenegger, la apelación de los médicos de Ginebra -que aún no se ha presentado- dejará al Tribunal Federal sin más remedio que ordenar el cese de la detención. “En agosto, el tribunal dejó claro que la protección de la vida humana era más importante que la aplicación de la pena”.

“Pero el tribunal, obviamente, pensaba o esperaba que los médicos le obligarían a comer”, continua Schwarzenegger. “en la misma resolución se dijo que si esto no fuera posible, entonces la sentencia no debería llevarse a cabo con el fin de proteger a la persona”.

“Si el Tribunal Federal se pronunciara de manera diferente hoy de lo que hizo en agosto, entonces la situación no tendría precedentes y sería muy difícil desde el punto de vista del Estado de derecho”, apunta el profesor.

Micheline Calmy-Rey, ministra suiza de Exteriores y originaria de Ginebra, ha intervenido en el debate diciendo que era una “situación humana intolerable pero, al mismo tiempo, uno no puede hacer nada (para actuar)”. En declaraciones a la radio nacional en lengua francesa precisó que la alimentación forzada de Rappaz era “peligrosa” y que al mismo tiempo, “la cárcel no es lugar para morir”.

El Parlamento del cantón de Valais debe adoptar una decisión el jueves por motivo de la solicitud de clemencia pedida por Rappaz. Pero nadie en el cantón apuesta por su victoria.

El caso Rappaz

Rappaz ha hecho campaña por la legalización del cultivo de cáñamo y su consumo en Suiza.

En 2001 la policía del Valais le confiscó 51 toneladas de cáñamo con un valor de cerca de 40 millones de francos.

En noviembre de 2008 fue condenado en el mismo cantón a cinco años y ocho meses de prisión tras ser declarado culpable de violación grave de la ley de estupefacientes.

Rappaz comenzó su condena en marzo de este año, pero su sentencia fue suspendida temporalmente por razones médicas después de que efectuara una huelga de hambre.

Fue encarcelado dos semanas más tarde y comenzó otra huelga de hambre.

Rappaz dice que está dispuesto a continuar su huelga hasta la muerte.

Fue trasladado por la fuerza de un hospital de Ginebra al hospital universitario de Berna el 12 de julio.

El 21 de julio concluyó una huelga de hambre de dos meses luego de que las autoridades le permitieran continuar su condena en arresto domiciliario.

Poco después se le imputaron nuevos delitos, incluidos la falsificación de documentos, lavado de dinero e irregularidades relativas a prestaciones sociales.

A finales de agosto fue transferido de nueva cuenta a la cárcel luego de que el Tribunal Federal rechazara una apelación para que la sentencia fuera suspendida hasta que su solicitud de clemencia fuera tratada, en noviembre, por el Parlamento del Valais.

De nuevo en prisión, reanudó la huelga de hambre. Después de 51 días fue trasladado a un hospital en la capital del Valais, Sion, donde los médicos declinaron alimentarlo por la fuerza.

Posteriormente fue trasladado a Ginebra, donde los médicos hicieron lo propio.

El Parlamento del Valais debe decidir sobre la petición de clemencia el 18 de noviembre.

Encuesta

El 65.2% de unas 500 personas encuestados en la Suiza francófona, por el diario ‘Tribune de Genève’, se manifestó en contra de una alimentación forzada.

Una proporción similar (64%), sin embargo, se dijo en contra de la liberación de Rappaz por razones humanitarias.