La lucha contra el vertido mundial de residuos electrónicos en un punto crítico

Un chico recupera un monitor de ordenador del vertedero de Agbogbloshie en Accra, Ghana (2019). Keystone / A. Carrasco Ragel

Suiza está presionando para modificar un acuerdo internacional para que todos los residuos eléctricos y electrónicos enviados al extranjero obtengan el consentimiento previo de los países de destino. Aunque no todos los países están de acuerdo. 

El vertedero de Agbogbloshie, en las afueras de Accra (Ghana), es el lugar donde van a parar gran parte de los residuos eléctricos y electrónicos del mundo. Mucha gente rebusca en lavadoras u ordenadores desechados o rotos con la esperanza de extraer escasas cantidades de cobre, aluminio o incluso plástico que aún no hayan sido despojadas por otros. La extracción suele consistir en la fusión de las carcasas de los microondas y las secadoras, lo que libera nubes de humo y gases tóxicos en el medio ambiente. Lo que puede ser un tesoro para un hombre es veneno para otros.

La mayoría de los residuos electrónicos que acaban en Agbogbloshie fueron en su día un producto valioso para un hogar de Europa o Estados Unidos. Debido al elevado coste del reciclaje de estos bienes, se ha vuelto cada vez más atractivo enviarlos a los rincones más lejanos del mundo como aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) usados. En principio, están destinados a ser revendidos como productos de segunda mano a precios asequibles en los países de destino. En realidad, algunos de los residuos electrónicos que se envían son defectuosos y los fabricantes no quieren molestarse en repararlos y revenderlos. Por eso, cuando llegan a países como Ghana, los productos ‘rescatables’ se reparan y se revenden, pero los que no se pueden reparar se despojan de sus piezas y metales y se tiran en Agbogbloshie para que los más pobres los rebusquen entre ellos y los quemen.

Acuerdo global 

Hace exactamente 33 años se adoptó un acuerdo en Basilea para evitar estos problemas. El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Convenio de Basilea para abreviar) se adoptó el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992.

Nació a raíz de normativas medioambientales más estrictas que se introdujeron en Europa Occidental en las décadas de 1970 y 1980, lo que provocó el vertido de residuos peligrosos en Europa del Este y más allá. Suiza y Hungría propusieron conjuntamente al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la elaboración de un acuerdo internacional para regular el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, lo que supuso un paso importante en la regulación de este comercio tóxico.

A diferencia de hoy, los residuos electrónicos no eran un problema tan grande en aquella época. En 2019, de media, cada persona generó unos 7,3 kg de residuos electrónicos, según el Global E-Waste Monitor. Eso significó un total de 53,6 millones de toneladas, y se espera que aumente a 74,7 millones de toneladas al final de esta década. A esto hay que añadir que lo que hace que la situación sea más preocupante es que nadie sabe dónde acaba la mayoría de los residuos electrónicos. Según el Global E-Waste Monitor 2020, sólo el 17,4% de los residuos electrónicos generados en todo el mundo se recoge y se trata de forma respetuosa con el medio ambiente, lo que significa que el destino de la mayoría (82,6%) no está documentado.

Iniciativa suiza 

Suiza no permite la exportación de residuos a países en desarrollo como Ghana, sino sólo a la Unión Europea (UE) o a un grupo de países ricos que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, eso no excluye la posibilidad de que los residuos electrónicos exportados a la UE o a la OCDE se reexporten después a Asia o África. Un estudio realizado en 2009 por Greenpeace demostró que los residuos electrónicos procedentes de países como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos acababan en los vertederos de Ghana. 

Así lo demuestra el resultado obtenido por un proyecto denominado «Contrarrestar el comercio ilegal de RAEE», cuyo objetivo es proporcionar a la Comisión Europea, las instituciones policiales y aduaneras información para combatir el comercio ilegal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dentro y fuera de Europa. El proyecto concluyó que cada año se exportan desde Europa alrededor de 1,3 millones de toneladas de RAEE, de las cuales cerca del 30% son exportaciones ilegales.

El Convenio de Basilea permite actualmente los movimientos transfronterizos de residuos si son «necesarios como materia prima para las industrias de reciclaje o recuperación en el Estado de importación». Esa exención ofrece un resquicio para verter los residuos electrónicos en los países en desarrollo, que pueden no tener la capacidad de eliminarlos de forma ecológica tras extraer sus valiosos componentes.

Para minimizar la posibilidad de que eso ocurra, Suiza, junto con Ghana, presentó una propuesta en 2020 para hacer obligatorio el consentimiento informado previo del país receptor, incluso si los residuos electrónicos están clasificados como no peligrosos. Esta propuesta se debatirá en julio en la 15ª Conferencia de las Partes (Cop15) del Convenio de Basilea y se aprobará si la mayoría de los países miembros está de acuerdo.

«Si un país quiere controlar mejor la afluencia de residuos electrónicos, nuestra propuesta le permitirá estar mejor informado y actuar con mayor eficacia. Es mucho más difícil reaccionar cuando los residuos electrónicos ya han llegado al puerto que en una fase previa a la exportación», afirma Felix Wertli, jefe de la Sección de Asuntos Globales de la Oficina Federal de Medio Ambiente de Suiza, que contribuyó a redactar la propuesta.

Felix Wertli añade que la propuesta suizo-ghanesa no difiere de la relativa a los plásticos que entró en vigor en 2021. Con la nueva normativa, la mayoría de los residuos plásticos destinados a la exportación requerirán el consentimiento informado previo de los países receptores.

Consecuencias no deseadas  

De acuerdo con las respuestas recibidas de los Estados miembros, la mayoría de ellos apoyan la propuesta suizo-ghanesa sobre los residuos electrónicos. Sin embargo, a algunos países les preocupa que este acuerdo pueda tener consecuencias no deseadas en la exportación legítima de equipos eléctricos y electrónicos usados para su reparación y renovación.

«Muchos países en desarrollo importan productos eléctricos de segunda mano (radios, televisores, ordenadores, etc.). Si esa práctica no es ilegal y ayuda a sostener la economía local, es necesario distinguir entre lo que es obsoleto y se destina al vertedero y lo que se importa para su reutilización», comentó Zimbabue.

Los sectores de la industria del reciclaje y chatarra se han hecho eco también de esta misma preocupación. El Instituto de Industrias de Reciclaje de Chatarra, con sede en EE.UU, afirma que el 20% del negocio de sus miembros del sector de la electrónica en EE.UU consiste en coger aparatos electrónicos usados y trasladarlos a otro país para su reacondicionamiento o reparación. Estados Unidos no es miembro del Convenio de Basilea, pero se verá afectado si exporta residuos electrónicos a un país miembro.

«Hay un mercado de segunda mano muy fuerte para todos los aparatos electrónicos: teléfonos, ordenadores, fotocopiadoras, etc. Si se aprueba esta propuesta, el 20% de su negocio quedará bajo el control del Convenio de Basilea, lo que significa que tendrán que pedir permiso al gobierno receptor antes de poder comerciar», señaló Adina Renee Adler, vicepresidenta del ISRI para la defensa de la industria del reciclaje.

En su opinión, los gobiernos ya están sobrecargados con la aplicación de las normativas vigentes en materia de residuos y hay un retraso en las solicitudes de notificación. Advirtió que añadir los residuos electrónicos no peligrosos a la lista equivaldría a prohibir su comercio por la carga administrativa que supondría.

«Sí, es un esfuerzo extra, pero es importante para el comercio sostenible», afirma Felix Wertli. Cree que la propuesta suizo-ghanesa promoverá una mejor recuperación de los recursos, ya que los países receptores podrán decir no a la importación de residuos electrónicos de baja calidad. Mejorará también las condiciones de los recicladores, incluso en el sector informal.

Residuos frente a bienes usados 

Otros, en cambio, afirman que la propuesta suizo-ghanesa de hacer obligatorio el consentimiento informado previo para los residuos electrónicos no peligrosos no va lo suficientemente lejos.

«Este acuerdo no termina con la verdadera laguna que provoca gran parte de los abusos de los países en desarrollo, a saber, la exportación de equipos electrónicos no funcionales, peligrosos o no, como no residuos», afirma la ONG Basel Action Network (BAN).

La llamada ‘laguna legal reparable’ permite a los comerciantes exportar aparatos eléctricos y electrónicos no funcionales alegando que no son residuos porque tienen la intención de repararlos en el país de destino. Eso les permite eludir completamente las restricciones del Convenio de Basilea. «Con demasiada frecuencia, estas afirmaciones resultan ser falsas y los equipos simplemente se tiran a la basura o se descubre que no son reparables», afirma BAN.

La Unión Europea ha presentado una propuesta que aboga por la creación de una nueva categoría de residuos denominada ‘Preparación para la reutilización’. En esa categoría se incluirían todos los materiales que acaban en los centros de recogida de residuos de los países desarrollados, pero que luego se exportan para ser renovados o reparados con el fin de que puedan ser reutilizados en los países de destino. En teoría, esa nueva categoría ampliaría el tipo de productos y equipos usados que se considerarían residuos y entrarían en el ámbito del Convenio de Basilea.

La propuesta de la UE va más allá que la de Suiza y Ghana, pero el riesgo reside, precisamente, en que vaya demasiado lejos para conseguir la mayoría de tres cuartos necesaria para que se acepte una enmienda.

«Los países receptores son conscientes de las repercusiones de los residuos electrónicos y quieren soluciones, pero se trata de una cuestión delicada, ya que están en juego intereses económicos y puestos de trabajo», afirma Felix Wertli.

La propuesta de la UE se basa también en su propia Directiva Marco de Residuos y podría verse como un intento de un bloque poderoso que pretende imponer sus normas al resto del mundo. Ambas propuestas se debatirán en julio.

«Nuestra propuesta no es la solución perfecta y no resolverá todos los problemas relacionados con los residuos electrónicos. No obstante, es un paso gradual pero significativo en la dirección correcta que tiene muchas posibilidades de ser aceptado», puntualiza Felix Wertli.

Traducido del inglés por Carla Wolff